Macondo: Gerardo Martínez, Nilda Garré, el General Milani y el Batallón 601

No será esta la primera ni la última oportunidad en la división del movimiento obrero argentino que se observe en nuestra historia sindical. Ya en anteriores administraciones justicialistas convivieron distintas centrales obreras; recordar el caso de la "sede Azopardo" y la "CGT Brasil".

En la actual administración autocrática se pretende, por estos días, consolidar una CGT que responda directamente al Poder Ejecutivo. A nivel popular, ésta ya se da en llamar "CGT Balcarce 50", en obvia referencia a la sede de Casa de Gobierno.

Nuestra primer mandataria, la Presidente Cristina Elisabet Fernández Wilhelm de Kirchner había ungido como Secretario General al gremialista de la UOCRA Gerardo Martínez quien, al parecer, es portador de un obscuro pasado, en su rol de agente secreto de la Inteligencia castrense. Más precisamente, del denominado Batallón 601.

En el último programa del Señor Jorge Lanata, se exhibió al referido dirigente obrero, sentado a la diestra de la Presidente de la Nación, para luego hacerse hincapié en su pasado como agente de la estructura militar, tipificando su participación en el Ejército como si ese solo hecho representara un grave delito.

Quien esto escribe desea dejar asentado que, si la actual Dirección de Inteligencia Militar -conducida por el General Cesar del Corazón de Jesús Milani- fuera una dirección que operase al margen de la ley, por ende, el Ejército Argentino también lo sería, en virtud de que dicha dirección depende del Estado Mayor General del Ejército.

Surgen, aquí, una serie de malas interpretaciones desde la famosa publicación de listados del personal militar en Revista 23 del Señor Sergio Szpolski. Desde ese momento, cualquier agente que oportunamente prestó servicios en el Ejército en el estamento de Inteligencia pasó a ser considerado como "represor" o un virtual "asesino por naturaleza".

La actividad de Inteligencia es, en sí misma, una actividad que se lleva a cabo en todos los ejércitos del mundo. Las Fuerzas Armadas responden a la Seguridad y la Defensa de la Nación, y tienen por objetivo la recolección de información pertinente para ser utilizada por el Comandante en Jefe de tales fuerzas. En este caso, la Comandante en Jefe resulta ser la Presidente de la Nación quien, a su debido tiempo, se erigió como adalid de los Derechos Humanos en grado superlativo. A punto tal que, en ocasión del famoso acto de entrega de la ESMA, incluso se desconocieron los juicios realizados a las Juntas Militares durante el gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín.

Así las cosas, en su rol de Presidente de todos los Argentinos, es dable esperar que nuestra insigne mandataria se encuentre bien informada por parte de los órganos competentes de Inteligencia y que, al sentarse con el Señor Martínez (con el objetio de debatir el futuro del gremialismo afín) supiera que lo hacia -siempre de acuerdo a su percepción- con un "asesino y represor". Si acaso la Señora de Kirchner desconocía el pasado de quien nos ocupa, el problema sería más grave aún: no estaría debidamente informada a nivel de la correspondiente toma de decisiones.

El hecho gravísimo que cobrara forma de publicación de la identidad de miles de agentes secretos del Ejército y la Armada representa un hecho inédito a nivel mundial. No es el caso de países occidentales que se precien de seriedad y cuidado en la seguridad del personal que prestó servicios para su país... si acaso las Fuerzas Armadas, en el caso argentino, continúan siendo parte de la Nación.

Cítese, por ejemplo, el affaire Valerie Plame en los Estados Unidos de América. Se trató de una agente de campo de la Central de Inteligencia (CIA) cuya identidad fue revelada por un medio gráfico. El asunto, por su gravedad, dio lugar a un leading case en la materia: se motorizó una seria investigación en procura de determinar los autores de la filtración, y el hilo conductor de la investigación condujo a la mismísima Casa Blanca. Tembló el poder político de turno, se sancionó severamente a los autores de la filtración que formaban parte de dicho poder y se llevó a cabo un juicio, sin mencionar la detención de personal que se desempeñaba bajo el entonces vicepresidente Dick Cheney y la fijación de las indemnizaciones correspondientes. En el país del norte, es el Acta de Protección de Identidades relativas a Inteligencia la que entiende sobre delitos relacionados (punible hasta con diez años de prisión de cumplimiento efectivo). A tal efecto, se encuentra disponible el film que versa sobre el affaire Plame, protagonizado por Sean Penn. Actor que oportunamente se fotografiara en Casa de Gobierno con la primera mandataria argentina. Habida cuenta de que la Señora es cinéfila, desde aquí se lo recomendamos.

Como corolario, vale destacar que la Jefe de Estado es perfectamente consciente de que no está permitido revelar la identidad de agentes secretos. En nuestro país, dicha identidad se encuentra protegida por la legislación que regula el accionar de los mencionados servicios (Ley 25.520). Tan consciente es que, al momento de liberar el secreto sobre la identidad a través del Decreto 4/2010, lo hizo dejando en claro que la identidad solo podía ser revelada en sede judicial y ante algún caso o episodio particular sucedido en los años setenta y relacionado con causas sobre Derechos Humanos. Aclaró -en el citado Decreto- que la información debía guardar el más estricto secreto y confidencialidad. La violación de este deber hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el Libro II, Tíitulo IX, Capítulo II, Artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación.

Así fue establecido por Decreto Presidencial por parte de la Presidente de la Nación Cristina Fernández. Ergo, colijo e interpreto que la difusión a través de los medios de este tipo de información es responsabilidad de la, en su momento, Ministro de Defensa Nilda Garré y, por extensión, del Jefe del Ejército Pozzi y del Director de Inteligencia Militar General César Jesús del Corazón Milani. Este último -dicho sea de paso- formó parte, como oficial subalterno, del Batallón 601, luego denominado CRIM (siglas para Central Reunión Inteligencia Militar), con sede en Campo de Mayo, y ya no en el emblemático edificio de Viamonte y Callao, cuya fotografía acompaña la presente columna.

En otro orden, el Señor General Milani -y ante presentaciones judiciales en las que se demanda al Ejército por distintos temas, entre ellos malversar fondos del personal- responde a los juzgados con información del demandante en soporte de microfilmación, por razones de “SEGURIDAD”. Vaya incongruencia: casi podría calificarse como de tinte capitalista usuraria. Si tengo que responder en temas que signifiquen un perjuicio dinerario, respondo con un micropunto, y si mi intención fuera ser desleal, bastaría con suministrarle al Señor Sergio Szpolski los datos completos del personal. Hermoso tratado de moral el empuñado por el General. Digno de reescribir a los griegos...

Al cierre, diremos que el Señor Szpolski no hace mucho tiempo amenazó a distintos periodistas, entre ellos, a uno de "la Corpo", como gusta denominarlos, y a Editorial Perfil. Solo por mancillar su "buen nombre y honor". Cabría, entonces, preguntarse -o preguntarle al Señor Szpolski y su multimedios, "SU Corpo" y a la Justicia- quién deberá hacerse responsable por la seguridad, la honorabilidad y el buen nombre de miles de familias que, solo por pertenecer a una institución, hoy se han visto mancilladas, en tanto que son tratados como verdaderos parias.

En algún momento -y de seguro-, alguien pagará esta ignominia.

"Sorge" | El Ojo Digital Política
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