La premura pasional de Norberto Oyarbide
La nueva sobreactuación mediática del colorido e irreverente magistrado federal desnuda lo que la ciudadanía ya sospechaba, esto es, que la administración de justicia en la República Argentina atraviesa el peor momento de su historia en lo que respecta a credibilidad. Apuntes necesarios sobre la bomba que no fue y el rol que le cupiere a elementos oscuros de la Inteligencia local en el episodio.
El ex primer mandatario colombiano Alvaro Uribe había llegado al país con el fin de ofrecer una disertación en el Teatro Gran Rex, reconocida sala situada en el microcentro porteño. Ante una concurrencia de unos pocos cientos de invitados especiales, el antecesor de Juan Manuel Santos pasaría, finalmente, revista de los logros más destacados de su gestión, entre ellos, los resultados obtenidos en la lucha contra el terrorismo encarnado por las FARC.
No obstante, a pocas horas de conocerse su arribo a la Argentina, una noticia empañó la presentación de Uribe Vélez. Se trató -como ya es de público conocimiento- del hallazgo de un artefacto explosivo de características desconocidas en el espacio donde la organización WOM Leadership Symposium había programado el evento.
A posteriori, con los primeros reportes se hizo presente el pandemónium. Los medios de comunicación alimentaron el desmadre informativo, especulando sobre la capacidad destructiva de la supuesta bomba. La investigación del caso recayó en el juzgado federal cuyos destinos regentea el magistrado Norberto Oyarbide, y fue en esta instancia cuando la Justicia argentina -o, si se quiere, el diablo- volvió a meter la cola.
El juez tomó el protagonismo en sus manos y, rápidamente y sin aguardar el resultado de peritaje alguno, declaró que el artefacto había sido diseñado para "provocar la muerte de personas cercanas". Oyarbide había cumplido con el primer objetivo de su ya bien conocido proceder: autoobsequiarse la totalidad de las primeras planas de los diarios de tirada masiva y garantizar la aparición de su rostro en las pantallas de tevé en horario central, a nivel nacional. Como era previsible, los medios colombianos se sumaron a esas transmisiones.
Pero, por desgracia para el protagonista, su popularidad refritada hasta el hartazgo transmigraría luego en grosera errata, para rematar con el más estrepitoso de los ridículos. Es bien conocido que la opinión pública nacional desde hace tiempo considera insanablemente liquidada a la credibilidad de Norberto Oyarbide. Tras recaer bajo su tutela un sinnúmero de causas relacionadas directamente con intereses del Gobierno Nacional y sus personeros, el magistrado supo cosechar agudas críticas en base a sus fallos polémicos. En la actualidad, la crítica ciudadana ha comenzado a colorearse con el espeso color de la burla.
Poco tiempo después de que el juez federal revelara las características destructivas del aparato, el vocero a cargo de la Policía Federal Argentina refirió que la bomba apenas había sido preparada para provocar algún estruendo. El magistrado montó, velozmente, en cólera. Volvió a reclamar su lugar en las cámaras para desmentir lo referido por la fuerza de seguridad federal, en tanto vociferaba: "Alguien quiere juzgar al juez". Acostumbrado a portar la impertérrita máscara del mejor jugador de las Series Mundiales de Póquer, el funcionario judicial perdió la calma y el control: el pánico se había apoderado de él. "Aquí hay gatos encerrados", remataría. Casi con lágrimas de impotencia en sus ojos.
Al bueno del magistrado se le escaparon algunos detalles de importancia. Comenzando por el elemento de seguridad que acompañaba al ex presidente colombiano y que consistía de custodia bien entrenada de los servicios secretos de su país y un detachment especial de agentes norteamericanos; esto último, en virtud de que Alvaro Uribe Vélez exhibe el rótulo de "Amigo de los Estados Unidos". De manera complementaria, personal argentino -no solo de la PFA- participó del operativo de protección. A la postre, la contabilización de estas variables servirá para tornar fácticamente imposible que la bomba haya sido detectada espontáneamente por un portero, por personal de mantenimiento o por algún joven que transitara casualmente por allí y tropezara con el mecanismo...
En otro orden, la ubicación del artefacto observaba una lejanía tal respecto del atril que, aún cuando hubiera tenido un poder destructivo de relativa consideración, jamás hubiera podido dejar como resultado víctimas fatales.
En definitiva, por estos momentos es vox pópuli entre las Fuerzas de Seguridad y organismos de Inteligencia que la ingeniería aplicada en el dispositivo era de una sencillez casi insultante para entendidos en el tema. Nada de amonal, trotil, C-4 [Composition Four en su denominación originaria] ni Semtex. Apenas una sencilla bomba de estruendo... de bajo decibel.
En tanto cualquier periodista profundiza en la investigación, se percatará cada vez más de que el inefable Norberto Oyarbide "compró" la versión compartida a él por allegados de Policía Federal, que rezaba que el aparato podía provocar muertes y que había sido plantado por elementos locales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El rastro conduce irremediablemente a un núcleo determinado de la Secretaría de Inteligencia (S.I., ex SIDE) -autor de la operación- y que perseguía el objetivo de amedrentar o, si se hubiese podido, lograr la suspensión de la disertación del ex ocupante de la Casa del Nariño.
Dado que la aparición pública del ex presidente de la República de Colombia no había trascendido mayormente, la meta de los arquitectos del operativo se orientó a alertar a los espectros de la izquierda para que se manifestasen en las cercanías del Gran Rex. Las horas posteriores al surgimiento de la "bomba" en los medios sirvieron de utilidad a jóvenes colombianos vinculados al extremismo local para montar su propio y ciertamente patético show.
En las postrimerías, nada tuvo que ver el hecho -reportan la totalidad de las fuentes consultadas- con alguna intencionalidad pensada para remover del agenda setting de los medios de comunicación el promocionado "Abrazo a la Justicia" que tuviera lugar el pasado martes. Aún cuando tal prerrogativa fuese válidamente considerable por una ciudadanía desconfiada de su dirigencia y sus magistrados. Y, aunque para algunos suene difícil de asimilar, vale apuntar que tampoco existió planeamiento ni responsabilidad ante lo sucedido de parte de funcionarios allegados al Gobierno Nacional.
Mientras es indiscutible que en "La Casa" deberán rodar algunas cabezas, también resulta insoslayable que el juez Norberto Oyarbide hoy ocupa el rol de principal damnificado -aunque no una víctima- en esta intrincada historia. Prisionero de un incurable narcisismo y una predilección enfermiza por los spots y las cámaras de televisión, el funcionario bajo estudio ahora contribuye a engrosar la lista de motivos por los cuales la administración de justicia en la Argentina se encamina hacia la más franca bancarrota.
Exageradas cuotas de protección política y falta de credibilidad en un magistrado -cualquiera fuera éste- son parte de un cóctel explosivo que condena a una democracia a parecerse demasiado a un autoritarismo sin remedio.
Por Matías E. Ruiz, Editor
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