Las consecuencias imprevistas de la regulación de Internet

¿Se escandalizaría Ud. si el Departamento de Justicia cerrara Libertad.org sin aviso alguno y le bloqueara el acceso durante más de un año?

Esto es exactamente lo que le sucedió a un blog de música hip-hop llamado Dajaz1.com al ser falsamente acusado de infracción delictiva de los derechos de autor de terceros. El blog publicaba música de artistas promocionando su trabajo. Pero las autoridades federales lo vieron de forma diferente. Incautaron el nombre del dominio y después prácticamente no compartieron información alguna con el propietario durante más de un año. Sólo hace poco desistieron discretamente del caso.

El manejo del Estado en el caso de este blog de hip-hop está alimentando los temores sobre el proyecto de ley que está gestionándose rápidamente en el Congreso y que aborda las infracciones contra los derechos de autor y de la piratería online.

La Ley para Detener la Piratería Online, más conocida como SOPA en la Cámara de Representantes, así como la Ley PROTECT IP , en el Senado, darían al procurador general de la República el poder y autoridad para bloquear empresas delictivas para que no comercien online con productos ilegales.

La causa es noble. Las empresas incurren en significativas pérdidas cuando los americanos compran bienes falsificados. Los consumidores deben también estar cada vez más alerta sobre las compras que realizan online. Las autoridades federales cerraron más de 150 sitios web sólo el mes pasado debido a bienes pirateados.

Pero los dos proyectos de ley camino al Congreso son la solución equivocada. Suponen una seria amenaza para la libertad de palabra y de expresión y provocan inquietudes por la seguridad. Con el Senado posiblemente celebrando una votación sobre la Ley PROTECT IP en enero y la Cámara prosiguiendo con audiencias sobre la SOPA, los americanos deberían saber lo que está en juego aquí.

Como ilustra bien el caso de Dajaz1.com, el gobierno federal ya tiene la capacidad de cerrar sitios web con sede en Estados Unidos. Sin embargo, un creciente número de los conocidos como “sitios web maliciosos” están situados fuera de Estados Unidos, limitando la capacidad del gobierno para bloquearlos.

La SOPA daría al procurador general Eric Holder la capacidad de llevar a juicio a estos sitios maliciosos si se “dedican al robo de propiedad de Estados Unidos”. El gobierno, a través de una orden judicial, podría adoptar estos cuatro pasos:

1. Exigir a los proveedores del servicio Internet que impidan a los suscriptores que puedan conectarse con el sitio web en cuestión;

2. Prohibir a los motores de búsqueda, como Google, que suministren enlaces directos al sitio web extranjero en sus resultados de búsqueda;

3. Prohibir a los proveedores de pagos por la red, como PayPal o compañías de tarjetas de crédito, que lleven a cabo transacciones financieras relacionadas con el sitio web; y

4. Prohibir a las compañías de publicidad por Internet que publiquen anuncios online del o hacia el sitio web en cuestión.

“La legislación se ocupa de un problema legítimo”, escribe el experto de Heritage en política regulatoria James Gattuso, “pero puede tener consecuencias negativas imprevistas para la operación de Internet y para la libertad de expresión”.

Libertad de expresión: La legislación da al gobierno la autoridad para alterar los resultados de las búsquedas en Internet al exigir a firmas como Google que bloquee los enlaces a los sitios web infractores. Poner este límite a los proveedores de información es problemático y se puede argüir que es una violación de la Primera Enmienda. Además, el apetito de poder de Washington es incontrolable y esto casi seguro que conduciría a una pendiente descendente de interferencias no deseadas en el futuro.

Seguridad en Internet: Los criminales descubrirían casi con toda seguridad nuevas formas de circunvenir las medidas del gobierno. Pero el problema de seguridad más evidente que tiene la SOPA es el daño que causaría a DNSSEC, el nuevo sistema de Internet diseñado para limitar ciertos delitos. Esto pondría en peligro la seguridad en Internet, creando potencialmente nuevos desafíos.

“El gobierno federal necesita proteger los derechos de propiedad intelectual”, concluye Gattuso en su análisis. “Pero debería hacerlo de forma que no perturbe la expansión de la tecnología, que no debilite la seguridad en Internet, que respete los derechos de libertad de expresión y que resuelva el problema de los sitios maliciosos”.

El debate sobre la SOPA está ya entre los más intensos y polarizantes que tienen lugar en Washington — y con mucha razón. Con las preocupaciones por la libertad de expresión y la seguridad en Internet como el foco de la atención, los legisladores harían bien en buscar otras opciones cuando vuelvan en enero.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.

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