Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye visita a México

La delegación sostuvo reuniones con el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan  Silva Meza y los Ministros Arturo Zaldívar Lelo Larrea y Sergio Salvador Aguirre Anguiano; la Procuradora General de la República, Marisela  Morales Ibañez; el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia y el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo y sus correspondientes equipos de trabajo.

El Relator de la CIDH para México valora el compromiso anunciado por el Presidente de dar pleno cumplimiento en lo que resta de su mandato a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México (Casos Campo Algodonero; Rosendo Radilla; Inés Fernández Ortega; Valentina Rosendo Cantú; y Cabrera García y Montiel Flores). Igualmente, el Relator valora los importantes esfuerzos realizados por el Estado para alcanzar soluciones amistosas de casos en trámite ante la Comisión. Durante la visita se celebraron seis reuniones de trabajo sobre casos y medidas cautelares en trámite ante la Comisión y una medida provisional en trámite ante la Corte, en las que se alcanzaron avances significativos.

Asimismo, se celebraron reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y con el Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, Javier Hernández Valencia.

La CIDH agradece al Gobierno mexicano por la colaboración brindada para hacer posible esta visita y por la detallada información entregada acerca de los desafíos que enfrenta y los esfuerzos realizados en materia de derechos humanos. Asimismo, la CIDH agradece a las más de treinta organizaciones de la sociedad civil que prepararon un análisis profundo y minucioso sobre los principales problemas que afectan a la sociedad mexicana en materia de derechos humanos y los retos para avanzar en la protección de los derechos fundamentales.

La Relatoría de la CIDH destaca los importantes avances legislativos registrados en materia de derechos humanos en México. En primer lugar, la Relatoría desea reiterar el reconocimiento realizado por la CIDH a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, que eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México los que establecen, entre otras cosas, la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la Relatoría de la CIDH para México reitera su valoración positiva del criterio orientador adoptado por la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio de 2011 respecto de la restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos. Esta decisión -que debe ser aplicada por todos los jueces del país-, es un paso en la armonización del derecho interno con la jurisprudencia y doctrina reiterada del sistema interamericano de derechos humanos en la materia, que establece que la justicia militar es excepcional y sólo debe aplicarse para delitos de función cometidos por miembros de las fuerzas armadas.

El Relator de la CIDH para México celebra asimismo la reforma al amparo publicada el 6 de junio de 2011, en la que destaca, entre otras, la posibilidad de interponer el recurso de amparo cuando se considere que fueron violados no sólo derechos garantizados en las leyes, sino también en tratados internacionales ratificados por el Estado de México.

Los cambios introducidos a partir de la reforma constitucional constituyen el inicio de un proceso de reforma en materia de derechos humanos sin precedentes en la historia reciente mexicana. En este orden, la Relatoría de la CIDH valora el importante esfuerzo que está realizando la Suprema Corte de Justicia a fin de capacitar a los jueces y magistrados federales para que sus decisiones incorporen estos importantes avances. Esperamos que este esfuerzo se reproduzca en el orden estatal.

Sin perjuicio de los avances señalados, el Relator de la CIDH para México expresa su profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que afecta al pueblo mexicano principalmente asociado con la situación de inseguridad que atraviesa el país. Esto se suma a los problemas que la Comisión ha dado seguimiento desde hace décadas, como es la situación de las personas privadas de la libertad; la existencia de la práctica de torturas; las falencias al debido proceso; la violencia y discriminación contra las mujeres; la exclusión social de los pueblos indígenas; la situación de las niñas y los niños sometidos a trabajo infantil; la situación de las personas institucionalizadas con discapacidades mentales; la situación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), entre otros temas.

De acuerdo a información recibida, entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado en un 50% cada año. Los datos indican que 34.612 personas han sido asesinadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, con 15.273 asesinatos ocurridos en el año 2010.

En este sentido, en materia de seguridad el Estado enfrenta desafíos relacionados con el aumento del poder del crimen organizado, lo cual se refleja en altos índices de asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y tráfico de personas. Las organizaciones del crimen organizado poseen armas de alto poder destructivo y tendrían influencia en algunos ámbitos estatales a nivel local y federal.

El Relator de la CIDH recibió información que indica que muchos de los asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones, tráfico de drogas y tráfico de personas atribuibles al crimen organizado, en algunos casos habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos propiciándose la impunidad.

El Relator observa con profunda preocupación la información recibida según la cual se registró un aumento de denuncias por hechos de desaparición forzada. Agrava la situación que según el registro llevado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habrían más de 5,000 denuncias de personas desaparecidas, sin contar el alto número de personas desaparecidas sobre las cuales no se presentan denuncias. Asimismo, se recibió información sobre la ausencia de una respuesta estatal rápida y eficiente ante esta situación al no existir mecanismos de búsquedas efectivos, no haber investigaciones oficiales y no existir programas de asistencia a las víctimas. A este respecto, durante la visita se recibió el testimonio de una madre cuyo hijo habría sido víctima de desaparición forzada hace dos años, y hasta la fecha el hecho continúa en la impunidad.  El Relator de la CIDH exhorta al Estado a que promueva las acciones y medidas necesarias para actuar con la debida diligencia al investigar estas denuncias, sancionar a los culpables y dar apoyo a las víctimas.

En este contexto de violencia, la Comisión continúa preocupada por los altos niveles de violencia contra periodistas y comunicadores en México. En 2011 han sido asesinados 13 comunicadores por razones que podrían estar asociadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Sumado a los asesinatos y desapariciones, también persisten graves atentados, agresiones y amenazas contra comunicadores y medios de comunicación. Hay zonas de México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales. Este fenómeno genera la autocensura de muchos medios de comunicación, limitando el periodismo de investigación.  La Comisión Interamericana urge nuevamente al Estado mexicano a fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), trasladar a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementar de forma urgente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados, tal como lo recomendó la CIDH en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010.

En relación a la información sobre la militarización de la seguridad ciudadana, la Relatoría fue informada por el Estado que actualmente no habría elementos militares en la Policía Federal. Respecto de la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad ciudadana, según fuentes oficiales, entre 2006 y setiembre de 2011 se presentaron 5.369 quejas por violaciones a los derechos humanos en contra de miembros de las Fuerzas Armadas. A este respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 182 quejas contra la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) en 2006; en 2007, 367 quejas; en 2008, 1.230, y en 2009, 1.800. En 2010 la CNDH recibió 1.415 quejas contra la SEDENA.

La Comisión Interamericana reitera su preocupación ante la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión ha señalado que, dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno.

Asimismo, la Comisión reitera su preocupación sobre la existencia de la figura del arraigo, contemplada en la Constitución de los Estados mexicanos, que faculta a la autoridad judicial para decretar el arraigo de una persona por un período de 40 días, prolongable a 80 días, sin acusación formal y que se utilizaría en el ámbito federal para casos de crimen organizado y en el orden estatal se habría extendido a delitos de distinto orden.  La CIDH ha recibido denuncias sobre la utilización de esta figura para arraigar a sospechosos en casas particulares, hoteles e instalaciones militares; sin el respeto de las garantías judiciales, y que personas arraigadas serían víctimas de tortura con el objeto de obtener confesiones. A este respecto, el Relator valora que el Estado de Chiapas haya derogado la figura del arraigo e insta al Estado de México a que elimine o adecue esta figura conforme a las garantías de la libertad personal y del debido proceso establecidas en los estándares internacionales de derechos humanos.

La Relatoría para México de la CIDH expresa su preocupación por no haber podido realizar la visita al Centro de Investigaciones Federales de la Ciudad de México (anteriormente llamado Centro Nacional de Arraigo), la cual había sido programada y fue cancelada a último momento por las autoridades invocando razones de seguridad.

Respecto de las personas privadas de libertad, la Relatoría de la CIDH recibió información de la sociedad civil y de autoridades estatales que indica que a nivel general existe hacinamiento y una sobrepoblación carcelaria de 22% a nivel nacional; una carencia de recursos para proveer alimentación adecuada a los detenidos; escasez de medicamentos, insumos de salud y personal médico -particularmente de especialistas en ginecología y en salud mental; que no existe separación entre procesados y condenados; y que es necesario implementar programas efectivos de rehabilitación. Asimismo, se presentaría una situación grave de corrupción en los centros carcelarios que facilita la comisión de delitos de extorsión y tráfico de armas, drogas y personas, entre otros. En particular, el Relator fue informado que habrían casos de trata de mujeres privadas de libertad al interior de los Centros de Reclusión en el Distrito Federal. El Relator hace un llamado a las autoridades a promover políticas públicas integrales frente al delito y la reinserción social de los contraventores del ordenamiento jurídico penal.

Por otro lado, la Relatoría para México reitera la profunda preocupación manifestada por la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias por la grave situación de seguridad que viven los migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, en su tránsito por México. La información recibida revela graves problemas de inseguridad de los migrantes. Durante su tránsito por territorio mexicano, los migrantes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales. Asimismo, los migrantes extranjeros son víctimas de  discriminación.  Como se ha expresado, la aprobación de la nueva Ley de Migración, si es reglamentada e implementada adecuadamente, podría constituir un primer paso hacia la resolución de algunos de estos problemas, pero también generará nuevos desafíos que sólo podrán ser resueltos a través de la coordinación internacional con otros Estados, especialmente los que están geográficamente cerca de México. Para ello, la Relatoría exhorta a que en la elaboración del  reglamento de dicha ley, sean consultados todos los sectores del Estado y, muy especialmente, las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el Relator hace un llamado a que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones preliminares emitidas por la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, sin perjuicio de las recomendaciones específicas que la CIDH determinará en su informe final sobre la materia.

Respecto de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, la CIDH reitera su valoración positiva por la expedición por parte del gobierno de México del "Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos" que entró en vigor el pasado 8 de julio de 2011, y que constituye un importante paso para la coordinación de las autoridades públicas involucradas en la protección de las defensores y defensores. Sin embargo, observa con preocupación que durante los últimos años, la Comisión ha podido identificar que una parte importante de los obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos en México se encontraría relacionada con los ataques y amenazas de los que son víctimas los defensores y defensoras; la falta de investigación sobre estos hechos y sanción de los responsables; así como la continuación de actos de criminalización de defensores/as en algunas zonas del país. Al respecto, la CIDH reitera la importancia de que el Estado garantice condiciones de seguridad para las defensoras y los defensores de derechos humanos.

Asimismo, durante la visita se celebraron reuniones sobre algunos casos relativos a México. En particular, la Comisión valora los avances realizados por las partes en el caso 12.610 (Faustino Jiménez Álvarez). En el caso 11.565 (Beatriz, González Pérez, Ana González Pérez y Celia González Pérez), la Relatoría insta al Estado mexicano a que cumpla con la recomendaciones emitidas por la Comisión en el año 2001, especialmente respecto del envío de la investigación del fuero militar al fuero ordinario. En el caso 12.116, María Estela García Ramírez y Celerino Jiménez Almaraz, se espera que las partes continúen avanzando en el proceso de solución amistosa. Asimismo, se celebraron las siguientes reuniones sobre medidas cautelares: 197-10 - 135 Habitantes de San Juan Copala y 264-10 - Comuneros de Santa María de la Ostula. La CIDH espera que las partes continúen con un diálogo abierto respecto de la implementación de estas medidas. Respecto de la medida cautelar y provisional Alvarado Reyes y otros, la Relatoría exhorta al Gobierno mexicano a que investigue en el fuero competente los hechos materia de las medidas y que de manera inmediata otorgue a los beneficiarios la protección solicitada.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.