Paraguay: Subsidio electoral, disfraz de un robo

Los numerosos inconvenientes que se alegan desde los partidos políticos en mi país por carecer de suficientes fondos de dinero a fin de cumplir con sus deudas y realizar sus elecciones internas, solo permiten ver un problema financiero. Se está dejando de lado lo sustancial; pero, esta situación de partida presupuestaria está haciendo aparecer a muchos dirigentes políticos como víctimas del sistema, cuya solución parecería que consiste en que los contribuyentes están obligados a solventar a los partidos políticos, como parte esencial de la democracia.

Pero los partidos políticos y sus connotados dirigentes no tienen problemas financieros ni mucho menos son víctimas del sistema. En realidad el problema es de orden moral y es aquí donde de víctima se pasa a victimario, en el mismo sentido que en la antigüedad se denominaban “victimarios” a aquellos que sacrificaban a aquellas personas que no comulgaban con los designios de los grupos de poder.

Transcurrido el tiempo en que en la democracia constitucional cada quien se hacía cargo de sus campañas electorales mediante financiación propia y con el acompañamiento de otras personas dispuestas a solventar el programa político del aspirante a gobernante, hoy día esto ya no sucede asi. El incontenible avance del Estado en la vida ciudadana ha convertido a los partidos políticos en una amenaza para el propio futuro de la democracia.

En la descomposición de la democracia, el subsidio electoral es un guaraní menos en el bolsillo de la gente. La inmoralidad del subsidio electoral es tan evidente que hasta pasa desapercibida. Contrariando el postulado de que el derecho público sirve para proteger al derecho privado, el marco jurídico prevaleciente ha convertido a los partidos políticos en fuente de dinero retraído a todos sin importar que pertenezcan a determinada nucleación política.

Se desconsidera de este modo que los partidos políticos son organizaciones de personas que voluntariamente aceptan participar en la política, en donde sus adherentes simpatizan con ciertos principios y aceptan los reglamentos de su organización con el propósito de que el sector ganancioso en las respectivas internas partidarias acceda al poder mediante la membresía del partido politico.

Sus miembros podrán tener toda la buena intención de promover la educación cívica, asi como llegar al gobierno del Estado; no obstante, aún las buenas prácticas y los buenos deseos no justifican exigir dinero a personas que no desean participar o formar parte de alguna nucleación política que, por otra parte, no satisface los intereses del contribuyente. Si la coerción impositiva implica la sumisión total del ciudadano para destinar parte de su dinero a una actividad de la que no está de acuerdo, dicho acto se convierte en un robo, pero desafortunadamente legalizado.

Sin el debido consentimiento y sin representación correspondiente, siguiendo a John Locke y a Frederic Bastiac, la detracción de impuestos es un robo a plena luz del día. La pregunta que aquí surge es la siguiente. Los impuestos que pagamos ¿son un robo? No necesariamente puesto que existe una diferencia fundamental. Los impuestos sólo deberían existir para que los miembros de una sociedad reciban un ambiente de orden jurídico y de seguridad a sus vidas y propiedades. De hecho, en la larga exposición histórica que concitó el paso de la barbarie a la civilización, aquella aseveración del gobierno al servicio del hombre libre ha sido y sigue siendo la base del contrato político.

Ningún gobierno puede realizar determinada actividad sin el consentimiejnto previo de los gobernantes. En aquella larga lucha por la consolidación de la libertad y la justicia, las leyes contienen requisitos insoslayables a los que deben ajustarse los gobernantes de turno, mediante la sanción de leyes generales y predecibles, estando su cumplimiento supeditado a garantizar los derechos de todos por igual y ante la ley general y predecible.

Muchos no estarán de acuerdo con esta versión interpretativa que contradice la versión de lo “políticamente correcto” que significa no criticar los subsidios electorales. Pero a ellos les hago esta interrogante basada en el concepto de igualdad de oportunidades que dicen defender para así explicar el dinero que reciben los partidos políticos. Acaso también ¿no deberían recibir subsidios los niños huérfanos o los ancianos desamparados? Mientras no exista un argumento aplicable al imperativo moral kantiano que se traduce luego en la praxis de la política y la economía, no puedo más que reafirmar que el subsidio electoral no es más que un robo legalizado en el que unos pocos roban a muchos.


* Víctor Pavón es Decano de la Facultad Derecho de la Universidad Tecnológica Intercontinental (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.