Portugal: rapiña, "a la argentina"

Juan Ramón Rallo Julián es Director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (España).

A finales de 2008, la peronista presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, procedió a nacionalizar los fondos de pensiones privados del país con la excusa de defender a los jubilados. Mentía, como acostumbra. Un año antes se había ofrecido a los trabajadores pasar del sistema de pensiones privado al público y un 80% decidió quedarse. Lo que buscaba Kichner, claro, era apropiarse de los activos del sistema privado y, al tiempo, recibir las cotizaciones que los trabajadores pasaron a estar obligados a efectuar mes a mes al sector público: sí, el Estado asumía ingentes obligaciones futuras que ya veremos si será capaz de satisfacer, pero a cambio su presente situación financiera se vio aliviada.

A los europeos aquello nos pareció el típico populismo argentino que aquí, a la civilizada Europa, jamás podía llegar. Pese a la dureza de la crisis, pese a que ya había quebrado Lehman Brothers, eso de nacionalizar fondos de pensiones privados se nos antojaba una ridiculez. No tardaron en llegar, sin embargo, los movimientos gubernamentales para hurtar las reservas de los sistemas de pensiones públicos, en concreto, los de Grecia y España. Sí, la operación se nos vendió como que esos fondos pasaron a estar invertidos en deuda pública nacional; la realidad, con todo, merecía otra descripción con menos florituras: los Estados dilapidaron el dinero del fondo a cambio del compromiso de reponerlo en el futuro con intereses.

Ahora bien, hasta el momento, los fondos de pensiones privados no habían sido objeto de rapiña por parte de nuestros gobiernos, y es aquí donde reside la negativa novedad que supone el reciente movimiento del Ejecutivo luso. El pasado lunes, el gobierno de centro-derecha portugués anunció que, con el propósito de cumplir su objetivo de déficit público para este año (situado en el 5,9%), se apropiaría de los 6.000 millones de euros en activos que poseen los fondos de pensiones privados de los empleados de la banca, quienes de este modo pasarían a integrarse en el sistema público de seguridad social.

El robo ilustra dos cosas, a cada cual peor. La primera es la persistente sinvergüenza de nuestros gobernantes, obsesionados no con volverse realmente austeros, sino sólo con aparentarlo. Debería ser evidente que si el Estado se queda hoy con 6.000 millones de euros a cambio de hacerse cargo en el futuro de las pensiones de los empleados de la banca, los ingresos extraordinarios presentes estarán ligados a la asunción de una deuda futura (el pago de las pensiones). ¿En qué sentido, pues, se reduce el déficit y el endeudamiento del Estado? En ninguno, como sabría perfectamente cualquier empresa que llevara su contabilidad de manera medianamente honrada. Pero los mismos políticos que se llenan la boca acerca de la necesidad de que el sector privado sea transparente en sus cuentas son los primeros en volver absolutamente opacas las suyas cuando les conviene. Y, por cierto, si Portugal necesita 6.000 millones (el 3% de su PIB) para llegar sobre el falsificado papel al 5,9% de déficit, será que el déficit real se aproxima al 9%; un dato muy preocupante si tenemos en cuenta que para 2012 debe reducirlo al 4,4% (a la mitad) y que ya no podrá echar mano de los fondos privados de pensiones de los empleados de la banca. ¿Acaso piensa asaltar, con tal de seguir mintiendo, los del resto de ciudadanos?

Y así llegamos a la segunda cuestión que pone de manifiesto la nacionalización lusa de los fondos de pensiones: nuestros Estados de Derecho son una farsa que los políticos no dudan en doblegar ante las más mínimas dificultades. Si nuestra prosperidad y nuestro desarrollo se basan en la inversión privada a largo plazo de enormes cantidades de capital, debería ser evidente que la mejor manera de promover ese comportamiento empresarial no es instalando la inseguridad jurídica en nuestras sociedades, sino despejándola. Ahora mismo, empero, nadie puede confiar en meter sus ahorros en los países de la Eurozona, especialmente en los periféricos, no tanto por su incapacidad para recuperarse, sino por el brutal riesgo de expolio que existe derivado tanto de la posible ruptura del euro (que supondría, vía devaluación, una pérdida inmediata de hasta el 40% para cualquier inversor extranjero) como de los eventuales abusos de unos políticos que barajan imponer el equilibrio presupuestario a través de más impuestos, expropiaciones y nacionalizaciones.

Portugal ha dado el primer paso en un peligrosísimo camino hacia la argentinización de nuestras sociedades. Veremos cuánto tardan en seguirle sus muy irresponsables y manirrotos colegas: todo con tal de no reducir su gasto y de renunciar a su extraordinario poder.