Vamos por todo... y por el Estado de derecho

El Estado -desde hace varias décadas- adoptó una modalidad de pago para los salarios del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: los famosos y odiados adicionales, eufemísticamente denominados N/B-N/R (no bonificables ni remunerativos). O, para el resto de los mortales, lo que vulgarmente llamaríamos pago en negro.

Ello motivaba la iniciación de juicios para restituir la integridad de los salarios afectados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ajustaba a derecho y admitía las demandas efectuadas. Luego, mediante una ley o Decreto, el Estado regularizaba la situación.

Al año siguiente, nuevamente se suscitaba el mismo problema con otra especie de adicionales no remunerativos y -otra vez- los estudios jurídicos conseguían la regularización vía judicial convalidando, de esta manera, una verdadera industria del juicio. Motivada en el accionar cuasidelictivo del propio Estado Nacional; el mismo Estado que, en publicidades televisivas, parodiaba en cierto spot institucional de AFIP una reunión en una industria en la que su propietario ("Don Carlos") se enorgullecía del blanqueo de su personal. El Estado predica, pero jamás cumple.

Es así como el Estado persiste en el error, incurriendo en un círculo vicioso.

El último período de esta situación dio inicio en el año 2005, cuando el entonces primer mandatario Néstor Carlos Kirchner, por la vía de Decretos de Necesidad y Urgencia, año tras año, regresaría con la práctica del pago de los adicionales que no se incorporaban al sueldo.

Su esposa y sucesora, Cristina Elisabet Fernández Wilhem, continuó con esa práctica, pero a través de simples decretos, esto es, ejerciendo la suma del poder público, en la forma de una verdadera autocracia.

Y comenzaron los juicios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (otrora "último bastión del recurso ciudadano") comenzó a resolverlos. Primero lo hizo en el caso “ORIOLO”, originado en el reclamo judicial que iniciare la plana mayor de la Policía Federal. En el mismo, se hizo lugar a la demanda y después -como siempre- se superó normativamente la cuestión.

A posteriori, hizo los propio en los casos “SALAS” y “BOREJKO”, en los que la Corte también procedió a dar lugar a las demandas, en esta oportunidad, de personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

Hasta aquí, parecía el Cuento de la Buena Pipa, ese que nunca se acaba... Máxime que la Corte, desde el año 2004, había dictado fallos en materia de protección del trabajo digno, la inconstitucionalidad de la Ley de Accidentes de Trabajo y la admisión de los reajustes previsionales.

Pero, hete aquí que el 17 de abril del 2012, alguien nos cambió el final del cuento. Al mejor estilo del realismo mágico, convirtiéndonos definitivamente en "Macondo".

La Corte, de pronto y para sorpresa de todos, deja de ser progresista. Se somete al Poder Ejecutivo Nacional y dicta sentencia en el caso “ZANOTTI”, donde especifica la manera en que deben hacerse las liquidaciones, supuestamente para actualizar los haberes. Cuando, en rigor, y en muchos casos, los reduce. Esto, por supuesto, sin efectos prácticos.

Así, mientras el universo de los sueldos de todo el personal privado o público se incrementa año tras año por vía de paritarias, en este sector de trabajadores, eso simplemente no sucede.

¿Qué ha pasado, Doctor Ricardo Lorenzetti? ¿Qué sucedió en realidad en el seno del Superior Tribunal? ¿Acaso ese último bastión -aquel que considerábamos puro e independiente-, fue tomado?

Pero, ¿a qué precio? Porque, desde afuera, ese costo se percibe como incalculable: para los miembros de la Corte, ese precio ha consistido... en su prestigio internacional. Ese que tanto esfuerzo costó conseguir.

Para el resto de los mortales, la pérdida de nuestra seguridad jurídica viene de la mano del brillante economista Axel Kicillof (alias "Encantador de Serpientes"), que estableció: "La seguridad jurídica es puro palabrerío empresarial". Por cierto, que lo diga este imberbe, inapelablemente iletrado en cuestiones jurídicas, vaya y pase. Pero que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo adopte como doctrina, representa un hecho gravísimo, Señores. Porque, de la mano de ustedes, muere la República.

Todo parece indicar que los jueces de la CSJN olvidaron el primer juramento que hicieron en su larga carrera...

Se han propuesto discriminar a este sector. Pero no por ser militares -no seamos necios-. Lo hacen para "hacer más caja", pues se obra de manera diferencial y, peor aún, en la forma acumulativa de incrementos que Ustedes mismos perciben en sus salarios. Su ejemplo como conducta personal es, pues, deleznable.

Quién esto escribe -y siendo lego en la materia- no sale de su asombro. Me he forzado a repasar el fallo una y otra vez, y debo decir que resulta imposible de comprender y asimilar: se exhibe como un verdadero galimatías. En particular, porque se contradice groseramente, considerando el antecedente de fallos anteriores que se ajustaron oportunamente a derecho, y reconociendo la problemática de la Familia Militar. Cuyas expectativas se creían satisfechas.

En lo personal, aún mantengo la esperanza frente a la posibilidad de que algún miembro de esta Corte "Suprema" de "Justicia" pueda explicar este cambio copernicano. Desde lo jurídico y también desde el sentido común... que, evidentemente, es el menos común de los sentidos.

Salvo que Ustedes, Supremos Jueces, padres de la Patria, apliquen los conceptos de Marx... Y no me refiero a Carlos, sino a Groucho y su recordada sentencia: "Estos son mis principios; y si no les gustan, tengo otros"...

Para mí -apenas un ciudadano de a pie que supo creer en la seguridad jurídica- este episodio resulta asombroso. Y quedo corto en palabras. Siempre me he jactado ante mis amigos de tener palabras para todo, pero hoy, me quedo en silencio. Es todo lo que puedo decir.

Estoy asistiendo a la última fase de un cáncer terminal en el país.

¿Ir por todo? Pero, ¡qué necio soy! Todavía creía yo que, incluso el "ir por todo" exhibía ciertos límites...

De esta manera, la Corte, con su evidentísima y probada duplicidad, permite que existan categorías distintas entre funcionarios del Estado. Sin importar que se dediquen a actividades afines ni que tengan legislaciones similares y/o iguales. Así se trata de funcionarios de la SIDE (hoy SI), que perciben la totalidad de sus haberes en blanco bajo la Ley 25.520, normativa legal que también rige para Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

¿Es tan difícil, Señores Magistrados, percatarse de la incongruencia? Esto no es otra cosa que un verdadero mamarracho judicial, una aberración jurídica.

Allí también está el caso de POLICIA FEDERAL, por derivación del Caso ORIOLO: su personal se encuentra en una situación diferente y superior a la del personal de las Fuerzas Armadas, de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional.

Es grosera, finalmente, la violación al principio de igualdad en las remuneraciones que ha permitido la Corte.

Es decir, que se ha reflotado una norma abolida ya desde 1813: hoy, se han vuelto a crear categorías diferentes: "Funcionarios Premium" y "Funcionarios Castigados".

Entonces, los Castigados -en lugar de constituírse en hombres de armas con una moral elevada tanto para defender a la Patria como para proteger a sus habitantes, sea cual sea la fuerza- se han transformado, definitivamente, en carenciados.

Carenciados que el Ministro don Arturo Puricelli no dudaría en llamar, ante cualquier hipótesis de conflicto que pudiera producirse.

¿Cómo enmendar, pues, esta grosería?

Quién esto escribe ha consultado a diferentes estudios jurídicos y especialistas en el tema. Estos interlocutores han llegado a la conclusión de que, de no surgir una enmienda desde la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, no quedará otra vía que recurrir a los tribunales internacionales, como ser, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, y/o el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Prerrogativa que engrosará, aún más, el desprestigio de la ya de por sí alicaída imagen de la República Argentina, y la igualmente mancillada imagen de la Administración de Justicia en el país.


Por Sorge, para El Ojo Digital Política
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