Así nos mata el Poder Judicial de la Nación: indemnizando a delincuentes homicidas
Recientemente, la Cámara Civil y Comercial Federal (causa 2052/99) confirmó un fallo por el que, con motivo de un tiroteo entre la Policía Federal y dos delincuentes sorprendidos "in fraganti" cuando asaltaban un garaje, se produjo la muerte de un malviviente. Conozca la identidad de los creativos magistrados, autores de esta nueva "maravilla" jurídica.
Sala Civil y Comercial Federal I
Presidente Dr. De Las Carreras, Francisco
Juez Dr. Farrell, Martin Diego
Juez Dra. Najurieta, Maria Susana
Secretario Dra. Lagomarsino María Alejandra
Secretario Dr. Carrió Diego Marcelo
Prosecretario Dr. Baistrocchi Silvio Jose
Prosecretario Dra. Pico, Magdalena
Sala Civil y Comercial Federal II
Presidente Dr. Guarinoni, Ricardo Victor
Juez Dr. Vocos Conesa, Eduardo Javier
Juez Dr. Gusman, Alfredo Silveiro
Secretario Dr. Ratto, Eduardo Nestor
Secretario Dr. Lupacchini Damián Augusto
Prosecretario Dr. Gavalda, Juan Martin
Prosecretario Dr. España Hernán
Prosecretario Dra. Gerard, Renee Monica
Sala Civil y Comercial Federal III
Presidente Dr. Antelo, Guillermo Alberto
Juez Dr. Recondo, Ricardo Gustavo
Juez Dra. Medina, Graciela
Secretario Dr. Petre Carlos Alberto
Secretario Dr. Lopez Pereyra, Francisco
Secretario Dra. Barbado Patricia Bibiana
Prosecretario Dra. Sciarretta María Andrea
Prosecretario Dr. De Arrascaeta, Arturo
La sentencia de la Cámara Civil y Comercial Federal (causa 2052/99) establece que el Estado, además de las costas, deberá resarcir el daño moral a la viuda y a los tres hijos del delincuente abatido, por un total de $ 125.000 más intereses, ya que "delincuente o no" la víctima era esposo y padre, y que su familia ha debido experimentar un dolor moral por su pérdida, dolor que debe resarcirse.
Los ciudadanos indefensos, a la postre, debemos extraer algunas conclusiones...
Si se roba impunemente, el ladrón puede disfrutar del botín. Si es herido por la victima al defenderse, o por la policía, tendrá resarcimiento por incapacidad laboral temporaria. Si muere, queda la indemnización a su viuda e hijos en una cantidad mayor a la que paga la ART a un trabajador.
Tal vez sería conveniente que se inscribieran, al menos, como monotributistas...
Como todos bien sabemos, en la ARGENTINA, ser delincuente es buen negocio. De un modo u otro, los malvivientes y homicidas (lo son en potencia, pues van armados) siempre logran acceder a su botín. Solo varía si éste proviene de la víctima o del propio Estado (entiéndase: TODOS NOSOTROS).
Es Cambalache, otra vez. Y nada nos representa mejor: "Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador...". Quizás sea buena idea convertirlo en nuestro Himno Nacional.
El Poder Judicial de la Nación EN SU TOTALIDAD está condenando a muerte a la ciudadanía de bien, sin importarle que esta es la que abona sus sueldos, por la vía del pago de sus impuestos.
Cualquier crítica ciudadana contra magistrados como los aquí citados es contestada con vehemencia por sus colegas, especialmente si es la "Doctrina Zaffaroni" [relativa a la victimización del delincuente homicida] la que se encuentra bajo cuestionamiento. Esta situación se ha vuelto inaceptable: considérese el dolor de las familias destrozadas por fallos como el aquí descripto.
Los ciudadanos nos reservamos el derecho de proceder al escrache -desde los medios de comunicación, y con nombre y apellido- a todos aquellos magistrados que, sin dejar duda alguna, trabajan y operan para proteger los intereses de asesinos y violadores (y de sus familias, como en este caso).
Es la única vía que le queda a una sociedad cansada, pero sobre todo, violada reiteradas veces por su Poder Judicial. Se agradece reproducción de la presente carta de lectores.