Sobre el "golpe de estado" en el Mercosur
En una resolución fulminante -equivalente a un "golpe de estado" institucional-, el bloque sudamericano decidió suspender "de forma inmediata" a Paraguay "del derecho a participar en la XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur", así como de las reuniones preparatorias"...
28 de Junio de 2012
En una resolución fulminante -equivalente a un "golpe de estado" institucional-, el bloque sudamericano decidió suspender "de forma inmediata" a Paraguay "del derecho a participar en la XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur", así como de las reuniones preparatorias". Tal lo referido por una nota emitida por la Cancillería argentina, organizadora de la cumbre en la provincia de Mendoza.
La "Declaración de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados sobre la ruptura del orden democrático en Paraguay" está suscrita por la Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Insólitamente muchos de estos países están inhabilitados para firmar esa resolución, pues no son firmantes del protocolo respectivo, en virtud de que es un documento ilegitimo.
El Mercosur tomó la resolución en tiempo récord; jamás se dieron las garantías institucionales de legítima defensa al gobierno de Paraguay por el carácter de indefensión que soporta el gobierno del presidente Franco. A tal efecto, la brevedad de los plazos del “fallo” mercosuriano dio lugar a la gestación de la suspensión del gobierno guaraní con los mismos argumentos con que se acusó a esa Administración de violar la constitución. Es decir, que no contó con "las garantías esenciales del debido proceso" y la suspensión fue realizada bajo características de un "juicio sumario". De tal suerte que se ha violado el Artículo cuarto del Protocolo de Ushuaia, que especifica: “En caso de ruptura democrática en uno de los países del bloque, deberán ser realizadas las consultas pertinentes, antes de adoptarse cualquier medida".
Los firmantes de dicho documento no tuvieron en cuenta que en Paraguay fue preservado el Poder Legislativo. El parlamento se respetó, en tanto que tampoco se presionó al Poder Judicial. El Ejecutivo siguió el orden natural de sucesión, al haber sido el vicepresidente quién sucedió a Lugo y no un presidente "de facto”.
Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de Paraguay -en uso pleno de sus atribuciones- rechazó el pedido de inconstitucionalidad que el ex presidente Fernando Lugo presentara contra el juicio político que lo destituyó del cargo.
La Suprema Corte de Justicia expresó que la aplicación del juicio político es de exclusiva responsabilidad del Congreso y que la cuestión ya es cosa juzgada, teniendo en cuenta que el Legislativo ya emitió su fallo en el caso y que, anteriormente, el ex mandatario Lugo había anunciado que acataría el fallo del Legislativo.
Respecto del argumento de la defensa de Fernando Lugo, por el corto período de tiempo que se le dio al mandatario para defenderse (menos de 24 horas), la Suprema Corte sostuvo que el del pasado viernes no fue un juicio ordinario, sino un juicio político.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral, en idéntico y pleno uso de sus atribuciones (por medio de su presidente Alberto Ramírez Zambonini) aclaró que Paraguay no puede adelantar sus elecciones para elegir al próximo presidente de la República.
El Cancillero Almagro (República Oriental del Uruguay) siguió las pautas del gobierno argentino y, ubicándose por encima de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, reiteraba en cada medio de difusión: "En Paraguay hubo un quiebre institucional porque no se dieron las garantías constitucionales de legítima defensa: por el carácter de indefensión que vivió el presidente Lugo y por la brevedad en los plazos que determinaron la destitución del gobierno democráticamente electo". O sea que, para el canciller Almagro, pesa más la velocidad del cronómetro que las pautas constitucionales paraguayas y las correspondientes a un juicio político en dicho país.
Almagro manifestó que en la cumbre de Mendoza "podría generarse una comisión de seguimiento de temas en Paraguay, para que se respeten las garantías fundamentales de la gente y que haya el máximo contexto de libertad política en ese país".
Antes bien, esa apuesta podría redoblarse, y lograr que la misma comisión -u otra, independiente y neutral- pueda monitorear las democracias del Mercosur y elaborar un balance sobre la “calidad” y el estado de situación de las mismas, pudiendo recoger toda la información que sea necesaria para dicho documento. Asimismo, certificar que, en caso de que algún gobierno se niegue a colaborar o impida el ingreso de esa comisión, suspender de inmediato su participación en Mercosur y Unasur.
Esa comisión debería presentar en un plazo no mayor de 60 días un análisis de cada país en lo que respecta a: la independencia del Poder Judicial, las presiones y amenazas a la prensa independiente, la clausura de los medios de difusión, las “proscripciones” políticas a ciudadanos que piensan diferente al gobierno, la situación de ciudadanos que tuvieron que exiliarse o salir de los países por persecuciones políticas, la corrupción que desvía dineros del pueblo para las cuentas privadas de ciertos grupos de poder, la pérdida del “derecho a la vida” de la población como consecuencia de la inseguridad, los sistemas de salud pública, la educación, etc.
De verificarse un deterioro en la “calidad” democrática de alguno de los países inspeccionados, al mismo se le suspenderá de inmediato su derecho a participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Mercosur, hasta tanto no recomponga los vicios democráticos constatados.
Frente a todo esto, corresponde tener cuidado con los excesos “solidarios” de la familia ideológica de América Latina pues, con su presión, pueden fracturar definitivamente la circunstancial unión del continente y se tornará, entonces, urgente que el Mercosur se serene. Porque su actual actitud de censura y de intromisión en cuestiones en las que es totalmente incompetente, está dando lugar a un sinnúmero de atropellos.
En el Uruguay, el Presidente José Mujica no debe olvidar que todo lo concerniente al Mercosur y demás organismos internacionales son cuestiones de Estado. Finalmente, le compete no ignorar ni dejar de lado la opinión de todos los partidos políticos.