Torciendo la ley para limitar la libertad de acción

Un ejemplo de ello es la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Amir Meshal (ciudadano americano). Meshal, que vive en Nueva Jersey, dice que en 2006 viajó a Somalia “para enriquecer su conocimiento sobre el islam”. En esa época, algunas partes de Somalia estaban bajo el control de la Unión de Cortes Islámicas (ICU) – una milicia fundamentalista. Más tarde en ese mismo año, Estados Unidos ayudó en una ofensiva etíope que recuperó la capital e instaló un nuevo gobierno.

Meshal dice que él huyó de los combates y que no tiene vínculos con la ICU o al-Qaeda. Su demanda judicial alega que fue detenido en Kenia y que lo metieron en una celda inmunda, llena de gente, a instancias de oficiales americanos. Él dice que el FBI llegó y lo interrogó, que los agentes del FBI amenazaron con mandarlo a Israel o Egipto (donde, presumiblemente, temía que lo torturaran), si no confesaba sobre sus vínculos con al-Qaeda. Cuando un grupo de derechos humanos de Kenia buscó que se le liberara, Meshal dice que lo volvieron a mandar a Somalia y luego a Etiopía antes de ser finalmente liberado.

Y ahora, a salvo en Estados Unidos, como cualquiera que se precie de buen americano, está tratando de llevar a juicio a alguien. Él quiere dinero por daños y perjuicios del FBI a causa de su detención y por el “tratamiento rudo” que recibió. Meshal no es el único. En el 7º Circuito, dos ciudadanos de Estados Unidos han presentado una demanda a título personal contra el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld por maltrato y una causa judicial similar está pendiente en Washington DC.

Este tipo de demandas no tienen por intención real conseguir dinero (aunque es un agradable beneficio secundario si sucede). Todo esto es más bien parte de una campaña para criminalizar y personalizar las diferencias políticas usando las cortes para promover una agenda política particular. Tampoco les viene mal tratar de obtener documentos clasificados a través de las cortes con la esperanza de ampliar esos objetivos políticos.

Lo más notable de estos casos no son los alegatos de conducta improcedente, sino más bien el hecho de que incluso la administración Obama ha tenido a bien oponerse a ellos ante la justicia. Siempre que lo ha hecho, ha sostenido tanto que el Congreso nunca ha autorizado estas demandas judiciales como que los funcionarios federales son inmunes a este tipo de demandas que cuentan con la ventaja de la retrospección. Y lo que afirma la administración es correcto: Si las demandas contra funcionarios del gobierno se convirtieran en la norma, pronto nos encontraríamos sin ningún tipo de voluntarios para el servicio público.

Imagínese lo que debe ser para esos agentes del FBI, enviados a Kenia a interrogar a Meshal – un presunto miembro de al-Qaeda (perdonen mi escepticismo acerca de su viaje a estudiar sobre el islam en plena guerra en Somalia). Los agentes simplemente estaban haciendo su trabajo. Ahora bien, si su sustento y fortuna personal estuvieran en riesgo, tenga por seguro que lamentarían el día que aceptaron unirse al FBI – que es, por supuesto, exactamente lo que quiere Meshal.