El grupo Conarpesa, la empresa pesquera que financió a Kirchner

No hace mucho tiempo, en febrero de 2005, la líder del ARI, Elisa Carrió, había asegurado que el Gobierno nacional estaba relacionado con "la mafia" de la pesca, remarcando que una empresa de ese sector -Conarpesa-, a la que vinculó al narcotráfico, "financió la campaña presidencial" de Néstor Kirchner. Carrió dijo oportunamente que esa empresa "es la verdadera causa del gobierno, porque financió la campaña" y precisó: "está controlada por otra, relacionada con la denominada "Operación Langostino". La ex diputada -que lideró la investigación parlamentaria sobre lavado de dinero- había asegurado además que "uno de los recaudadores de campaña tiene un gran cargo en el Ejecutivo Nacional". Luego Carrió haría saber que tal "rol" era desempeñado por el Ministro de Planificación, Julio de Vido. Carrió, quien reclamó insistentemente que Kirchner identifique públicamente a quienes aportaron dinero para solventar su llegada a la presidencia, subrayó: "el financiamiento de campaña es la gran trampa". Dijo además que la empresa en cuestión "maneja la Patagonia, son mafia, y están dispuestos a matar". Puntualizó que los propietarios de la firma en cuestión, dos empresarios españoles, "son testaferros" de Jorge Antonio, un industrial con vinculaciones con el justicialismo, y de quien se dice que financió la campaña presidencial de Carlos Menem. Los dos empresarios españoles citados por Carrió son prófugos de la Justicia en una causa en la que se investiga el homicidio de Rubén "Cacho" Espinosa, por la que ya pasaron quince magistrados, según recordaron fuentes tribunalicias. Espinosa, también empresario pesquero, fue asesinado en Puerto Madryn el 30 de enero de 2003, de un disparo en el pecho. El asesino le disparó delante de su mujer, que en ese momento estaba embarazada de mellizos, y que durante la rueda de reconocimientos señaló a José Segundo, como autor de homicidio. Según la hipótesis de la investigación, el crimen se habría cometido por encargo. Espinosa había trabajado como estibador y se relacionó con la empresa ahora denunciada por Carrió, donde llegó a conducir la firma, que tiene plantas de procesamiento en Chubut y Santa Cruz. Pero luego se independizó, no en los mejores términos, y fundó su propia industria, Pesquera San Isidro. La investigación estuvo a cargo de una quincena de magistrados, que se excusaron o abandonaron la causa por distintos motivos, uno de los últimos en dejar el caso, Juan Eduardo Meani, aseguró que fue víctima de "presiones" para que revocara las órdenes de captura contra los dos empresarios españoles. Lo llamativo del caso fue que pocos medios prestaron atención a las declaraciones de Carrió, ya fuere por presiones adicionales provenientes desde el Gobierno o porque consideraran que era un nuevo intento de la ex diputada por atraer atención mediática. Las presiones que, por su parte, recibiera el juez de Puerto Madryn, Juan Eduardo Meani, para apartarse de la causa del asesinato de Espinoza -caso en el que ya tenía pruebas suficientes para procesar a los titulares de Conarpesa- fueron vistas oportunamente como un intento del gobierno de Santa Cruz -en ese entonces en manos del actual Presidente- para proteger a quienes financiarían luego su campaña. La empresa Conarpesa, de hecho, no sólo fue seguida de cerca por su relación con el caso que terminó en la conocida Operación Langostino -los 600 kilos de cocaína incautados, escondidos en cajas con idénticos crustáceos-, sino también por la operatoria monopólica con que se manejaban en el espacio costero de Santa Cruz. Precisamente, la actividad pesquera de Conarpesa serviría de una fachada ideal para el tráfico de drogas, especialmente cocaína de alta pureza, que ingresa en la Argentina a través de Bolivia -y ahora también Paraguay-, y luego sale embarcada en grandes cantidades hacia España, puerta de entrada para satisfacer a los consumidores europeos. La relación de Conarpesa con el Presidente Kirchner, en tiempos que era Gobernador de Santa Cruz, era en su momento claramente visible, pues los directivos de la empresa española normalmente acompañaban a Néstor Kirchner en sus actividades de campaña. En Santa Cruz es conocido el hecho de corrupción en altas esferas de los sucesivos gobiernos provinciales, que aceptaron dinero de Conarpesa para permitir a ésta contar con el monopolio en la explotación pesquera de la región, que a nivel recursos es una de las más dotadas del sector marítimo argentino. Pero la obtención de tal monopolio de explotación, no sólo habría beneficiado a la empresa española a nivel pesquero, sino que también le abrió las puertas para otro tipo de negocios más "blancos". Y fue el mismo monopolio que debía mantenerse a toda costa : por eso, el asesinato de Espinosa, que se "abrió" de la empresa para incursionar en el lucrativo negocio de la pesca industrial. Por otra parte, la actual directora del PAMI, Graciela Ocaña, oportunamente trabajó en las filas del ARI, y una de sus actividades principales en el partido fue llevar adelante la investigación relacionada con Conarpesa, las contribuciones que tal compañía hacía a las arcas de campaña de Kirchner -normalmente a través de de Vido-, y desarrollar los puntos de contacto del asesinato de Raúl Espinosa con ciertos funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, hoy devenidos en funcionarios del Gabinete Nacional. El asesinato del empresario pesquero ha visto pasar "de largo" a varios jueces, ninguno de los cuales pudo sentenciar a prisión al único acusado en el caso, ni siquiera contándose con todas las pruebas materiales ni las aportadas por testigos. Los rumores más intensos aún se ocupan de dar cuenta de que Conarpesa aprovechó sus contactos con ETA en España para contratar al asesino a sueldo que finalmente quitó la vida a Espinosa. El tiempo dirá si el caso Conarpesa constituye el verdadero talón de Aquiles del Gobierno del Presidente Néstor Kirchner.