Economía y política: cuando la historia se repite

La Cámara Alta dará tratamiento a la denominada "Ley Conti" durante la próxima semana. El proyecto, que en líneas generales dispone el traspaso de depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación, obtendrá el número de votos suficientes para ser sancionado de manera definitiva.

Los números reflejan que la caja del banco bajo análisis contabiliza un aproximado de 6.500 millones de pesos. Sin tales activos, el Ciudad exhibirá serios problemas para continuar financiando los créditos hipotecarios a particulares y PyMEs. Esto implicaría que el importante flujo de fondos que la institución bancaria de la Ciudad Autónoma utilizaba para destinar a créditos de promoción a bajo costo pasará a ser aprovechado para idéntico destino, pero ya desde el Banco Nación.

La iniciativa fue aprobada en Diputados por 128 votos en favor del oficialismo contra apenas cuatro en contra. En tal sesión, el kirchnerismo hizo buen uso de la presencia de legisladores opositores como Felipe Solá y sus bloque de dos diputados, más el salteño Alfredo Olmedo. Se sesionó aún después de haber transcurrido el tiempo reglamentario de treinta minutos tipificado para obtener el quórum.

Es que el Gobierno Nacional ha decidido poner la lupa sobre el sistema financiero. En los primeros meses del corriente año, se sancionó la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, con el referido argumento de la "soberanía monetaria y cambiaria". En este sentido, avanzó con la derogación de la Ley de Convertibilidad, letra desde la cual se hacía referencia a las "reservas de libre disponibilidad". Estos recursos -definidos conforme a la citada ley desde finales del 2011- arrojaban resultado negativo, como consecuencia de la creciente "fuga de capitales" que alcanzara la cifra de US$ 21.500 millones de dólares, aún después de las incipientes restricciones impuestas contra el tipo de cambio en aquella época. La reforma se basó en remover esa cláusula de restricción de financiamiento, para que el Gobierno Nacional pueda disponer rápidamente de los fondos del Banco Central, entre otras cuestiones.

Lo institucionalmente grave del caso tiene relación con la forma elegida para vulnerar la autonomía del BCRA, garantizada por mandato constitucional y por la división de poderes. Ello, en virtud de que, desde ahora, la entidad actúa "dentro del marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional": el juego de palabras remite a una consolidada primacía de las decisiones del Poder Ejecutivo en perjuicio del Legislativo. Y es de público conocimiento que es el Congreso el encargado de delegar facultades al Banco Central para proteger a la moneda nacional. Los ejemplos en el resto del mundo son contundentes: los sistemas caracterizados por tener bancos centrales independientes devuelven tasas de inflación sensiblemente menores.

La invocacíon al recurso de la "soberanía monetaria" ha estado entre las más utilizadas por los referentes del oficialismo en ocasión de las sesiones recientes en Senadores y Diputados, cobrando particular protagonismo en la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica.

En igual orden, es lícito destacar que el parlamento argentino, a lo largo del año en curso, ha invertido signficativas porciones de su tiempo en temas relacionados a la política monetaria: Banco Central, Banco Ciudad y Ciccone. Compendio al que habrá que sumarle la expropiación/nacionalización de YPF y terreno en el que corresponde tener en cuenta la enorme importancia que significa gerenciar una empresa petrolera estatal con sus posteriores regalías.

De tal suerte que es oportunidad válida para deslizar una pregunta: ¿acaso la integridad de las reservas, el salario, la moneda y el ahorro de los ciudadanos se encuentran a buen resguardo de la avidez declarada del Gobierno Nacional? Las perturbaciones en el mercado financiero argentino acusan una influencia directa y consabidamente negativa en el nivel de actividad económica y la cotidianeidad de las personas, retornando efectos tales como depresiones, inflación y corridas cambiarias. Esto se ha visto en los capítulos que dieran inicio al "cepo" contra el dólar estadounidense, medida que contribuyó a la creación de un mercado paralelo o Blue que redundó en el crecimiento de la brecha/spread en el tipo de cambio. Otro tanto ha sucedido con la medición de la inflación, aspecto en donde la brecha vuelve a hacerse presente entre las estimaciones privadas y la compartida por el INDEC.

En silencio, pero de manera peligrosa, el país se acerca a una oferta excesiva de su moneda nacional, el peso. El salario mínimo anunciado por la Presidente llega a $2.875. En 2003, era de $250. Al decir suburbano, en tiempos presentes son necesarios veintiocho billetes de cien pesos y algo más; nueve años atrás, "alcanzaba" con dos de cien y uno de cincuenta. Acaso deban rastrearse aquí las razones por las cuales la Casa de Moneda no dio abasto en materia de impresión de billetes, viéndose obligada a tercerizar la producción a la República Federativa del Brasil y a la ahora recientemente estatizada Compañia de Valores Sudamericana. Del incremento del índice de precios al consumidor nada se dice. El de 1989 se esboza en un pésimo antecedente: en aquella instancia histórica, el gobierno emitió a tal velocidad y en semejante cantidad que las imprentas terminaron colapsando. Toda vez que un lapso de tiempo -como el actual- observa una importante circulación de dinero, inmediatamente le sobreviene otro en el que las mercaderías escasean, los precios unitarios suben y el efectivo pierde su valor.

La política cambiaria de cualquier nación no es un tema menor, por cuanto permite correlacionar los precios del país con el resto del mundo. Por cierto, también ordena el poder adquisitivo de los asalariados, los precios de la producción (ya se trate de alimentos, medicamentos, energía, etc.) en su comparativa con otras naciones del orbe. Dada la circunstancia económica actual -en la cual se ha comprobado una contínua fuga de capitales-, las problemáticas observadas traerán consigo una devaluación encubierta de la moneda y, por consiguiente, un nuevo auge de un mercado paralelo en donde los sectores con capacidad de ahorro se toparán con dos opciones: hacerse de moneda extranjera abonando por ella un precio exagerado e injustificable, o bien abandonar el mercado directamente. Cae por propio peso cualquier defensa que se realice en favor de las medidas oficiales en el sentido de que la Casa Rosada ha decidido "administrar el tipo de cambio" y que con ello "protege el poder adquisitivo del trabajo en nombre de la justicia social y del desarrollo del mercado interno" y la explicación es bastante más sencilla. El tipo de cambio devuelto por el dólar estadounidense (y otras monedas extranjeras) y el salario en nuestro país se encuentran emparentados por una relación inversamente proporcional: cuando el dólar sube su cotización en pesos, el poder adquisitivo del salario cae.

Algunos han señalado que uno de los modos más eficientes para destruir el capitalismo se basa en la corrupción de la moneda, factor generado desde la oferta excesiva de la misma. Esto es lo que se está haciendo en la Argentina, en este preciso momento.

Lic. Eric Nesich | El Ojo Digital Política
Twitter: http://twitter.com/EricNesich

* El autor es Licenciado en Periodismo y Licenciado en Ciencias Políticas