Uruguay, Paraguay y Ushuahia II

Sin entrar a analizar las causas por las cuales fue destituído el presidente Fernando Lugo, de Paraguay, vale la pena -en pocas líneas- revisar las actuaciones de los cancilleres latinoamericanos en la nación guaraní.

 

En una actitud que roza con la incitación al orden público, numerosos cancilleres acusaban, en suelo paraguayo, al congreso de haberse movido apresuradamente y en forma ilegal, sin percatarse de que los apresurados eran ellos, pues, con sus declaraciones excitaban a los pocos paraguayos que estaban en la plaza. Estos ciudadanos aguardaban el resultado de la sesión.

 

En ese apresuramiento (del cual no podía estar fuera de él nuestro "canciller trotamundos", Almagro) proponían aplicar la Cláusula Segunda del “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)”, oportunamente suscrito el pasado 20 de diciembre en Montevideo, Uruguay, durante la cumbre del Mercosur. La meta es, en consecuencia, aislar a la República del Paraguay, cerrándole las fronteras y ahogándolo comercialmente. Situación que terminará por afectar los derechos humanos de los residentes locales. Estos se verán sometidos a una suerte de “bloqueo”, peor que el de Cuba.

 

En esta veloz mala praxis diplomática, estos cancilleres de “chocolate” -encabezados por Maduro, de Venezuela- no recapacitaron; precisamente, lo importante es no aislar al Paraguay, y acompañarlo lo más posible durante los próximos nueve meses. Se llegará, entonces, a elecciones libres y transparentes para dar con el nombre del nuevo primer mandatario.

 

Como siempre, el Uruguay ha adoptado una postura intransigente, exhibiendo una notable carencia de análisis y consultas previas, anunciando que se sumaría a los demás países para aplicar la mencionada cláusula del protocolo de Ushuahia II. Ello demustra, fundamentalmente, un absoluto desconocimiento de las actuaciones internacionales del Canciller Almagro y, por ende, nuestra Cancillería. Ello, debido a que, para la entrada en vigencia de este instrumento, necesariamente tendrá que ser aprobado por nuestro propio congreso, y ello no se ha visto hasta el momento. A la postre, la República Oriental del Uruguay está inhabilitada para aplicarla o incluso proponerla. Idéntico escenario aplica a otras naciones del subcontinente, viéndose incapacitados para actuar. Todos los parlamentos deben ratificar esa acción.

 

Será imposible, entonces, aplicar a la nación guaraní sanción alguna, se trata de cierre de fronteras, aeropuertos, corte de provisión de combustibles, etcétera.

 

Puede concluirse sin temor a error que el gobierno de Montevideo no deja de moverse torpemente y a los tumbos; la Administración Mujica solo ha invertido tiempo en organizar conferencias de prensa para proponer planes que combatan la inseguridad, pero todo ha quedado irremediablemente tapado por el humo de la marihuana, que seguramente afectó a muchos en el momento de hacer declaraciones.

 

En el exterior, mientras tanto, los funcionarios uruguayos “bananizan” nuestra imagen, de la mano de propuestas inaplicables y discursos francamente inentendibles.

 

Nuestro Uruguay no se merece estas vergüenzas y, mucho menos, su pueblo.