Cuando la indignación no alcanza

Imaginemos, por un segundo, que un verdadero ejército de “iluminados”, con uniforme y armas de guerra, con entrenamiento realizado en algún país extranjero y financiado por éste, comienza a atacar las pocas instalaciones militares que hoy quedan en la Argentina, o que deciden abrir un frente de lucha en alguna provincia del país con vistas a declararla independiente y obtener el status de Estado beligerante.

¿Cómo reaccionaría entonces doña Cristina?; ¿los consideraría “jóvenes idealistas” o meros terroristas subversivos?; ¿cómo actuaría frente a los familiares de los soldados que cayeran defendiendo sus unidades militares?. Por su parte, el inefable Presidente de la Corte Suprema, don Lorenzetti, ¿continuaría con sus teorías de justicia “transicional” cuando juzgase a los sobrevivientes? Desde otro ángulo, ¿cómo deberían responder los militares y policías si fueran atacados a mansalva, a tiros y a bombazos? Curiosas preguntas para esta Argentina desquiciada y sin rumbo.

A partir de la publicación de un imprescindible libro de Ceferino Reato, “Operación Primicia”, la epidermis social sufrió un nuevo sarpullido, aunque tan leve y pasajero como los otros del mismo origen -Shocklender, Antonini Wilson, Jaime, de Vido, don Néstor (q.e.p.d.), doña Cristina, Felisa Miceli, los hermanos Juliá, etc.-, causado por la corrupción rampante en la Argentina.

En efecto, el autor reveló que, a raíz del ataque guerrillero al Regimiento de Infantería de Monte 29, con asiento en la ciudad de Formosa, producido el 13 de abril de 1975, los familiares de los terroristas que habían resultado muertos por los soldados que repelieron la agresión habían cobrado cuantiosas indemnizaciones, mientras que las familias de los conscriptos, sólo continúan percibiendo modestas pensiones, de ochocientos pesos por mes.

No está de más recordar que lo mismo sucedió con los deudos de muchos otros militares y policías que habían caído en defensa de la República y de sus instituciones, cuando lo hacen, y muchas víctimas civiles de los atentados guerrilleros, a los que se les ha negado todo derecho.

Además, consignó Reato que los nombres de los guerrilleros atacantes figuraban en las paredes dedicadas a las víctimas de la guerra antisubversiva, en el Parque de la Memoria que la Ciudad de Buenos Aires ha instalado en la Costanera Norte porteña. Resumiendo, el Estado rinde homenaje y paga a quienes atentaron contra sus instituciones sin poder invocar, siquiera, el principio de defensa a la opresión, ya que el intento de copamiento se produjo durante un gobierno democrático.

Cuando el ataque en Formosa, gobernaba Estela “Isabelita” Martínez de Perón quien, con su marido muerto, habían obtenido el 62% de los votos en las elecciones de 1973. Es decir, una Presidente a la cual, más allá de las quejas derivadas de los problemas económicos y, sobre todo, del clima de guerra imperante por el permanente accionar de las bandas armadas de derecha y de izquierda, no puede negarse ni su legitimidad ni su respeto a la ley.

En suma, se utilizó una norma, pensada para indemnizar a quienes pudieran haber resultado víctimas de desaparición forzada o de muerte inocente durante el proceso militar de 1976/1983, para “premiar”, más de dos décadas después, a quienes, en democracia, habían intentado copar un establecimiento militar y habían perdido la vida en el intento, que también había implicado la caída en combate de sus defensores legales. Peor aún, a éstos nadie había reconocido su valor y el cumplimiento de su deber.

Con esos antecedentes, y algunas otras fuentes, muchas de ellas terroristas confesos, un grupo numeroso de ciudadanos, indignados y nucleados en la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, comenzaron a trabajar para descubrir la verdad.

La primera investigación que, como digo, se realizó sobre la base de los dichos de Reato y, sobre todo, de las afirmaciones de un guerrillero de entonces, Gustavo Plis-Steremberg, de gran autoridad en el tema dada su participación confesa en el ERP, en su libro “Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina”, sobre otros compamientos intentados contra la guarnición de Azul, con Perón aún como Presidente, el 19 de enero de 1974; contra la fábrica de explosivos de Villa María, el 10 de agosto de 1974; el Batallón Fray Luis Beltrán, el 13 de abril de 1975; y el propio del Batallón de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.

Amén de que esa simple enumeración da por tierra a la intencionada y permanente negación del estado de guerra revolucionaria en la Argentina de los 70’s -¿de qué otro modo puede calificarse el asalto, por bandas profesionalmente armadas y uniformadas, de guarniciones militares?-, existe una profusa bibliografía de la que son autores quienes se niegan a que los combatientes subversivos caídos sean considerados como idiotas que no sabían lo que hacían, reivindicando su iluminada vocación por cambiar, en forma violenta, la sociedad entera. Martín Caparrós, coautor de “La Voluntad”, es quizás el mejor, y más honesto, exponente de esa postura.

Con esos elementos en la mano, la Asociación mencionada comprobó, uno a uno, la incorporación de cincuenta y seis de esos casos al monumento mencionado.

Una vez verificado ese extremo, requirió a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo hoy de Eduardo Luis Duhalde, que informara si se habían pagado indemnizaciones a esos guerrilleros, caídos en combate al intentar copar, en democracia, cuarteles.

La respuesta, que tuvo que ser forzada por la Justicia dada la resistencia del organismo, confirmó las sospechas: se pagaron cuantiosas sumas a los deudos de esos terroristas muertos en la lucha contra los defensores de esas guarniciones militares. Además, se confirmó el caso más aberrante, denunciado por Reato en su libro: también se incluyó el nombre de Fernando Haymal, y se pagó indemnización a sus deudos, pese a que su muerte se debió al fusilamiento del que fue objeto por la propia organización terrorista a la que pertenecía, Montoneros.

Pese a que la ley indemnizatoria, sancionada en los 90’s, tiene enormes defectos, comenzando por su enunciado de que pretende compensar a quienes cayeron por el  llamado terrorismo de Estado “con anterioridad al 10 de diciembre de 1983” –si se aplicara de ese modo, podríamos llegar, sin dudas, a los fusilamientos ordenados por Castelli en Córdoba en 1810- lo más grave se produce con el advenimiento de los Kirchner al poder nacional.

En efecto; cuando, para fortalecer el “relato” que inventaron para construir una épica de la cual carecían –nunca habían hablado del tema hasta el 2003-, ordenaron reescribir el prólogo del informe “Nunca más”, comenzaron a cometer, en materia de derechos humanos, todas las tropelías que una visión sesgada y malintencionada de la historia verdadera les fue permitiendo.

Pero cuando la indignación no basta es al tomar conciencia de cuánto fue el monto que, sin control de ningún tipo –como ha sido habitual en las dos presidencias Kirchner- y con horrores como los descriptos, fue pagado por la Secretaría de Derechos Humanos desde 1983 a la fecha: ¡mil setecientos millones de dólares!. El interrogante surge como obvio: ¿no habrá en este asunto, también, indemnizaciones “truchas”?

La ley establece que la reparación individual será de cien veces el sueldo mayor de la Administración nacional. Coincido con Reato y con la Asociación al afirmar que, en general, las indemnizaciones pagadas a los deudos oscilaron, dependiendo del tipo de cambio, alrededor de los US$ 220.000 por barba, sin embargo, y dado que algunas se encuentran en trámite cuando el dólar está tan barato en la Argentina de hoy, multiplicar por cien el máximo salario actual puede triplicar esa cifra.

Para concluir esta indignada nota sólo me resta invitar al lector a visitar el monumento en cuestión. Descubrirá, con asombro, que a veintiocho años del renacimiento de la democracia, y con treinta mil lugares para colocar los nombres de los desaparecidos, sólo están ocupados algo más de ocho mil, incluyendo en esa cifra a quienes, como explico aquí, no pueden figurar allí. ¿Es que el Gobierno espera que surjan, tanto tiempo después, nuevos nombres, aún ignorados?

De lo contrario, se habrá comprobado claramente que la cifra de 30.000 desaparecidos -¡por cierto, no debiera haber habido ninguno!- fue nada más que un slogan publicitario y que su inexactitud también pone en tela de juicio la calificación de delitos de lesa humanidad que, con retroactividad, el kirchnerismo y sus socios “idealistas”, imputan a los militares y policías presos.