Uruguay: Stavros Moyal y Asociados S.R.L. y la trastienda de un censo poblacional "tercerizado"
Parece que el CENSO 2011 sigue dando que hablar: habiendo pasado la mitad de setiembre, más del 50% de la población aún no fue visitada; los “censistas” cumplen sus funciones fuera de los días y horarios establecidos, en tanto que más de mil no se han presentado o bien han renunciado.
Los censistas consideran que el curso de capacitación ha sido insuficiente en todas sus áreas, tanto en la porción dedicada a aportar conocimientos, como la parte humana, que falló por una total falta de profesionalidad. Las personas postuladas refieren no sentirse en condiciones para cumplir la función con profesionalismo, pese a que ellos -por necesidad laboral- se anotaron para ser "censistas" y asistieron a los cursos de capacitación.
Todo ello, pese a que el Poder Ejecutivo -por Resolución P/874 del 14 de enero del 2011- contrató a la empresa Stavros Moyal y Asociados S.R.L. como suministradora de los recursos humanos adicionales al concurso del aporte de funcionarios públicos que harán los organismos estatales.
La suma que abonó, abona y abonará el Estado uruguayo a esta empresa es demasiado importante como para observarse este nivel de improvisación. Especialmente cuando se tiene en cuenta que el Censo 2011 viene siendo planeado desde hace no menos de seis años, con los últimos dos años en pleno proceso de implementación.
Por el Decreto P/874 del Poder Ejecutivo -firmado por el Presidente José Mujica-, la empresa adjudicataria de esta licitación percibe $54.900 en concepto de “servicio de reclutamiento y selección de personal”, por cada Base Operativa.
Además, se le abona por “Servicio de contratación de personal” el 3,5 % más IVA sobre cada uno de los pagos que efectuará el Instituto Nacional de Estadística, sobre el total del costo laboral de la contratación del personal a ser empleado por la empresa adjudicataria a requerimiento del INE (incluye: sueldos y jornales nominales, licencia, salario vacacional, aguinaldo, contribuciones de seguridad social parte obrera, FONASA y Fondo de Reconversión Laboral, aporte a la seguridad social parte empleadora y seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), en carácter de retribución de sus servicios.
Es decir que, en este censo, se firma un contrato con todos los beneficios por espacio de un mes, con opción a otro -si la demanda lo exigiese- en el cual el sueldo mínimo estimado resulta de $13.000. La empresa contratante no es precisamente el INE, sino una firma de la esfera privada que cobra los montos especificados. A fin de cuentas, este servicio está tercerizado sin ninguna explicación que así lo justifique ni amerita. En oportunidades anteriores, los censos se efectuaban en solo una jornada, con empleados públicos, sin goce de sueldo: los servicios se redistribuían con días de licencia.
Si tenemos en cuenta que se contrataron más de 6 mil censistas, la cifra destinada al censo es considerable. También se debe contabilizar a aquellas personas destinadas a ser jefes de equipos, jefes regionales, y más jefes, por encima de estos últimos (cuya función nunca ha sido clara).
Los censistas debieron abonar de su peculio la impresión de sus identificaciones, pues ese gasto no estaba especificado en el decreto P/874 que firmó el Presidente Mujica. Según manifiestan los participantes, no se les entregó copia del contrato firmado con la empresa adjudicataria.
¿Acaso la empresa contratante percibirá dinero por los salarios de los censistas contratados que luego renunciaron -más de mil, según informes- y por quienes se los sustituye -otros mil-?
Tal vez, los "legisladores honestos" que dicen representarnos y el tan nombrado “Defensor del Pueblo”, se atrevan a hurgar en estos puntos tan oscuros y otros más, con el fin de aclarar a la población y a ellos mismos el costo total de este CENSO 2011.