La peste verde
Con la salida de José Ramón Granero de SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico), se inicia una nueva etapa en el tema drogas para nuestro país. La llegada de Mónica Cuñarro como nuevo jefe de la SEDRONAR, cargada de ideología y sin interés en frenar el altísimo consumo de drogas que se observa en nuestro país promete, con su sola presencia, más comercio de estupefacientes y menos controles.
Cuando en nuestra casa ponemos un límite, estamos ejerciendo el amor y protección de nuestra familia, aún cuando alguno de sus integrantes se enoje. A nivel país es igual: sin límites, las cosas se desmadran y reina el caos.
Cuñarro ya ha dicho en varias oportunidades que SEDRONAR debe desaparecer; su presencia al frente de esta Secretaría de Estado, finalmente, promete descomponerla, remitiendo la prevención de drogas al Ministerio de Educación, la asistencia de adictos al Ministerio de Salud y el contralor del narcotráfico al Ministerio de Justicia.
En relación a la Prevención, que quedará bajo la órbita del Ministerio de Educación, inferimos que será un simple departamento dentro de esa estructura y su papel será idéntico al que hoy implementa esa cartera. Hoy, las escuelas se han convertido en centros de distribución de drogas y los casos de adicción flagrante son soslayados, sin intervención ni ayuda para los afectados. Es decir que la prevención de drogas como tal dejará de existir.
En la Argentina, vemos a diario cómo adolescentes conflictuados por el alto consumo atacan en el ámbito escolar a sus compañeros que no consumen y, en lugar de ser advertidos, quienes se retiran de los establecimientos escolares son los alumnos aplicados. Estos últimos se refugian en el sistema de educación privada, espacios que aún imponen límites a las conductas reprochables.
La asistencia de adictos, que recaerá en el Ministerio de Salud, pasará a ser una subdirección sin presupuesto. Ello limitará aún más las becas para el tratamiento de personas que padecen esta enfermedad. Frente a este escenario, el Ministro del área se verá forzado a tomar decisiones, optando entre cubrir los gastos de una operación de corazón a cielo abierto en un niño, garantizar la beca para rehabilitar un consumidor, u ordenar el arreglo de una sala de primeros auxilios. En virtud de los consabidos problemas de presupuesto, ya puede anticiparse sin temor a error que la asistencia de personas con problemas de adicción no será una prioridad para esa cartera.
“La falta de becas - sentenció Claudio Izaguirre - ahogara a las comunidades terapéuticas y algunas de ellas deberán cerrar sus puertas, las que queden estarán obligadas a aplicar el sistema de Reducción de Daño, el cual enseña a los adictos a consumir drogas en forma exitosa, por otra parte se aplicará la nueva Ley de Salud Mental que impide la creación de nuevos centros de rehabilitación, entiende la internación compulsiva como un secuestro, procesando judicialmente al medico tratante y quitando el título habilitante. Esa nueva norma ordena que el paciente deba elegir su tratamiento y le otorga la potestad al darse a sí mismo el alta cuando crea conveniente.”
La lucha contra el narcotráfico caerá bajo la influencia del Ministerio de Justicia en la forma de una dirección, corriendo idéntica suerte a la UIF. El combate contra las drogas terminará quedará en manos de un espacio político inoperante que solo podrá acopiar quejas internacionales y tornará inocua cualquier acción en contrario.
Entre tanto, desde el Congreso Nacional se completará la sanción de nuevas leyes que otorgarán la excarcelación inmediata de vendedores minoristas de drogas, permitirán el cultivo de marihuana y despenalizarán la tenencia de todas las sustancias hasta hoy catalogadas como ilegales. Es, por estas horas, claro que la figura del agente encubierto será eliminada, y lo propio sucederá con la entrega vigilada. El parlamento nacional promoverá a considerar al contrabando de drogas como una actividad en donde habrá inexistencia de delito, con el razonamiento de que pensar en comercializar no constituirá delito alguno.
A la postre, el actual esquema de permisividad alentará la creación de “bancos” de semillas de marihuana en cada provincia, permitiendo recordar esta década como el inicio de la peste verde.