EE.UU.: regulaciones surgidas de la Ley Dodd-Frank están estrangulando la economía

¿Le ha subido su banco las comisiones o le ha dejado de ofrecer cuentas corrientes gratuitas durante el último par de años? Si es así, se lo puede Ud. agradecer al laberinto regulador que es la ley financiera Dodd-Frank.

Desde su aprobación hace mañana dos años, el número de grandes bancos que ofrecen cuentas corrientes gratuitas ha descendido bruscamente. En 2009, el 96% de ellos ofrecía dichas cuentas, pero en 2011 sólo lo hacía el 34.6%.

El senador Chris Dodd (D-CT) y el representante Barney Frank (D-MA) argumentaron que la ley que lleva sus apellidos salvaría a Estados Unidos de otra crisis financiera, pero la mayoría de las disposiciones de la ley tienen poca o ninguna conexión con la reciente crisis.

Por ejemplo, la ley Dodd-Frank no acaba con los rescates financieros ni con el respaldo del contribuyente a los grandes bancos. Con esta ley, se le permite a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) que adquiera los activos de una empresa en declive, que garantice las obligaciones de una empresa en declive, que adopte un interés de seguridad en los activos de una empresa en declive y que pida préstamos sobre el total de los activos consolidados de una empresa en declive (para el Banco de América, eso supondría $2 billones como autoridad en caso de rescate financiero que habrían de ser pagados por los contribuyentes).

De hecho, el Congreso ha probado que diagnosticó terriblemente mal los factores responsables de la crisis financiera, a la vez que ignoraba a los culpables primordiales como son Fannie Mae y Freddie Mac. Pero en su prisa por parecer relevante y situarse por encima de todas las cosas, el Congreso ha desatado una asombrosa cantidad de nuevas regulaciones que ciertamente están dañando (no ayudando) a la economía.

Hay una razón por la que se ha denominado a la ley de regulación financiera como la ley “Dodd-Frankestein”. Esta monstruosa creación aumentará las filas de los reguladores con 2,849 nuevos puestos, según la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO). Además de crear otra nueva burocracia llamada la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que tiene poderes verdaderamente sin parangón.

Se supone que esta nueva oficina regula las tarjetas de crédito y débito, las hipotecas, los préstamos educativos, las cuentas corrientes y de ahorro y la mayoría del resto de productos y servicios financieros para el consumidor. Y ni siquiera está sujeta a la supervisión del Congreso.

Y de una manera aterradora, la autoridad reguladora de la CFPB es exactamente tan vaga como vasta. Más de la mitad de las disposiciones reguladoras de la ley Dodd-Frank establecen que las agencias “pueden” emitir normas o que emitirán normas según “determinen que son necesarias y apropiadas”. Esto quiere decir que, tal como expuso The Economist, “Como a la hidra del mito griego, a la ley Dodd-Frank le pueden crecer nuevas cabezas cuando lo necesita”.

En este caso el Congreso evitó elaborar una ley de verdad y pasó la responsabilidad de “arreglar” el sector financiero a estos burócratas de nuevo cuño. Y el asunto no ha estado yendo demasiado bien.

Como explica la analista de la Fundación Heritage Diane Katz en una revisión tras dos años de existencia de la ley:

A día 2 de julio, el 63% de las fechas límite se han sobrepasado, lo que ha intensificado la nube de incertidumbre que envuelve al sector financiero (y a la economía) desde la aprobación de la ley. Miles de empresas no saben lo que el gobierno les está pidiendo que hagan de forma distinta o cuándo deben hacerlo.

Los resultados de esta caótica regulación son funestos, comenta Katz, ya que “los consumidores experimentarán créditos estrictos, cuotas más altas y menos innovación en los servicios. Y la creación de empleo sufrirá por ello”. Katz añade que “las compañías financieras de todos los tamaños están soltando cientos de millones de dólares a directivos y abogados en pro de la conformidad con la regulación en lugar de estar dando préstamos para nuevos hogares y empresas”.

De modo que la ley que se suponía que arreglaría el sector financiero (y que creó algo llamado la Oficina de Protección Financiera del Consumidor) está perjudicando a los consumidores en vez de “protegerlos”. El Congreso debería derogar la ley Dodd-Frank antes de que pueda causar más daño.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.