La sinfonía del desbarajuste: Nilda Garré y la lujuriosa perspectiva de la represión

Apuntes actualizados en relación a la crisis que mantiene a la Casa Rosada en vilo y sin respuestas. Mientras el Estado Nacional ha resuelto no negociar con gendarmes y 'prefecturianos', la Ministro de Seguridad habría recibido una réplica tan incómoda como inesperada ante su iniciativa destinada a tensar el conflicto. Las amenazas recibidas por familiares de gendarmes. Crecientes molestias entre empleados de reparticiones públicas ante los desperfectos futuros derivados de las "sumas fijas no remunerativas" anotados en los haberes.

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En las próximas horas, la Administración Fernández Wilhelm [de Kirchner] se prepara para presentar su propia oferta ante el reclamo salarial interpuesto por miembros de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina, si acaso oferta es el término aplicable al caso. Conforme lo anticipado por este y otros medios, la estrategia oficial no ha sido otra que echar mano del pase a disponibilidad de los promotores de las exigencias, y las reprimendas alcanzan ya a una decena de protagonistas. Mientras que el pase podría extenderse hasta por un lapso de dos años (está aún por verse si se aplicarán suspensiones de salarios), gendarmes y prefecturianos se notificarán próximamente de que la posición del Gobierno Nacional se encuentra ostensiblemente alejada de lo demandado por aquéllos en su petitorio. Primera consideración de fácil arribo: ante situaciones de presión, el político jamás negocia. Segunda -configurada en las medidas represivas que ya trascendieron-: la Casa Rosada ha dado instrucciones para escalar el conflicto, en una suerte de riesgosa apuesta a doble o nada. Contexto en el que ya se contabilizan reportes de amenazas anónimas de muerte, recepcionadas por familiares de gendarmes y hombres de Prefectura en el interior del país. ¿Quiénes son los autores de estos siniestros llamados telefónicos?

Más aún, datos de última hora refieren que la Ministro de Seguridad Nilda Garré se habría puesto al frente de una ronda de interconsultas para ordenar una persecución más concreta contra los molestos demandantes, basada en la puesta en prisión efectiva e inmediata de quienes se encuentran estacionados en los edificios Centinela y Guardacostas, para rematar la faena con su debido procesamiento.

Sin embargo, la funcionaria no encontró el más melódico de los ecos luego de planteada su exigencia. O, al menos, no el que hubiera preferido oir. El actual Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Enrique Rubén Capdevila -a la sazón, receptor primario del polémico pedido de Garré- habría replicado que esa alternativa simplemente no era viable. La justificación residió en supuestas presiones recibidas de parte de encumbrados referentes del Ejército Argentino, quienes le advirtieron, casi literalmente y en modos ríspidos, que "Ni se le ocurra al Gobierno Nacional poner una mano encima de ninguno de los manifestantes". Instancia en la que resulta lícita la inserción de una nota marginal: el COMGEN Capdevila probablemente deba agradecer su ascenso al estrellato a la estrecha afinidad que lo une con Carlos Zannini [Secretario Legal y Técnico de la Presidencia] y su pensamiento neomaoísta, pero algunas relaciones no suelen ser suficientes para hacerse de las golosinas. Al parecer, la teoría de la Bala Mágica no siempre devuelve los resultados esperados en política. El mensaje llegó fuerte y claro y, desde ahora, en Balcarce 50 se ha podido confirmar que el sobrecalentamiento de la persecución montada contra Gendarmería y Prefectura podría retornar resultados perjudiciales. Moméntum poco idóneo para que la Presidente de la Nación concluya que su entorno ya no cuenta con ningún tipo de protección de parte de las Fuerzas Armadas ni desde las Fuerzas de Seguridad. Y esa falta de oportunidad se refleja, por supuesto, en la masiva protesta ciudadana que se encuentra a menos de un mes de distancia.

El desasosiego de Nilda Garré, no obstante, se encontraba lejos de tocar fin. Como parte de la rueda de consultas que ella decidiera cargarse al hombro con la finalidad de congraciarse con Cristina Fernández Wilhelm, decidió también ordenarle a la cúpula de la Armada Argentina que se dignase a proveer de la seguridad necesaria a la zona de Puerto Madero (cuadrante que engloba las protestas de GN y PN, y sitio predilecto de residencia para numerosos dirigentes del oficialismo y de oposición). El lector bien entrenado observará que en la citada referencia no existe desacople, dado que Garré continúa autorreferenciándose como una especie de Ministro de Defensa en las sombras. O, probablemente, lo haya sido en tiempos más dulces: el almirantazgo le habría devuelto otra sonora negativa a su pedido. Tal vez sea hora de que los más sapientes funcionarios del Gobierno Nacional (incluyendo al inefable consultor Horacio Verbitsky) comiencen a preguntarse hasta dónde llega realmente el largo brazo del Ejército en el resto de las Armas. Y, dicho sea de paso, la ARA ahora conoce bastante de rupturas en la cadena de mando. De otro modo, los medios de comunicación no estarían recopilando informes relativos a capitanes de navío que han optado por dejar de responder a los altos mandos. En igual sentido, el periodismo debiera acelerar su curva de aprendizaje, comprendiendo la holgada brecha existente entre los conceptos motín y sublevación.

Para la Ministro de Seguridad, la presente hora no se presenta libre de pesadillas. Luego de recibir una furibunda y humillante reprimenda de parte de la jefe de estado en persona pocos días atrás, puso manos a la obra a los efectos de intentar rescatar su pobre gestión. Pero ha quedado expuesto que el control se desliza, rápidamente, de sus manos. De poco le servirá readaptar su discurso ante CFK para resucitar su condición de imprescindible: los hechos reproducen -con contundencia- que no lo es.

Mientras tanto, se ha conocido que los hombres de Gendarmería y Prefectura que dieron inicio a las protestas son acompañados también por representantes de la Armada, aunque el Ejército no ha enviado dignatarios a las asambleas (a pesar de que su personal está ampliamente disconforme con las nuevas grillas dadas a conocer para calmar los ánimos puertas adentro). Los asistentes se encuentran recibiendo un curso acelerado -dictado en el terreno por prestigiosos juristas y estudios legales- que versa sobre los orígenes de su problemática. El desmadre, como ya se ha mencionado, debe rastrearse en los considerandos del Fallo Zanotti: allí se comprenden los alcances de las reducciones salariales que hoy padecen las distintas fuerzas, y su promotor es el Dr. Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia. Lorenzetti cuenta entre sus credenciales con una importante llegada a la primera mandataria y es el arquitecto del Nuevo Código Civil que no ha dejado de cosechar fuertes críticas desde su lanzamiento. Aún cuando la cadena del rumor refiere que el alto magistrado se propone abandonar definitivamente el cuerpo que preside hacia fines del año en curso, cierto núcleo gubernamental ya se ha percatado de su responsabilidad y deslizan que no podrá desembarazarse de su rol.

Luego, cabe profundizar sobre un problema de ineludible tratamiento y que refiere a los motines: estos observan una remarcable capacidad para extenderse hacia ámbitos inimaginables y podrían incluso citarse analogías lindantes con la biología molecular de las células cancerígenas. De tal suerte que ya son numerosas las entidades del orbe estatal cuyos empleados comienzan a recibir entrenamiento en lo que respecta a los perjuicios inherentes a las "sumas fijas no remunerativas" de sus haberes. Tómese, por caso, el ejemplo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En el seno de esa repartición -donde el desprecio contra Ricardo Echegaray crece exponencialmente-, los trabajadores con ingresos de treinta mil pesos o superiores han tomado nota de que, en el futuro, se jubilarán -en el mejor de los casos- con un tercio de lo percibido actualmente. En casos puntuales, abundan quienes terminarán cobrando el 82% sobre siete mil pesos. Aquella sentencia célebre que reza que "El Estado Nacional es el primer evasor" ha dejado de ser una sensación para convertirse en un recalcitrante reloj despertador. Cualquiera fuera el capítulo final del justo reclamo de gendarmes y prefecturianos, muchos deberán agradecerle el haber puesto sobre el tapete la áspera cuestión del pago en negro. Y, conforme lo hemos expuesto en trabajos anteriores, el abono en "Parte B" no solo es una estafa; también opera como lubricante para la corrupción. La economía en su versión más clandestina siega vidas, y allí permanecerá -para eterna consulta y revisión- la dolorosa lista de fallecidos del Ferrocarril Sarmiento.

El Gobierno Nacional había decidido reconvertir a la Gendarmería Nacional en una suerte de guardia pretoriana destinada a proteger su ideología e intereses. Pero sus principales funcionarios y referentes prefirieron triplicar apuestas y tildar a la protesta salarial de golpista. No en vano, el columnista de La Nación Carlos Pagni decidió intitular a su reciente análisis sobre el conflicto como "La rebelión de los propios".

Es probable que la victoria de Hugo Chávez Frías en las presidenciales de Venezuela el pasado domingo haya representado una bocanada de aire fresco para la propaganda del cristinismo. Pero, en ese oxigenado envión, el calificativo destituyente terminó extendiéndose, cual mancha de aceite, sobre cada uno de los ciudadanos que batallan a diario por su derecho a tener un salario digno con el cual subsistir. Acaso, una muestra tan cabal como contundente de que la Presidente de la Nación y sus ministros han extraviado, ya definitivamente, la brújula.

Aunque existe una distinción fundamental entre el caso argentino y la Revolución Bolivariana: en la nación caribeña, el chavismo se ha ocupado de garantizarse un fuerte respaldo de los uniformados. Allí, las fuerzas armadas se han convertido en una casta abundante en privilegios.
 

Matías E. Ruiz, Editor
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