Uruguay: hablando de inseguridad

En el Uruguay de hoy, tres problemas se encuentran al tope de las preocupaciones. Uno es el de la inseguridad, que ha rebrotado, y se trata del más profundo y que observa un avance más bien estructural. Los otros son el de la educación y el de la salud; estos, en el estado en que se encuentran ahora, ni con dinero se pueden actualizarse y mucho menos solucionarse.

En los últimos años, la inseguridad ha avanzado como una mancha cancerosa sin detenerse. Tiene épocas de "altas y bajas" en lo que hace a repercusión, pero jamás ha retrocedido.

En una progresión sistemática, la población ha tenido que, además de pagar los impuestos para que el estado se la garantice, contratar sistemas de seguridad privados, ha debido convertir sus casas en fortalezas, seleccionar el horario de salida de los integrantes de la familia, a efectos de que siempre uno quede de “guardia”, con el lógico peligro que lo copen y lo asesinen.

Políticamente hablando, eso significa un repliegue del Estado, que termina cediendo una de sus facultades a empresas privadas y la estrategia de la protección del derecho a la vida y la seguridad a la propia población, pues si se espera por el Estado, la seguridad "de todos" queda confinada a los sectores más peligrosos.

Desde hace tres años, el Gobierno viene anunciando que estudia medidas para combatir la delincuencia, la droga y la inseguridad. O sea que hace tres años que vienen “chamuyando” (al decir del señor Presidente) sobre el tema, pero en términos ejecutivos, no se ha visto nada. Solo se asiste al deterioro del sistema.

Los uruguayos somos “inadaptados” en nuestro propio País, pues no nos adaptamos a vivir con temores, desconfiando del que se para al lado, nerviosos cuando vamos a pagar una cuenta o a comprar algo por temor a que asalten el local, etc.

Ahora, la senadora Topolansky comunica que están preparando el “show” de presentación de las nuevas (¿nuevas?) medidas para combatir la inseguridad, pues las quieren presentar en un solo paquete para que tengan más efectos sicológicos en la población y se comprendan en toda su extensión.

Esto nos representa la imagen de los bomberos, sentados frente a una fábrica en llamas, estudiando las causas que motivaron el incendio, mientras el fuego consume la estructura.

Lo mismo hace el Gobierno, que desde hace tres años que viene estudiando las causas de la inseguridad, mientras la ciudad es propiedad de los delincuentes y los uruguayos somos asesinados sin piedad. Asaltos, abusos y maltratos son mucho más frecuentes en las clases más castigadas de la población.

El problema es generalizado y no hay zona de la República Oriental del Uruguay que escape al fenómeno. Vemos con horror cómo ciudades del interior donde ni noticias de la inseguridad se tenía, hoy son sorprendidas por este flagelo tan similar al terrorismo.

Hoy se discute si se puede allanar en la noche una boca de venta de droga, si el menor debe ser más o menos castigado, si los presos deben ser tratados y protegidos con mayores medidas humanitarias que la población que con sus impuestos los alimentan y los cobijan.

Uno comprende que el señor Presidente considere que a estos “nabos” hay que explicarles que no deben ser “nabos”, que Olesker quiera imponer sus programas comunistas de rehabilitación (en Rusia, Olesker ya estaría confinado en Siberia y condenado a trabajos forzoso por incapaz), pero puede entender el Presidente José Mujica que, por encima de su sabiduría, pueden tomarse medidas alternativas que afecten a los que están aniquilando a nuestra población.

Y es así que, mientras ellos vuelven a recomponer a las Fuerzas Conjuntas (Policía y Fuerzas Armadas), que tanto combatieron en su época de terroristas, para solucionar el caos de las cárceles y la inseguridad, se debe actuar de inmediato contra las bocas de venta de estupefacientes, sancionando con medidas que salgan del Estado e inhabiliten ese comercio (no vivienda). Las medidas deben coordinarse con los entes quienes les deben cortar de inmediato todos los servicios que ellos presten, para ser más claro, comprobada la existencia de una boca de venta, se le debe cortar de inmediato la luz (UTE), el agua (OSE), el gas, etc. De lo que se trata es de castigar a quienes, luego de efectuados los cortes, se “cuelguen” de los servicios.

Igual sistema se debe aplicar en los hogares de los padres de los menores infractores y a los cuales no hay manera de sancionar, seguramente al sentirse afectados no serán tan condescendientes con sus hijos infractores.

Señor Presidente: ponga en funcionamiento estas sencillas pero efectivas medidas y verá como algo puede empezar a cambiar. Deje de culpar a la prensa por difundir noticias policiales. La Ley Mordaza comienza siempre por una punta.

De algo puede estar seguro, Señor Presidente: el viejo Uruguay de la clase media poderosa, del país "europeo" que se creía distinto de la América Latina profunda, ha quedado definitivamente atrás.