La disputa por el transporte en Buenos Aires

El tema aparente de la disputa es el traspaso de la responsabilidad al gobierno local de los servicios del metro (conocidos como subtes) y de los autobuses urbanos (colectivos). Se trata de una red de seis líneas de “subtes”, la más antigua de Latinoamérica, y treinta y tres líneas de colectivos, que transportan en conjunto millones de pasajeros cada día, en condiciones deficientes de comodidad y seguridad. Tanto unos como otros son manejados por empresas privadas que obtienen sus ingresos de las tarifas cobradas a los usuarios y de los subsidios del gobierno central. Pero como escribimos antes, eso es sólo la parte del problema que aflora, algo así como la punta del iceberg.

Los gobiernos kirchneristas fuertemente populistas, tanto el presidido por el anterior presidente Néstor Kirchner, como el de su viuda, desde su acceso al cargo en 2003 hasta diciembre del 2011, han otorgado subsidios indiscriminados al consumo, no sólo a los necesitados sino al conjunto de la población, particularmente el de la zona metropolitana que incluye la Ciudad de Buenos Aires y la periferia. Los fines de estas subvenciones han sido puramente electoralistas.

Estos subsidios estaban basados en dos hechos económicos que han provisto al gobierno de una liquidez muy abundante: 1) los enormes impuestos que se pagan en Argentina, incluyendo los atípicos derechos a la exportación, principalmente de soya y cereales, pero también de productos industriales, aunque con alícuotas mas bajas; 2) la injusta distribución de los ingresos fiscales entre el gobierno central y las provincias, es decir, la denominada coparticipación federal, que ha incrementado los recursos en poder del gobierno central. Ante una distribución histórica del aproximadamente 50% para el gobierno federal y 50% para las provincias (incluyendo la Ciudad de Buenos Aires), el kirchnerismo ha elevado la participación del primero al 75%, sobre todo monopolizando los aludidos derechos de exportación. El restante 25% es demasiado poco para permitir el normal desarrollo de las provincias, cuyos gobernadores deben pedir permanentemente el auxilio del gobierno central para necesidades esenciales como pagar sueldos e inversiones de las tareas que están a su cargo, por ejemplo, escuelas, hospitales, policía, obras, administración provincial, etc.

El acto de mendigar al gobierno central tiene como contrapartida la absoluta sumisión de los gobernadores al poder federal, lo que configura un sistema clientelista tanto a nivel de gobiernos provinciales y municipales, como de sectores de población de bajos recursos – fuente de servidumbre y corrupción. La única excepción es precisamente la Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente se autofinancia al generar más del 90% de sus ingresos. Pero, a pesar de la sumisión casi universal en la Argentina al gobierno central –la mayoría de las provincias están gobernadas por el mismo partido de la presidenta– la excepción es la Ciudad de Buenos Aires, donde Macri venció con el 65% de los votos en segunda vuelta al candidato kirchnerista. Por ello, es visto por Fernández de Kirchner como el gran enemigo a derrotar a cualquier precio – aunque sea deteriorando el nivel de vida de los habitantes de Buenos Aires y de los cientos de miles de habitantes del resto del país que concurren diariamente a usar sus servicios.

Buenos Aires quería hacerse cargo del transporte público, pero el gobierno federal quiere forzar el traspaso de forma inmediata y sin contrapartida económica, en un momento cuando la ciudad no dispone de fondos para hacer frente a semejante nuevo gasto ya que tiene todo su presupuesto comprometido. Sin embargo, si el propósito del kirchnerismo es realmente asfixiar financieramente a la ciudad, no es muy probable que acceda a ningún tipo de acomodo y populistamente culpará a Macri de todo ello. Por el momento, es difícil saber cómo terminará esta puja, pero aparentemente el resultado será en detrimento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de los demás habitantes del país que usan sus servicios.

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