La expropiación de YPF se vuelve en contra de Cristina Fernández

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

El presidente de la junta directiva de Repsol, Antonio Brufau, confía en que su empresa salga airosa en su batalla por obtener una compensación por el 51% que poseía en YPF y que Argentina le expropió. Sin embargo, en una entrevista reciente, dejó en claro que no espera llegar a un acuerdo pronto.

"Argentina no quiere pagar nada", me dijo Brufau en la sede de Repsol. Espera que el gobierno trate de imponer, para justificar su postura, "multas ambientales" equivalentes al valor de lo que debe.

El ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, sugirió lo mismo. "Hablamos con los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales. Seremos absolutamente inflexibles", advirtió en abril. El viernes, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, acusó a la empresa española: "Repsol se internacionaliza sobre las costillas de YPF", expresó", tras "canibalizar" a la petrolera y "depredar nuestro medioambiente", aseveró. Asimismo, enfatizó que Argentina no tiene ninguna intención de pagar los US$10.000 millones que Repsol dice que se le deben.

A partir de una serie de multas que podrían llevar a cero sus obligaciones con Repsol, es posible que Argentina calcule que podría esquivar la condena internacional y restaurar la confianza de los inversionistas sin tener que recurrir a sus menguantes reservas internacionales. No obstante, es probable que sea una tarea difícil.

Brufau dice que en 12 años de operaciones en Argentina, la empresa nunca fue citada por daños al medio ambiente salvo lo que ya había informado y provisionado adecuadamente. Durante ese tiempo, Repsol dice que ha invertido 680 millones de pesos, US$152 millones, en reparación medioambiental y provisionado otros 483 millones de pesos, unos US$102 millones, para "situaciones de impacto ambiental".

Repsol ha llevado su reclamo a la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, en Washington. Pero incluso si la razón está de su lado, no hay duda de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con que se trate de un interminable proceso. Mientras tanto, ella tiene los activos de la compañía con los que cuenta para darle un mayor control sobre lo que parece ser una economía al borde de la crisis.

Pero la decisión de YPF podría empeorar la situación, incluso en el corto plazo. Eso se debe a que la nacionalización se hizo violando el artículo 17 de la Constitución argentina, que dice que una expropiación deber ser llevada a cabo de acuerdo con lo que estipula la ley y no sin antes haber compensado a la compañía.

El hecho de que ni los tribunales ni el Congreso (incluida la oposición) trataran de detener lo que era claramente ilegal según la propia legislación del país confirma lo que muchos argentinos han temido: los pesos y contrapesos al poder Ejecutivo alguna vez previstos han desaparecido. La conclusión lógica es que si el Ejecutivo quiere operar un estado policial, Kirchner no tendrá disputa por parte de otras instituciones.

Tal vez si lo ocurrido en torno de YPF fuera un hecho aislado, Kirchner podría aspirar a rescatar algo de credibilidad del Estado de Derecho en Argentina. Pero no lo es. Desde las libertades civiles —en particular la libertad de prensa, que ha sido agresivamente atacada por el Ejecutivo— hasta la libertad económica, los argentinos y los inversionistas extranjeros han ido perdiendo sus derechos. La expropiación de YPF ha intensificado su sentimiento de aprensión.

La manifestación más reciente es la ofensiva contra el derecho a comprar dólares. La inflación acumulada entre 2010 y 2011 es de casi 50%, pero el peso apenas se ha depreciado 15%, por lo que los mercados esperaban que el gobierno se viera obligado a permitir un ajuste más acelerado del tipo de cambio. Pero la presidenta y su equipo económico se movieron en la dirección contraria: la imposición de estrictos controles sobre la venta de dólares. Los importadores que necesitan comprar dólares ahora se ven en apuros.

El gobierno también comenzó a exigir que los exportadores conviertan sus ingresos en dólares a través del banco central en un plazo de 15 días desde que haya sido realizado el envío al extranjero. Cuando las exportaciones cayeron, la fecha límite se corrió a los 30 días, que sigue siendo una carga excesiva. Los viajeros que necesitan dólares deben realizar la solicitud al gobierno, explicar a dónde van y por qué.

El resultado es un pánico creciente. Los bonos argentinos de 2012 en dólares ahora rinden 19%, las operaciones en pesos en el mercado negro a se realizan con una prima de 40% sobre la cotización oficial y los informes de la prensa dicen que los bancos argentinos han perdido 10% de sus depósitos en dólares en las últimas tres semanas.

YPF hizo el año pasado un gran descubrimiento de esquisto bituminoso en una región llamada Vaca Muerta. ¿Será Kirchner capaz de recaudar el dinero que necesita para explotar el hallazgo? Repsol ya ha señalado que cualquier competidor que se haga cargo de superficies de YPF que hayan sido exploradas enfrentará acciones legales de la empresa española. Pero incluso sin esa amenaza, Argentina es hoy un país donde cualquier cosa puede pasar y un buen lugar que los inversionistas deberían evitar.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 3 de junio de 2012.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011 Dow Jones & Company, Inc. Todos los derechos reservados.