Sobran argumentos para enjuiciarla por robo

El Congreso, en un acto de coraje ortopédico cuyos propios miembros no salen del asombro, pidió que comparezca el conocido carterista nacional de la Organización No Gubernamental (ONG) más grande de la República en materia de fondos asignados por el gobierno sin control alguno.

En efecto: solamente "pidió que comparezca"… pues no se lo ordenó.

El juez, acorralado, ahora le susurró a ella, que le permita detenerlo.

Fernando Braga Menéndez le aseguró que ello le subiría la imagen.  

Y el Abogado de Sergio le dijo a su cliente: "Houston, we have a problem".     
    
Quieren llamar ahora al Jefe de la SIDE, y al Secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, quien ya había estado en el parlamento- contándoles a todos un cuento de Caperucita Roja. Se sienten hoy, por eso, víctimas de una burla.  

También quieren convocar, amablemente, y para el jueves, a la señora Hebe María Pastor, justamente la madre adoptiva del difunto presidente y también de su esposa y heredera del trono. Ambos, hace tres años, en famoso discurso, nos pidieron a todos que aceptáramos adoptarla como madre.

Es bastante candoroso por parte de los legisladores suponer que esta señora -madre adoptiva de los argentinos- concurrirá mansamente a darles explicaciones, luego de haber vaciado su estómago sobre cada uno de ellos y ostentar el récord de denuestos al Parlamento, sólo por haber citado al carterista. O bien la llevan con la fuerza pública, o que se olviden.

Las órdenes para todo lo que está ocurriendo no fueron dadas por un ser extraterrestre.

Las partidas no fueron giradas por alguien que usó alguna autarquía especial.

Los descontroles no fueron aceptados por una autoridad de segunda línea.

Las magnitudes no fueron resultado de un capricho de un tesorero retobado. Los cheques no circulaban a escondidas del pináculo del poder.

La madre putativa no era un personaje desconocido para la Casa Rosada.

Los presupuestos y los visados o firmas de los ministros (todos los cuales son secretarios de la máxima autoridad) no fueron diligencias o decisiones de personas alocadas, autónomas ni desobedientes.

Todo -absolutamente todo- dependió y ocurrió por disposición directa y por taxativa aquiescencia de la máxima autoridad de la República.

La pregunta entonces es: ¿por qué razón esos mismos legisladores de la Cámara Baja ni siquiera se atreven (aunque sepan que sería difícil) a declarar al menos la intención de aplicar el artículo 53º de la Constitución Nacional?

Esto es, postular (y sólo postular) que desean impulsar la acusación a la Presidente de la Nación (pues hallan motivo suficiente para hacerlo) ante el Senado, por causa de las no menos de cien irregularidades -más de la mitad de las cuales pueden ser consideradas lisa y llanamente como delitos-, con el agravante de que el aumento abismal de su patrimonio en los últimos cinco años es un marco y un indicio mucho más que suficiente para sostener la acusación in límine. Todos saben que sobran ya los motivos.

Las analogías que pueden verse muy cerca de aquí son impresionantes:

Fernando Collor de Mello fue presidente constitucional de la República Federativa del Brasil entre 1990 y 1992. Fue el primero después de la restauración de la democracia brasileña, y el político más joven en asumir la presidencia en la historia del vecino país.

En los comicios de 1990 resultó electo primer mandatario, a través del pequeño y derechista Partido da Reconstrução Nacional.

Precisamente, venció -en segunda vuelta- a Lula Da Silva.

Su campaña presidencial básicamente se centró en promesas de combatir la corrupción galopante, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y la inflación. Y aquí dan inicio algunas otras casualidades.

En marzo de 1991, su hermano Pedro Collor exigió ser llamado por un juez para ser acusado, pero el magistrado declinó recibirlo.

Enterado el Congreso, lo mandó a llamar y allí declaró con lujo de detalles que Collor controlaba y dirigía una vasta organización de corrupción política.

Refirió que usaba para eso al tesorero de campaña, Paulo César Farías (P.C.).

El mecanismo era, precisamente, una "Organización No Gubernamental" que recibía dinero para ser destinado a "viviendas para los pobres"; le giraba parte de esos fondos a Paulo César para las campañas y la acción política de Fernando Collor.

Sorprendentemente, esto es idéntico a lo que ocurre entre nosotros, en tanto que parece ser, además, lo que viene ocurriendo desde siempre. Es casi una fotocopia.

El Congreso brasileño inició investigaciones particulares junto con varios medios de la prensa, a nivel nacional.

Ese mismo Congreso aprobó el inicio de un juicio penal a Fernando Collor de Mello, por 441 votos a favor y 28 en contra.

En septiembre de 1992, el presidente Collor se alejó de la Presidencia con licencia debido a la profundización de la investigación, mientras el Congreso continuaba sus investigaciones, citando testigos y examinando documentos para evaluar un posible juicio político (ello implicaba la destitución).

En el último día del procedimiento, el 29 de diciembre de 1992, Collor de Mello envió a su asistente al Senado brasilero para leer allí la carta de su renuncia, dejando a su vicepresidente -Itamar Franco- como nuevo Jefe de Estado. El proceso continuó, no ya para pedir la destitución de Collor, sino para discutir si éste había cometido delitos que implicarían su pérdida de derechos políticos y, eventualmente, el calabozo.

La principal prueba contra Collor descansaban en los archivos de la computadora de Farías, que no fueron admitidos, pues se obtuvieron de modo ilegal durante una redada policial ordenada por un juez quien casi a propósito ensució la causa. Ese juez había archivado una gran cantidad de documentos y, gracias a esas jugarretas, Collor se salvó de ir a prisión. (El juez = otra fotocopia).

Pero era tan evidente su culpa y responsabilidad, que Collor -pese a la sentencia del Tribunal Supremo- fue considerado culpable por el Congreso de Brasil, que de todos modos le quitó sus derechos políticos por ocho años, por un lapso determinado desde 1994 a 2002.

En junio del 96, Paulo César Farías fue hallado muerto de un disparo en su casa de playa en Maceió, junto al cadáver de su joven pareja.

Es evidente que, con la composición parlamentaria actual y con la conducta encubridora de todo el oficialismo, resultará muy difícil ver esa misma película aquí, en la Argentina.

Sólo permanece la pregunta: ¿por qué la oposición en el Congreso de la Nación no lo plantea, aunque más no sea como un modo de expresar la iniciativa, y aún a sabiendas de la utopía parlamentaria que ello implica? Quedaría, cuando menos, el registro del intento.

Pues, debido a esto y varias otras causas, existe una especie de agenda para las espoletas de retardo a efectos de hacerlas explotar en el verano.

Es natural que traten de guardar, rápidamente, los cadáveres en el placard.

Es puro instinto de supervivencia. Y ella va a ganar con el 55% de los votos.

Ya habrá tiempo para que alguien encuentre los muertos y jugarse el albur de que ese día, sean ya esqueletos. Barren todo.

Y, a criterio de lograr ese barrido, tapan las puertas de las catacumbas y queman incienso en el ágora. Hasta el pobre Lombroso, viendo todas las caras, los hubiese descubierto el primer día. Pero van a ganar... con el 55%.
 
Sin esperar nada, Césare Lombroso nos hubiese avisado que estaban por quitarnos la billetera.

No es necesario profundizar en análisis de psicología política, visto que ha sido, es y seguirá siendo ella (y nadie más que ella) la autora exclusiva de las políticas públicas, de modo tal que resulta bastante fácil ver si campea en su conducta habitual aquello que se ve como racionalidad o irracionalidad política. Cualquiera de los casos ha sido horneado en el mismo molde.

La sensación es que todos estamos siendo estafados, como estúpidos distraídos.

Entre todos, la discrecionalidad más espeluznante -ahora con su probable mayoría en el Congreso y a caballo de su falta total de idoneidad- pueden terminar eyectándonos hasta del sistema planetario. Y va a ganar con el 55%.

La demagogia es más que su conducta típica. Es su estado de salud.

Cambian su moral y toman otra… ortopédica. Y va a ganar con el 55%.

Fugan de una moral a otra que les parezca “más conveniente”, calzada como la cara en la careta, solamente para hacernos víctimas a todos… de esas cabriolas.

Ella, como Cleopatra -quien también se creía bella- tiene una relación poco menos que romántica con la contemplación de sus propias imágenes en estado de éxtasis. En verdad, es algo que ha sido siempre un padecimiento secreto de sus horas de verdad, cuando se le desmorona el maquillaje.

Sufre una especie de narcisismo que es mucho más generalizado, pues llega a la exaltación de los afectos populares entre ella y las clases sociales que son pobres o muy pobres. Pues va a ganar con el 55%.

Y esa fuerza de atracción fingida hacia la relación enferma con los grupos carecientes parece potenciarse muchísimo cuando ocurren catástrofes o calamidades de diversa índole. El Motonauta aprendió mucho de ella y ahora no trepida en sacarse fotos al lado de los cadáveres.
 
Pero ella ya descendió hacia otros avernos.

Su demagogia y sus jueces serviles le permiten, por ahora, sobrevivir frente a este desfalco escandaloso. El demagogo, como decía Julio Cesar, es la mayor expresión de los farsantes.
   
Y ella… como expropiadora sutil del sentimiento del ignorante, trabaja exclusivamente en la cornisa de la componenda… y hace equilibrio entre el  falso riesgo y la fingida abnegación.

Todo -absolutamente todo- ha sido diseñado, y ocurrió, por disposición directa y taxativa y explícita aquiescencia de la máxima autoridad de la República.

Y hay motivos más que suficientes para enjuiciarla por robo al Estado.

Pero, como violadora serial de la Carta Magna, y percibiendo ese peligro, ya ha dispuesto que, junto con su regreso al trono, el pueblo se despida para siempre del Artículo 53º de la Constitución Nacional Argentina.