Maquiavelo, el gran observador

“Podría citar mil ejemplos modernos y demostrar que muchos tratados de paz, muchas promesas han sido nulas e inútiles por la infidelidad de los Príncipes, de los cuales, el que más ha salido ganando es el que ha logrado imitar mejor a la zorra. Pero es menester respetar bien ese papel; hace falta gran industria para fingir y disimular, porque los hombres son tan sencillos y tan acostumbrados a obedecer las circunstancias, que el que quiera engañar siempre hallará a quien hacerlo”. Este es uno de los pasajes de El Príncipe de Maquiavelo en el que resume su tesis central. Hay quienes juzgan que este autor revelaba en esa obra su perversidad lo cual se configura como “maquiavelismo”, pero lo que hizo en esta obra es simplemente una descripción del poder, lo cual es señalado, entre otros, por autores como James Burnham, George Sabine o Maurizio Vitroli en sus archiconocidos trabajos sobre la materia.

En El Prínicpe se encuentra el verdadero rostro del poder cuando se lee que el gobernante “debe parecer clemente, fiel, humano, religioso e íntegro; mas ha de ser muy dueño de sí para que pueda y sepa ser todo lo contrario […] dada la necesidad de conservar el Estado, suele tener que obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión […], los medios que emplee para conseguirlo siempre parecerán honrados y laudables, porque el vulgo juzga siempre por las apariencias”. Incluso hay quienes ingenuamente interpretan el uso maquiavélico de virtú como si se tratara de virtud cuando en verdad esa expresión en El Príncipe alude a la voluntad de poder que solo se obtiene por el uso de la fuerza. Más aun, escribe Maquiavelo que “El Príncipe que quiera conservar a sus súbditos unidos y con fe, no debe preocuparse de que le tachen de cruel […] es mas seguro ser temido que amado […] Los hombres temen menos ofender al que se hace amar que el que se hace temer […] solo han llevado a cabo grandes empresas los que hicieron poco caso de su palabra, que se dieron maña para engañar a los demás”. 

Se trata entonces de una muy ajustada observación de lo que significa quien se instala en el trono del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno, pero resulta sumamente curiosa la renovada confianza, no solo de los consabidos adulones, que sin vestigio alguno de dignidad pululan por todas partes y anidan en todos los tiempos, sino de gente de apariencia normal que es engañada y saqueada una y otra vez, a pesar de lo cual insiste en la experiencia cuando el próximo candidato promete “cambio, combatir la corrupción y establecer justicia” y otras cantinelas equivalentes.

Produce asombro y verdadera perplejidad que se suela considerar como normal que el político mienta en campaña para engatusar a la incauta clientela, incluso livianamente  se lo justifica y perdona al candidato diciendo que “es político”. Es que como ha escrito Hannah Arendt “Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado a la veracidad entre las virtudes políticas”. Por ello es que Alfred Whitehead ha enfatizado que “El intercambio entre individuos y entre grupos sociales es de una de dos formas, la fuerza o la persuasión. El comercio es el gran ejemplo del intercambio a la manera de la persuasión. La guerra, la esclavitud y la compulsión gubernamental es el reino de la fuerza”. Como nos ha enseñado Gaetano Mosca, la historia no debe interpretarse con lentes monistas o unidireccionales, pero en el caso que nos ocupa se juega nada menos que la libertad que es lo que precisamente permite abrir ríos que se bifurcan en muy distintas direcciones y que permiten naves de diverso calado y volumen.

Después de tantas matanzas, guerras, torturas y estropicios mayúsculos patrocinados por los aparatos estatales de todas las latitudes, es menester derribar telarañas mentales y explorar otras avenidas fértiles. Para los que quieren ver la realidad del poder hay dos etapas que, a su debido tiempo, es aconsejable se transiten. En primer lugar, percatarse que la democracia como ha sido concebida  como una manifestación de igualdad ante la ley y la protección de los derechos de las minorías, no ha funcionado debido a los incentivos perversos que se desatan muy a disgusto de los Giovanni Sartori de todos los tiempos. En el camino el sistema ha mutado en cleptocracia, a saber, el gobierno de los ladrones de libertades, propiedades y sueños de vida de cada uno de los que llevan a cabo actividades que no lesionan derechos de terceros.

Ya he dicho antes (y por eso lo paso rápido) que en esta primera etapa debería contemplarse el establecimiento de tres pilares aplicables a los tres poderes. Un triunvirato para el Ejecutivo al efecto de diluir la idea del líder y similares tal como se propuso en los debates constitucionales estadounidenses y, agregamos, elegido por sorteo tal como lo propuso Montesquieu en el segundo capítulo del Segundo Libro de El espíritu de las leyes, situación en la que las personas dejarán de contarse anécdotas más o menos irrelevantes sobre candidatos para concentrarse en los límites al poder puesto que cualquiera puede acceder al mismo. En el Judicial debería permitirse que en los conflictos que surjan en las relaciones contractuales, las partes deberían establecer quienes han de oficiar de jueces en todas las instancias que se estipulen sin regulación de ninguna naturaleza, con lo que se volverá a lo ocurrido durante el primer tramo del common law y durante la República romana. Por último, debería adoptarse lo que Hayek bautizó como “demarquía” en el tercer tomo de su Law, Legislation and Liberty en el sentido de despolitizar una de las cámaras del Legislativo.

En la segunda etapa, que es en la que ahora nos detendremos a resumir pero con la brevedad que exige una nota periodística, debería prestarse atención a lo que han venido sugiriendo autores tales como Anthony de Jasay, Bruce Benson, Randy Barnett, David Friedman, Murray Rothbard, Jan Narvenson, Gustave de Molinari, Leslie Green, Walter Block, Morris y Linda Tanehill, Hans-Herman Hope y tantos otros (sistema que he bautizado como “autogobierno”, que a falta de una definición lexicográfica hago una estipulativa en mi “Toward a Theory of Autogovernment”). Se trata de concebir la producción de seguridad y justicia como se concibe la producción del resto de los bienes y servicios en el mercado, y por los mismos motivos. En otros términos, la producción e implementación de normas en el contexto de la competencia y la sociedad abierta, en cuyo caso la calidad resultante es como sucede con el resto de los bienes y servicios. Al fin y al cabo, hoy en EE.UU. las fuerzas privadas de seguridad son mayores que toda la policía junta de los gobiernos locales y el central, y los arbitrajes privados ocupan una proporción creciente en la resolución de conflictos.

Tal como explica detalladamente Bruno Leoni en Freedom and the Law, la ultima ratio impuesta por el monopolio de la fuerza traslada la omnipotencia del Legislativo a “la tiranía de los jueces” en lugar de permitir la competencia de diversas instancias judiciales tal como actualmente ocurre con el tratamiento de diferendos entre personas y empresas  ubicadas en distintos países donde no existe una voluntad suprema establecida de antemano sino que es estipulada en cada caso por las partes. También Leoni apunta que las codificaciones y abultadas legislaciones inyectan incertidumbre al sistema en lugar de operar en base a un proceso de prueba y error en el contexto de fallos judiciales en competencia, lo cual abre la posibilidad de un camino de descubrimiento del derecho y no de diseño ni de ingeniería social.

En este marco, si la justicia y la seguridad fuera materia de competencia de empresas privadas y aseguradoras hay dos escenarios posibles, el segundo de los cuales se abre a su vez en dos posibilidades. En el primer caso, los desacuerdos se dirimen según lo estipulado contractualmente en cuanto a árbitros e instancias respectivas. El segundo escenario consiste en que una de las parte no acata lo convenido o no ha convenido nada y al suscitarse un conflicto se rehúsa a proponer árbitros o procedimiento alguno para resolver el problema.

Esta es la situación en la que se abren dos posibilidades: la persona en cuestión no cuenta con agencia de protección y justicia (y, por ende, no es el caso de sortear jueces entre compañias etc.). Supongamos que el sujeto se niega a todo, incluso a su defensa en juicio pero que, de proponérselo,  eventualmente cuenta con una fuerza potencial minoritaria en relación a las fuerzas de que disponen las agencias existentes. En este caso, se juzgará al candidato in absentia y, si resultara condenado será reducido por las agencias correspondientes al efecto de que se cumpla la restitución que decidió el juez de la causa, además de condenar también a quienes pretendieron usar de la fuerza para escapar al fallo respetivo (por otra parte, debe destacarse que si hubieran agencias involucradas en este comportamiento agresivo, naturalmente perderán el crédito como instituciones “defensivas”).

La segunda variante de este segundo capítulo que consideramos, estriba en la situación en la que ocurre lo mismo pero con la diferencia que el agresor dispone de una fuerza mayoritaria en relación a todas las otras agencias de justicia y seguridad existentes. En ese caso, si la avalancha agresiva es de proporciones devastadoras nada hay que se pueda hacer y, sencillamente, como dice Rothbard, estaríamos en la mismo posición en la que estamos hoy con el monopolio de la fuerza, pero debe advertirse que la resistencia a semejante atropello sería más difícil de vencer frente a agencias defensivas descentralizadas y con incentivos fuertes por sobrevivir.

Bruce Benson refuta los pretendidos obstáculos al sistema abierto al que nos estamos refiriendo en cuanto a que de este modo los servicios privados fabricarían casos para obtener más dinero condenando a inocentes, que tenderán a abusar de su poder una vez que están armados, que se dedicarán a proteger a los ricos y abandonar a los pobres y que recortarán gastos ofreciendo un servicio de una calidad muy deficiente.

En un sistema abierto y competitivo, quienes ofrezcan servicios de mala calidad condenando a inocentes tendrán sus días contados como proveedores, así como los que abusen de la confianza dispensada lo cual no ocurre cuando estamos frente al monopolio de la fuerza donde el Leviatán comete todo tipo de atropellos cotidianamente y con la soberbia que lo caracteriza y el maltrato a quienes dice representar. Es precisamente en este caso cuando la protección y la justicia se dedica a los más ricos y se abandona a los pobres a su suerte. Los pobres contribuyen a financiar la policía para que en definitiva custodie los barrios de ricos. Por último, el recorte de gastos en los servicios cruciales es lo que sucede en el contexto del monopolio de la fuerza, sin embargo, en el caso de agencias en competencia, si esto tuviera lugar, se sustituye al proveedor. Por otra parte, como desarrolla Walter Block, los temas de “defensa nacional” serán encarados por la protección a empresas, centros comerciales y equivalentes con las precauciones necesarias. Finalmente, todo este análisis está subordinado al adecuado análisis de los bienes públicos y las externalidades  tal como explican autores como Anthony de Jasay (por mi parte, hace unos años pubiqué un ensayo sobre la materia titulado “Bienes públicos, free riders y el dilema del prisionero: el argumento reconsiderado”).

Es de interés tener en cuenta los casos en los que las sociedades operaron sin el monopolio de la fuerza como el de Islandia desde el año 900 al 1200 de nuestra era al que se refiere David Friedman en “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case” y David Miller en su libro Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Island, el de Irlanda desde principios del siglo vi a mediados del xvii, caso al que alude Joseph E. Penden en “Staltess Societies: Ancient Irland” y el caso de Israel, tal como lo relata la Biblia después del período de los Jueces (Samuel, II, 8), mencionado sucintamente por Lord Acton en su Essays on Freedom and Power. Para temas más específicos como los de las carreteras y calles privadas en la historia, puede consultarse mi libro Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso para el que me escribió un prólogo Jean-François Revel quien allí brinda un marco más general a la sociedad abierta y sus críticos, lo cual intento desmenuzar en ese trabajo.

Nada de lo dicho puede adoptarse a la manera de un tajo abrupto en la historia, es indispensable el debate en un proceso evolutivo en el que exista la debida comprensión de las ventajas de un sistema abierto sin monopolios impuestos. Barnett en Restoring The Lost Constitution nos dice que en nuestro sistemas políticos resulta curioso que se insista en que está consentido por los ciudadanos cuando no hay manera de expresar el no-consentimiento en cuyo contexto se interpreta como que el aparato estatal fuera el dueño del lugar donde uno vive: “Cara, usted consiente, seca también consiente, no tira la moneda ¿adivine que? usted también consiente. Esto simplemente no es consentir”. Por último, resulta atingente recordar que Joseph Schumpeter ha señalado en Capitalismo, socialismo y democracia que “La teoría que asimila los impuestos a cuotas de club o a la adquisición de los servicios, por ejemplo, de un médico, solamente prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales de la aplicación de métodos científicos”.

No es posible vaticinar cuanto tiempo demandará el antedicho debate, pero, en este sentido, es pertinente concluir esta columna con un pronóstico de Jorge Luis Borges. En el libro titulado El otro Borges en el que Fernando Mateo recopila dieciséis entrevistas de diversos medios al célebre escritor (Buenos Aires, Equis Ediciones, 1997) se reproduce una en la que Borges reitera lo que ha dicho y escrito en muchas otras oportunidades, a saber, que la meta debiera ser la abolición de los aparatos estatales en línea con lo estipulado por el decimonónico Herbert Spencer, ocasión en la que el periodista inquiere: “¿Piensa seriamente que tal estado es factible?” a lo que el entrevistado responde “Por supuesto. Eso si, es cuestión de esperar doscientos o trescientos años”. A continuación, como última pregunta, el entrevistador formula el siguiente interrogante: “¿Y mientras tanto?” a lo que Borges contesta “Mientra tanto, jodernos”.


* El autor es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina