El Departamento de Justicia bloquea Voter ID ante cada oportunidad que se le presenta

Gente que al parecer está votando después de que ha estado muerta durante años. Reyes de la droga comprando los votos de la gente pobre para influir en las elecciones. Personas que no son ciudadanas americanas siendo llevadas en autobús hasta las urnas y aleccionadas para votar. Las historias del fraude electoral son impactantes y los estados han estado tomando medidas para asegurarse de que las elecciones son seguras. Pero el Departamento de Justicia, dirigido por el procurador general Eric Holder, ha bloqueado a los estados en casi toda ocasión que se le presenta.

Se trata del mismo Departamento de Justicia que frenó una reforma electoral no partidista al argumentar que si la afiliación de partido fuese eliminada de una votación, los votantes afroamericanos no se podrían identificar y votar por los demócratas. Holder ha continuado avivando la confrontación racial, denominando al requerimiento para que los votantes presenten una identificación con fotografía un “impuesto electoral”. El experto de la Fundación Heritage Hans von Spakovsky comentó que este argumento es meramente político. “Holder continúa perpetuando este incendiario error ante el público, sabiendo que la afirmación del impuesto electoral está cargada racialmente y que no se debería usar a la ligera”, comentó. Spakovsky explicó que:

Ni siquiera la Corte de Apelaciones del 9º Circuito (la corte de apelaciones más progresista del país) compartió la afirmación del impuesto electoral por parte de Holder cuando esta revisó la ley de identificación del votante de Arizona. En el caso González contra Arizona (2012), el 9º Circuito sostuvo que incluso si “obtener la identificación gratuita requerida con [la ley de Arizona] pudiera tener un costo”, costos tan irrelevantes no constituyen un impuesto electoral.

Holder está ahora “investigando” la ley de identificación del votante de Pensilvania, bajo la acusación por parte de la izquierda de que priva del derecho de representación a las minorías.

El antiguo congresista Artur Davis, un afroamericano de Alabama que formó parte del Congreso como demócrata desde 2003 hasta 2011, encuentra este argumento increíblemente insultante. Conversando ayer en la Fundación Heritage, Davis mostró su permiso de conducción y dijo: “Esto no es una porra. No es una manguera para incendios. Antes representaba a Birmingham y Selma, Alabama, así que sé algo sobre mangueras”.

En los estados que tienen leyes de identificación del votante, los resultados prácticos muestran que las minorías no han sido privadas del derecho de representación de ninguna de las maneras. Los estados que requieren una identificación para votar han ofrecido identificaciones gratuitas para cualquiera que no tenga ya una. En Kansas, que permite cualquiera de las nueve formas distintas de identificación como prueba de identidad para votar:

De un total de 1.713.000 votantes registrados en Kansas, sólo 32 personas habían solicitado una identificación gratuita con fotografía hasta el día 4 de mayo de 2012. Eso representa sólo el 0.002% de los votantes registrados del estado. De esos 32 votantes, el 80% era de raza blanca, el 10% era de raza negra y la raza o etnia del 10% restante era desconocida. Así que no hay evidencia de que los votantes pertenecientes a alguna minoría se viesen afectados de manera desproporcionada.

Georgia, que ha tenido la identificación del votante desde 2007, permite seis formas diferentes de identificación para votar. Y no ha habido una estampida de posibles votantes que carecen de una identificación: “El número de identificaciones con fotografía emitidas por Georgia para personas que no tenían ya una de las formas de identificación aceptables según la ley del estado es extraordinariamente pequeña, promediando menos del 0.05% la mayoría de los años y no llegando siquiera a un 0.30% en un año con elecciones presidenciales”.

¿Qué les ocurrió a los votantes pertenecientes a minorías después de que la ley entrara en vigor? En las elecciones presidenciales de 2008, los votantes hispanos de Georgia aumentaron en un 140% respecto a las elecciones de 2004. Los votantes afroamericanos se incrementaron en un 42%. Esta es además una tasa de crecimiento mayor que en otros estados sin identificación del votante. Von Spakovsky observa que:

El aumento de la participación tanto de hispanos como de personas de raza negra en las elecciones presidenciales de 2008, después de que la ley de identificación del votante se hiciera efectiva, es bastante sorprendente, especialmente dadas las afirmaciones sin pruebas y completamente especulativas por pate del Departamento de Justicia de que los requerimientos de identificación del votante por parte de Texas y Carolina del Sur tendrán de algún modo un impacto discriminatorio sobre los votantes hispanos y de raza negra. De hecho, Georgia tuvo la mayor participación de votantes pertenecientes a una minoría de su historia.

La prueba de que presentar una identificación con fotografía es un impedimento, simplemente no existe. “¿Cómo puede ser un impedimento pedir a la gente que haga algo que hace todo el tiempo?” se preguntó el congresista Davis, que comentó que fue a una organización de periodistas y tuvo que presentar su permiso de conducción para acceder a la misma.

Incluso el Departamento de Justicia también requiere una identificación a sus visitantes.

Las luchas sobre la identificación del votante no se han terminado y los grupos de activistas están intentando todo lo que se les ocurre para desafiar esos requerimientos. La Asamblea de Minnesota aprobó un referéndum que puso en manos de los ciudadanos la decisión sobre la cuestión de la identificación del votante en las elecciones. Pero la cuestión de la votación está en litigio debido a que la Liga de Mujeres Votantes la ha denunciado, con el argumento de que la cuestión está “desorientando” a los votantes. La Corte Suprema de Minnesota pasará ahora a considerarla.

Y en el estado de Kentucky ha quedado claro que comprar votos es una práctica común. El voto de una persona se puede comprar a menudo por $50. Recientemente, ha salido a la luz que traficantes de cocaína y marihuana están usando dinero procedente de la droga para comprar votos e influir en las elecciones. Según un informe, “Sólo en el Distrito Este de Kentucky, más de 20 cargos públicos electos así como otro tipo de cargos o bien han sido condenados o bien se declararon culpables en diversos casos de compra de votos únicamente en los dos últimos años”.

Estados Unidos no se puede permitir que sus elecciones no sean seguras y legales. La prevención del fraude en torno al votante es de sentido común y es escandaloso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la obstaculice.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.