La Argentina y el swap bolivariano

A fines del pasado mes de julio, dignatarios de la Argentina y de la República Bolivariana de Venezuela suscribieron el primer acuerdo oficial de cooperación militar. El sello del convenio fue certificado por los ministros de Defensa de ambos países, Arturo Puricelli y el General Henry de Jesús Rangel Silva, y contempla la complementarización gradual de las doctrinas de ambas Fuerzas Armadas, además del intercambio de oficiales para entrenamiento y el desarrollo conjunto en materia de equipamiento.

Aún cuando la información no oficial es escasa, ha trascendido que el marco de cooperación involucra la posible adquisición de vehículos militares de transporte de origen venezolano por parte de la Argentina. Transacción que podría incluso abarcar al promocionado avión no tripulado bolivariano (que, en realidad, Caracas desarrolla en conjunto, y en relativo secreto, con la República Islámica de Irán).

Sin embargo, tras el velo de una rúbrica en tándem pueden inmiscuírse detalles de interés, en virtud de que el acercamiento termina por sumar definitivamente a Buenos Aires al eje ya consolidado entre Teherán y Caracas. No en vano, se cita el caso particular de los drones puesto que, en concordancia con reportes periodísticos originados en Europa y la propia Venezuela (sumados a informes de Inteligencia de América del Norte y el Viejo Continente), surge que la asistencia técnica entre iraníes y venezolanos es bastante más aceitada de lo que podría corroborarse a simple vista. El ingeniero persa Ramin Keshavarz es sindicado por distintas fuentes como el verdadero cerebro en las operatorias de transferencia de tecnología para aeronaves no tripuladas desde el Medio Oriente hacia el Caribe. Sucede que, más allá de la autorreferencia propagandista del presidente Hugo Chávez Frías, Venezuela no dispondría del recurso material y humano para hacerse de esta suerte de tecnologías complejas. A tal efecto, la identidad del citado ingeniero iraní -de credenciales comprobadas en la Guardia Revolucionaria de Teherán- destacó en investigaciones que reportaron con gran detalle sobre el embarque de drones desde Teherán hacia Caracas. Habida cuenta de que el territorio de la República Islámica está siendo sometido por estos tiempos a una estricta vigilancia satelital, el régimen conducido por Mahmoud Ahmadinejad ha optado por transferir algunas operaciones de manufactura militar hacia territorio venezolano donde, en apariencia, es factible conducir operaciones con mayor secretismo. Chávez provee el combustible necesario para operar las aeronaves, en tanto que la nación persa efectúa el aporte tecnológico correspondiente, pero con un condimento de alto voltaje: la reconversión de los aviones no tripulados para que puedan emplearse como arma ofensiva (no solo como ojo electrónico). A la sazón, Caracas ha puesto en fase de testeo a seis de esos aparatos, para producir tres modelos propios: Venezolano, Vengador y Justiciero. La firma local Parchin ha sido puesta bajo sospecha por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) por conducir pruebas con explosivos en la localidad venezolana de Morón. Material que sería utilizado para "armar" a los drones que, a fin de cuentas, no serían simples avioncitos.

Retomando la áspera cuestión de la hermandad militar entre Caracas y Buenos Aires, existe otro inconveniente: en el año 2008, Washington incorporó al General Rangel Silva en su internacionalmente conocido ranking de "capos de la droga" [Drug Kingpin List], a raíz de vinculaciones del personaje con el grupo insurgente colombiano FARC. Colorida selección en donde también se encuentra mencionado el alto jefe del cártel mexicano de Sinaloa, Juan José Esparragoza. Entre los considerandos de la decisión que comprende a Rangel, Estados Unidos justificó la medida debido a que éste ha colaborado con la guerrilla colombiana brindándole soporte y protección, acaso para que pueda proceder operacionalmente -y de modo más eficaz- contra el gobierno de Bogotá. La relación con los narcóticos viene a cuenta de que, previamente (en 2003), el país del norte ya consideraba a las FARC como una organización dedicada al tráfico de drogas ilícitas a gran escala. El general chavista (solo por su rol protagónico en la Kingpin List) se halla imposibilitado de poseer bienes y cuentas bancarias en los Estados Unidos de América, bajo riesgo de ser confiscados. A la luz de algunos datos -o, quizás, mal asesorado-, el Ministro de Defensa Arturo Puricelli ha terminado por involucrar a la Argentina en una perturbadora madeja, de la que participan organizaciones insurgentes, el tráfico de drogas y la República Islámica de Irán, cuyo líder ha llamado en repetidas oportunidades a "borrar a Israel del mapa" y con involucramiento en el feroz atentado contra la mutual AMIA en 1995. En cualesquiera de los casos, la previa del convenio argentino-bolivariano probablemente ni siquiera roce el territorio de la novedad: la Administración Chávez Frías reconoció haber financiado a elementos extremistas ligados a Madres de Plaza de Mayo, sectores del piqueterismo y "organizaciones sociales". Milagro Sala (Tupac Amaru) y Luis D'Elía seguramente podrán aportar datos a este respecto. En determinados ámbitos, los fusiles de asalto rusos de que dispone la fuerza de choque que obedece a la jujeña ya no representan un rumor, en tanto que el periplo del segundo a la antigua Persia (junto al cabecilla de Quebracho Fernando Esteche) observó, oportunamente, estado público.

Recuérdese que, en nuestro país, el espectro de los "luchadores sociales" (etiqueta similar a la de "luchadores por la libertad", empleada en los años ochenta para denominar al elemento más virulento del Ejército de Liberación de Palestina) observa discrecionalidad para operar con impunidad -aún cuando desempeñaren actividades ilícitas-, gentileza de la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520, Capítulo II, Inciso 2 (Ningún organismo de Inteligencia podrá: obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción). Tal legislación luego sería reforzada por Decreto Presidencial en tiempos de Néstor Carlos Kirchner, siempre en acuerdo con las recomendaciones que el propio Hugo Chávez compartiera con el difunto, frente al temor confeso del patagónico de cara a la posibilidad de sufrir un "golpe económico" que jamás tuvo lugar. El líder bolivariano ha sido el verdadero arquitecto detrás de la idea de las fuerzas de choque paraoficialistas que Kirchner supo tomar de buena gana y que ahora comienza a ser contemplado -tardíamente- con preocupación en el orden político nacional y ciertas porciones del periodismo. El plan se redondea con el bastardeo incesante en perjuicio de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (en conjunción con su desarme). Los declamados cursos de "derechos humanos", por ejemplo, tienen por objetivo consolidar la destrucción moral de las fuerzas de policía, para que las fechorías de las organizaciones sociales jamás se vean interrumpidas. Y vale recordar la trillada expresión que convoca -no sin cinismo- a "no criminalizar la protesta social".

En función de que los planes de complementación militar entre Caracas y Buenos Aires aparecen como un irrebatible sinsentido (dado que la Argentina claramente dispone del know-how y del recurso humano necesario para producir sus propios equipos), resta tratar la cuestión de la infiltración ideológica. Aspecto que no solo cobra forma en el mal llamado "intercambio" o swap de oficiales con el Ejército Argentino (pues, en la práctica, este es solo de ida), sino que también se presenta en la forma de centenares de supuestos "psicólogos sociales" de nacionalidad venezolana que operan en la extensa geografía del conurbano bonaerense. Parte de este elemento incluso aterriza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin cobertura alguna, exhibiendo sus bolsos de color negro con el bordado que reza "República Bolivariana de Venezuela" (en letras doradas). Otros -oficiales de Inteligencia- se movilizan a lo largo de esta y otras terminales aéreas del país con importantes sumas de dinero en efectivo (Euros y dólares de EE.UU.), que utilizan para cubrir las operaciones de sus contactos y también para cooptar a quien fuera necesario cooptar. En este esquema, cobra valor -nuevamente- el giro de miles de pasaportes argentinos en blanco con que el Ministerio del Interior ha venido proveyendo al gobierno de Chávez. Esta es una de las razones que sirven para explicar la ingenuidad del funcionario a cargo del área -Florencio Randazzo- cuando insinúa que Washington se encuentra próximo a eliminar la solicitud de visado para ciudadanos de nuestro país, incluyéndolo en el Visa Waiver Program. En rigor, Randazzo no solo ha malinterpretado las señales, sino que se expresó a perfecto contramano de la realidad: precisamente, Estados Unidos responde a la nueva sociedad de la Casa Rosada con Venezuela interrumpiendo la asistencia militar con Buenos Aires -por citar un ejemplo-, pero también dificultando cada vez con mayor periodicidad el ingreso de turistas argentinos en su territorio. Estos ya comienzan a ser demorados no debido al azar, sino porque su documentación necesita ser cotejada más de una vez con las bases de datos a disposición. Por transitividad, los países de la Eurozona aplican idéntico criterio, dado que comparten con los estadounidenses toda información digital que versa sobre individuos ligados al terrorismo, el tráfico de drogas o el lavado de dinero. Téngase en cuenta, a este respecto, que las exigencias para la implementación de pasaportes biométricos a nivel global partieron en su momento del Departamento de Estado -a consecuencia de los atentados contra el World Trade Center en 2001- y la EU acató rápidamente y con presteza esa recomendación.

La configuración suplementaria al esquema ideológico y militar alcanza, por supuesto, a la esfera económica. Espectrograma en donde la Argentina tampoco puede exhibir beneficios en su intercambio con Venezuela. En este terreno -existe información abundante en la prensa tradicional y, por ello, cualquier profundización sería redundante- sobresalen los convenios energéticos deficitarios cerrados entre el Ministerio de Planificación (con asistencia perfecta de don Julio De Vido) y la República Bolivariana (PDVSA y su holograma local, ENARSA). Destaca también, en este terreno, la deuda externa asumida con la Administración Chávez Frías en forma de empréstitos de variada índole y bonos, que Caracas termina liquidando a la primera oportunidad. Desde 2003, el periodismo oportunista arguye -casi con socarronería- que se ha sustituído al acreedor de manera desprolija. Abandonando al Fondo Monetario Internacional en beneficio del favor interesado encarnado por el bolivarianismo; y sin importar, claro está, que el vilipendiado organismo multilateral de crédito preste a tasas sensiblemente menores.

Para aquellos analistas políticos que han seguido de cerca los mejores episodios de la fusión entre la Argentina y Venezuela, no será difícil descifrar que la plétora de convenios y acuerdos citados no solo se esbozan en una suerte de acelerado blanqueo para algunos eventos que ya venían teniendo lugar (con el enriquecimiento de sus protagonistas en la práctica), sino que pueden servir de telón para otras derivaciones con alcance bastante más oscuro, cuyo desenlace aún está por verse. Ambitos de estudio en donde la aniquilación del pensamiento estratégico se corporiza, apenas, en un daño colateral.

Matías E. Ruiz, Editor
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