Los impuestos o la vida

Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina).

Los estados se han transformado en verdaderos monstruos que devoran la riqueza que generan los individuos y el sector privado. ¿Cómo nació la idea de que pagar impuestos es algo sagrado?

Por esas cosas de la vida se ha impuesto, casi unánimemente, la creencia de que el pago de los impuestos es sagrado. Tributar al fisco, se dice y se cree, es una obligación, cualquiera sea la carga tributaria que se le imponga al contribuyente y cualquiera sea el uso de los recursos que recauda el Estado.

A tal punto se ha llegado, que hace décadas que existe el famoso solve et repete, expresión que significa que si uno no está de acuerdo con lo que le exige el Estado que tiene que pagar de impuestos, primero tiene que pagar y luego iniciar la acción legal correspondiente. Digamos que el ciudadano es culpable hasta que demuestre lo contrario.

En un sistema económico de libertad, la gente obtiene sus ingresos produciendo algún bien o servicio que satisface las necesidades de los consumidores. Esto significa que el ingreso de la gente, bajo un sistema de libertad, no se obtiene coercitivamente, sino por cooperación pacífica entre los miembros de una sociedad que libremente intercambian bienes.

Diferente es el caso del Estado que genera sus ingresos en forma compulsiva. Utiliza el aparato de coerción para quitarle a la gente parte de sus ingresos o patrimonio a los efectos de sostener el aparato estatal.

Si bien hay debates académicos que sobre la posibilidad de financiar al Estado con otros mecanismos que no sean impuestos, vamos a dejar de lado ese punto y aceptemos que la gente está dispuesta a ceder parte de sus ingresos y patrimonio para financiar el aparato estatal.

Pero aquí viene el otro punto. ¿Qué tamaño de aparato estatal? ¿Qué funciones del aparato estatal? ¿Qué calidad de servicios estatales?

La gran diferencia que hay entre el ingreso que libremente genera el sector privado y la forma en que lo hace el Estado, es el uso de la fuerza. Supongamos que una persona vive en un edificio y paga religiosamente las expensas, pero un día se cansa porque el administrador no hace limpiar las áreas comunes, el ascensor no funciona y la escalera no tiene luz. En este caso no existiría el solve et repete. La persona en cuestión puede negarse a pagar las expensas si, a cambio de lo que paga, no le brindan el servicio correspondiente. No ocurre lo mismo con los impuestos.

Diferente es el caso del Estado que no presta servicios básicos como seguridad o justicia e igual exige el pago de los impuestos. En ese caso, estamos ante una situación que Bastiat llamaría “robo legalizado”. En este ejemplo, el Estado, usando el monopolio de la fuerza, se apropia de los ingresos de la población sin otorgarle nada a cambio. Es un simple ladrón, aunque más peligroso que el ladrón común porque frente a este último uno puede llegar a defenderse. En cambio, frente al Estado los ciudadanos no tienen defensa.

Por eso decía antes que es ilógico poner la obligación de pagar impuestos como un dogma de fe. Tal cosa no es cierta. Si el Estado saquea al sector privado o le cobra impuestos sin darle los servicios por los cuales recauda, pierde autoridad moral y legitimidad el cobro de impuestos.

Tampoco es válido el argumento por el cual si una mayoría circunstancial vota a un determinado partido político para que explote a la gente productiva en beneficio de esa mayoría circunstancial. Si una ley viola derechos no tiene legitimidad. Es típico del populismo prometerle a una parte de los votantes una serie de beneficios económicos que los financiará a costa del sector productivo de la sociedad. Nuevamente, el Estado se transforma en un simple ladrón que tiene el monopolio de la fuerza, para que una mayoría viva a costa de una minoría, mientras el político tiene el beneficio electoral. Es como si el sector productivo de la sociedad se enfrentara a un delincuente que le dice: “arriba las manos, la plata o la vida”.

¿Cuál es el sentido del pago de impuestos? En una sociedad libre, la gente está dispuesta a ceder parte de sus ingresos para que el Estado pueda tener los recursos necesarios para defender el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Cualquier otra función que quiera ejercer el Estado más allá de esas funciones rompe el acuerdo entre el contribuyente y el Estado.

Subsidios, los llamados planes sociales y lo que en general se llama Estado de Bienestar no son otra cosa que un robo legalizado por el cual unos viven a costa de otros. Por eso se también se ha impuesto casi como una verdad revelada que los políticos tienen el monopolio de la benevolencia y la bondad, y el sector privado es mezquino y desinteresado de lo que le ocurra al prójimo. Tal cosa no es cierta. La gente es mucho más solidaria de lo que se dice y el Estado es más corrupto de lo que la gente imagina. La idea de que sin la acción del Estado mucha gente no podría tener apoyo solidario es un invento de los políticos para ganar votos y justificar la expoliación del ciudadano común que queda indefenso frente a una mayoría circunstancial.

La combinación del supuesto monopolio de la solidaridad en manos de los políticos es el argumento que lleva a expoliar impositivamente a la población. Justamente esta idea es la que hace que a los políticos inescrupulosos les convenga tener sociedades cada vez más pobres para que la gente dependa del gobierno de turno para poder recibir algún tipo de subsidio. Vivir a costa de los otros vía el saqueo del Estado. Si esa persona, en forma individual, le robara a otro para su beneficio, sería un delito. Si lo hace el Estado escudado en una ley ilegítima, es robo legalizado, pero se lo presenta como la acción de un Estado moderno que atiende las necesidades de los más humildes, cuando los más humildes son justamente humildes porque no se han creado las condiciones institucionales necesarias para atraer inversiones, crear puestos de trabajo con mayor productividad y, de esta manera, eliminar la pobreza y la desocupación.

Esta idea de que el Estado tiene derecho a cobrar siempre los impuestos y de sumergir deliberadamente a la gente en la pobreza para crear clientelismo político, transforma el sistema tributario en violatorio de los derechos individuales, no solo por la carga tributaria, sino porque el Estado se arroga el derecho de exigirle al contribuyente que le proporcione información privadísima para fiscalizarlo. Esa información, en una sociedad libre, solo podría ser pedida por un juez y con causa justificada.

Para dar un ejemplo, durante 1995 el representante estadounidense Jack Kemp presidió la Comisión Nacional de Crecimiento Económico y Reforma Impositiva. Luego de siete meses de trabajo, la Comisión informó que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) había estimado que las empresas debían destinar 3.400 millones de horas hombre para atender todo el papelerío requerido por el organismo recaudador, en tanto que las personas físicas debían destinar a la misma tarea 1.700 horas. Multiplique el lector el salario promedio por la cantidad de horas y descubrirá los miles de millones de dólares despilfarrados en tareas burocráticas que tiene que atender el contribuyente sin generar ningún tipo de riqueza que mejore la calidad de vida de la gente. Es un sistema de destrucción de riqueza.

En otra parte del informe de Kemp se afirma que: “Los vastos poderes conferidos al IRS son vistos cada vez como más violaciones a la intimidad y libertad de las personas. Dos veces más grande que la CIA y cinco veces el tamaño del FBI, el IRS controla más información sobre los ciudadanos estadounidenses que cualquier otra agencia. Sin ninguna orden judicial tiene derecho a investigar la propiedad y los documentos financieros de los ciudadanos estadounidenses. Pueden secuestrar la propiedad sin juicio previo”.

En otro trabajo de la Heritage Foundation, Daniel Mitchell analiza el sistema tributario estadounidense y sostiene que: “El código federal de impuestos estadounidense es una desgracia. Sus 10.000 páginas de leyes y regulaciones minan la fortaleza de la economía estadounidense al castigar el trabajo, el ahorro, la inversión y el riesgo empresarial. Más de siete veces más grande que la Biblia, las 5.500.000 de palabras han creado una pesadilla de complejidades que desafía la inteligencia del, inclusive, más versado experto en impuestos”.

Lo anterior muestra que no es casualidad que en cada debate por la presidencia el tema impositivo sea uno de los tópicos importantes entre republicanos y demócratas. Y eso que el pueblo estadounidense es muy celoso de la propiedad privada y los derechos individuales, algo que se ha ido perdiendo luego del ataque a las Torres Gemelas, cuando el Estado, en nombre de la defensa nacional, ha ido avanzando sobre los derechos individuales.

Antiguamente, los monarcas aumentaban los impuestos para financiar sus guerras de conquistas. Hoy, muchos países aumentan los impuestos en nombre del financiamiento de los “planes sociales” que no son otra cosa que sistemas de sometimiento del electorado para que dependa del favor del puntero o político de turno y viva a costa de los que producen.

Lo concreto es que los Estados se han transformado en verdaderos monstruos que devoran la riqueza que genera el sector privado y para eso tienen que recaudar cada vez más. Y para recaudar más necesitan violar los derechos individuales hasta niveles propios de las monarquías absolutistas más brutales de la historia, con lo cual el Estado ha dejado de cumplir con su función de defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad para convertirse en el verdadero enemigo de los ciudadanos y su libertad.

Como se ha dicho en alguna oportunidad: el Estado no es la solución a los problemas de pobreza y crecimiento, sino la causa de los mismos, con el agravante de que, además, ha comenzado a violar los derechos individuales para satisfacer su voracidad fiscal.

Este artículo fue publicado originalmente en Economía para todos (Argentina) el 9 de septiembre de 2012

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