El engorde de las ratas

Vaya si no representa un desafío comentar sobre la noticia del ajuste salarial que se obsequiaron -hace cuestión de horas- los diputados y senadores del otrora "Honorable" Congreso de la Nación. Con todo, es lícito intentarlo, especialmente si se tiene en cuenta que nuestro medio observa una llegada interesante a los recintos, y es materia obligada de conversación en cócteles y encuentros promovidos por los personajes bajo análisis.

Conforme lo reflejado por distintos medios (incluyendo a la web Parlamentario.com), aquellos legisladores que observaban una dieta de un rango de entre $10 y $15 mil, pasarán ahora a percibir no menos de $30 y $35 mil pesos argentinos, respectivamente. La iniciativa fue propugnada por Julián Domínguez (máximo dignatario de la Cámara de Diputados) y Amado Boudou (Vicepresidente de la Nación y, convenientemente, presidente del Senado). El segundo de la Presidente de la Nación parece esforzarse para quedar siempre en la picota: con la memoria de la ciudadanía aún fresca en relación al affaire Vanderbroele/The Old Fund, ahora Aimé va en busca de mayores cuotas de desprestigio.

Los cómputos de que se habla refieren a incrementos que bordean el ciento por ciento, factor que contribuye a considerar peligroso el timing seleccionado para el ajuste. En este preciso momento, el desmadre social comienza a tornarse evidente en las arterias del país, en la forma de manifestaciones y amenazas de paro por parte de organizaciones gremiales que pugnan por aumento de salarios para sus afiliados. La inflación supera holgadamente el 30% anual, devorándose lo que perciben jubilados y pensionados... mientras Diego Bossio echa mano de los fondos de ANSES para endulzar los mecanismos de propaganda del régimen de Cristina Fernández Wilhelm. Operarios y empleados que las políticas del oficialismo han contribuído a colocar a la vera de la pobreza hacen incontables horas de cola para echar mano de una tarjeta magnética SUBE (otra denominación insultante). Por si todo ello fuera poco, los dignatarios del Gobierno Nacional en el interior del país han decidido emular al líder sirio Bashar al-Assad, ordenando a sus fuerzas de seguridad masacrar a manifestantes antiminería. El "ajuste" en las dietas de diputados y senadores acaricia, a fin de cuentas, la más insidiosa provocación. Escenario que invita a una repetición no demasiado lejana de episodios como el reciente apaleo del legislador kirchnerista/cristinista José María Díaz Bancalari. La opinión pública solo puede llegar a una conclusión, ahora más que nunca: el receptor de la golpiza hizo todos los méritos para obtenerla. Y junto a él, han decidido anotarse sus colegas.

En cualquier caso, no debería representar sorpresa que los congresistas "opositores" hayan recibido el aumento con los brazos bien abiertos, y el cuchillo y el tenedor a punto. La legisladora de PRO Laura Alonso comentaría: "Se trata de una buena oportunidad para aumentar el nivel de transparencia" [en el Congreso]. El radical Juan Pedro Tunessi: "Había un desfasaje con los sueldos de los cargos jerárquicos que ya era insostenible". Olvidaron que la transparencia es, precisamente, aquello que se encuentran ostensiblemente lejos de representar. Para otros, el único "desfasaje" de los sueldos que es dable atender es el propio. Jamás el exhibido por los sueldos de aquellos que los depositaron en ese sitio. Son los propios diputados quienes brindan las herramientas necesarias a la sociedad para refrendar lo que ya se sospechaba: que no sirven, ni individual ni colectivamente. Sin temor a error, puede hablarse, pues, de crisis de representación. El derrumbe de las instituciones -muchas veces por la vía del suicidio retórico de sus interlocutores- se vuelve patente.

Lógicamente, no faltaron las dantescas expresiones de los referentes de la Casa Rosada. Juliana Di Tullio (Frente Para la Victoria) aportó su cuota a la humillación de la ciudadanía: "Venir tres o cuatro veces por semana a la Ciudad de Buenos Aires es un costo muy grande que los diputados tienen que afrontar". Su colega Miguel Angel Pichetto argumentó que el incremento es "algo totalmente razonable". ¿Qué se le puede responder a estos individuos (a falta de un mejor eufemismo)? Los socios del Gobierno Nacional se remiten a la razón, cuando sus jefes políticos son hoy los encargados de pisotearla. Es un trabajo que ejecutan a la perfección. Aquello del "traslado de los diputados" se corporiza en la proverbial zanahoria: una multitud de diputados y senadores del interior se desviven en críticas a la Capital Federal mientras que, por debajo de la mesa, cierran negocios inmobiliarios para adquirir lujosas viviendas en Puerto Madero u otros barrios de la Ciudad Autónoma. Por otro lado, los tickets en las extremadamente rentables Austral y Aerolíneas vienen sin cargo, con el puesto. Es hora de despertar y ponerle punto final a la patraña.

No obstante, se pierden detalles importantes en la deconstrucción de la noticia y la defensa -a priori, loable- que sus protagonistas aspiran a ejercer. Se trata de que los incrementos de las dietas solo mencionan el abono en blanco. La elusiva y clandestina"Parte B" queda siempre fuera de la ecuación y alejada del alcance de los medios. Nadie habla de las elevadas sumas -dolarizadas- que perciben los señores y señoras legisladoras cuando se les propone alzar las pezuñas para el tratamiento y posterior aprobación de tal o cual proyecto de ley. Quien todavía conserve algo de ganas y energía, que contabilice a consciencia la cantidad de sesiones en cada período reciente. Alcanza y sobra con multiplicar cincuenta, cien mil dólares o más por cada levantada de mano. Se trata de un poco transparente mercadillo persa en donde arden las ofertas de dinero negro contra reloj, según sea la importancia de la ley a tratar y la "lograda reputación" del senador o diputado. Como los roedores que, cuanto más roen, más afilan sus caninos, nuestros "guardianes de las leyes" quieren mucho, para después exigir todavía más. Pregúntese, por ejemplo, cuánto se cotizó la garra en alto en ocasión de la pelea por la aprobación de la oficialista Resolución 125. En la discriminación de estos capítulos reposa la respuesta para muchas preguntas ("¿Dónde está la plata de los jubilados?"; "¿Por qué el hospital de mi barrio se cae a pedazos?"; "¿Por qué las Fuerzas Armadas y las policías carecen de entrenamiento y recursos?"; "¿Por qué la Justicia está saturada?"; etc.).

Hace a la hombría y a la formación integral del ciudadano formular preguntas -de ser posible, incómodas- para dirigirlas hacia los arquitectos del sistema. De nada sirve depositar esa responsabilidad en el periodismo tradicional, cancerbero necesario y fiel albacea de los intereses de turno. Los "grandes columnistas" son siempre los primeros en desmoronarse ante el canto de sirena de los dirigentes (Y, en este rubro, ¿quién no conoce a los pagadores?). La razón es sencilla: lo mejor es ocultar, desviar, amnistiar -por la vía de la omisión o el simple paso del tiempo-. Lo que verdaderamente interesa jamás debe salir a la luz. Así fue como, en el momento en que aviones de línea derribaban el World Trade Center de Nueva York, José Luis Gioja y otros legisladores peronistas salvaron la ropa del controvertido (otra vez, los eufemismos) juez Norberto Oyarbide. La vieja y conocida mecánica del "entre gallos y medianoche" ha sido reciclada hasta el cansancio. Ahora, esa mecánica se ha repetido, para su implementación en el aumento de dietas. Si la noticia cae en medio del verano, alguien podría apuntar marginalmente que se trata de una coincidencia. Pero debe tenerse bien presente que nuestra pálida versión de la "democracia" masacra a balazos a las coincidencias, con rigor diario.

A la postre, este pútrido y maloliente esquema constituye la piedra basal para problemáticas de magnitud, como ser, el narcotráfico, la corrupción económica a gran escala, la violencia y la "inseguridad", etc. Realidades inapelablemente apadrinadas por un Congreso que también aprueba pliegos de cuestionables jueces de diferente orden, incluyendo el encumbramiento de los nombres sugeridos para la Corte Suprema de Justicia. Apéndice inocultable del genocidio motivado por los "demócratas" que se rasgan las vestiduras mientras convocan a "respetar las instituciones". Catalogar al parlamento de escribanía resulta, al final del día, una inocentada digna del recto a la mandíbula.

El patético elemento que pulula por las Cámaras cree a ciencia cierta que su impunidad le ha sido garantizada ad eternum. Pero no debería existir mayor motivo para que su sueño no sea perturbado, algún día, por una ciudadanía hastiada. No cuando la faena diaria de esos "legisladores" remite, con peligrosa y gráfica cercanía, al engorde recurrente de un puñado de bien cebadas ratas.