La teogamia de la Faraona Hatshepsut

Antes de caer, ella nos hará parir sangre.

Para frenar la realidad que le está golpeando la puerta, será capaz de hacer una ley que diga que la realidad no existe... y que queda eliminada como concepto contrapuesto a lo ilusorio.

Forrará muy rápido su palio de leyes para transitar cubierta de un respaldo que sabe absolutamente ilegítimo, pero que tenga genética legal.

La democracia se convierte automáticamente en dictadura cuando las leyes para todos los poderes del Estado son dictadas por un grupo pequeño de personas y, especialmente, por una sola.

Y la característica principal es que todas esas leyes -además de violentar las anteriores- fulminan los derechos individuales y las libertades básicas, con el exclusivo fin de pavimentarle el camino al dictador.

De allí a la tiranía hay un milímetro.  

Poco falta para que, en nuestra dinastía XVIII de las tierras olvidadas del mundo ocurra, mágicamente, que nuestra faraona Maatkara Hatshepsut amanezca un día poseída por extraños vapores de inspiración divina y se declare, súbitamente, en estado de “teogamia”.

En el estado de Teogamia, Hatshepsut -sabiendo que gobernaba una caterva de miedosos- tuvo el insólito descaro de declararle al pueblo egipcio que su verdadero padre no era Tutmosis I, sino el propio dios Amón. Deidad que, con su sabia previsión, visitó una noche a la gran esposa real Ahmose y le permitió concebir casualmente a esta mujer que se hallaba sentada en el trono de las Dos Tierras, con el beneplácito del panteón entero.

Hatshepsut se autoproclamaba, por lo tanto, como la primogénita de Amón, y su plena sustituta. Digamos que era algo así como su fiel delegada en la tierra, con lo que su figura se convertía en completamente sagrada.

Muy pocos, en nuestra comarca del erial, se han dado cuenta todavía... pero las instituciones en la República, ya han fallecido.

El Estado es una máquina absolutamente paralizada que ya no funciona como motor de la Nación, mucho menos como garantía jurídico-social.
 
El deceso de las instituciones es, ahora mismo, una realidad colectiva que habremos de pagar muy caro, por habernos abandonado tan plácidamente en una profusa telaraña de populismo y demagogia, la cual parece estar a punto de consolidarse definitivamente en un escenario de terror:

Así es; ese escenario normal ha de ser, cada día, el parto forzado de unas conmovedoras leyes imperiales sacadas como pan caliente de la escribanía en la que se convirtió nuestro mágico y raro parlamento, donde yace fulminado por el piso el más elemental debate.

Muchos lo están viendo... y se callan la boca.
 
Otros, no lo ven. Engañados o confundidos por los cánticos de quien es la responsable de los destinos de la Nación.

No hay en esto exageración alguna:

Está definitivamente instalado el servilismo absoluto de un parlamento de ciegos, cuyos miembros son ya, poco menos que unas esfinges hieráticas, mudas... en un desierto de voces en el que se fotocopian las órdenes de la faraona, sin cambiarle una coma. Para ser convertidas en leyes de la Nación, convalidadas y envasadas al vacío por todas esas figuras infames y absolutamente decorativas.

Si esta imagen, verdaderamente aterradora, ha de ser la que prevalezca...

Si todo esto será cabalmente así durante al menos los próximos dos años pues, quien esto escribe, propone:

* Que se cierre ya mismo el descomunal aborto de la naturaleza en el que se ha convertido el Congreso;
* Que el Estado Nacional se ahorre los espectaculares sueldos de 257 diputados y 72 senadores, agregándose además a ese ahorro, más de cinco mil empleados que perviven allí como postes con un nido en sus cabezas, mientras perciben sueldos a la sombra de todos los referidos parásitos;

Si todo ese rebaño de levantadores de manos jamás ha de disentir y en ningún caso han de oponerse a los antojos de Hatshepsut, pues parece mejor que firmen un acta nacional de convalidación directa y automática de sus manos obedientes levantadas, y se dé por aprobado lo que ella diga, ipso facto. Que ya no importe demasiado el mutismo absurdo y rígidamente lacrado en esa especie de viaducto monocromático en el que vale todo.

Puede llegar a ser obligatorio de un día para el otro -y en menos que canta un gallo- no estornudar, saber ovacionarla, bajar la cerviz o hacer al menos una peregrinación anual al mausoleo para venerar al prócer muerto.

Como no alcanza con la policía para controlar el libre y legítimo derecho de alguien a comprar dólares, ese acto será -por ley- encuadrado en la figura de terrorismo. Y quien se atreva apenas a tratar de hacerlo, sin llegar a consumarlo, ha de ser -por ende- un terrorista en grado de tentativa.

Eso, o cualquier cosa. Consumado el imperium domine, es precisamente este panorama el que configura la llamada "suma del poder público".

Puede ser perfectamente viable, incluso, pagar impuesto al renuente a la genuflexión, a los mancos que no la puedan aplaudir (sean acaso estos gobernadores o no), a las mujeres más jóvenes que ella y que no necesitan colágeno, a los que no sepan tomar la posición de arrodillamiento, a los que no quieran ver la Cadena Nacional o a los que opinen como quien esto firma.

En suma, a todos aquellos herejes que no se sometan a la Señora, o que se resistan a los “Cruzados” del grupo de élite (La Cámpora) que ha quedado consagrado en la comarca como una nueva versión del politburó, implantado en una especie de rarísimo ejercicio contrafáctico de la virtud.

Que se ahorren, pues, la farsa acromegálica y unilateral de este Congreso de momias. Más de doscientos millones de pesos por mes en gastos que se podrían ahorrar con la exoneración -lisa y llana- de toda esa gran cáfila de papamoscas y asentidores de cualquier cosa, aún de la más extravagante que se requiera antojadizamente desde el trono.

Con el parlamento así escayolado, y con una piara de jueces idénticos a Procusto, el propio Alejandro Magno podría hoy quedar convertido en Caperucita Roja.

Olvidemos, inclusive, las advertencias serias de corrupción general en medio de esta inaudita pontificación sacra, impartida desde el púlpito oficial.

Convalidemos entonces, mansamente, a todas las impresionantes gavillas de hacedores de negocios absolutamente personales, de los “arquitectos del sobreprecio”, del canje empresarial y de la sastrería licitatoria "a medida".

Dejemos que se bendiga una ley del procerato y que se incluyan allí a las personas que se robaron la República, o que recaudaban dinero asaltando supermercados o haciendo una gran timba con los fondos públicos en los casinos de los amigos del gobierno.      

Ellos pueden seguir horadando las arcas públicas en su beneficio particular.

Que ni un solo fiscal, ni un solo juez y ni un solo tribunal se atrevan, a partir de hoy, a producir -con el menor arrojo- el acto institucional correctivo que hayan creído alucinados que resulta imprescindible para impartir justicia: la investigación, la prueba y la condena.
 
Las instituciones, por todo lo antedicho, se declaran fallecidas.

Por el Lic. Gustavo A. Bunse, para El Ojo Digital Política
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