Argentina: el único riesgo de golpe es el "Vamos por Todo"
Luego de ver a los suboficiales de la Prefectura y de la Gendarmería manifestarse por la baja de sueldos que les impuso el gobierno, Abal Medina ya no pudo decir que los que protestaban eran unos pocos del Barrio Norte y Recoleta que no querían pisar el pasto para no ensuciarse. Ahora tuvieron que recurrir a otro tipo de argumento, aunque tampoco fueron originales porque salieron de nuevo con la cantinela del golpe, conspiraciones e intentos de atacar las instituciones.
Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina).
Luego de ver a los suboficiales de la Prefectura y de la Gendarmería manifestarse por la baja de sueldos que les impuso el gobierno, Abal Medina ya no pudo decir que los que protestaban eran unos pocos del Barrio Norte y Recoleta que no querían pisar el pasto para no ensuciarse. Ahora, tuvieron que recurrir a otro tipo de argumento, aunque tampoco fueron originales porque salieron de nuevo con la cantinela del golpe, conspiraciones e intentos de atacar las instituciones. Pero, en esta oportunidad, fueron un poco más lejos y dijeron que la democracia estaba en peligro. Hasta lograron que algunos opositores los acompañaran en una declaración tan absurda como esa.
¿Por qué absurda? Porque no veo que hoy en día haya espacio para que ocurra un golpe de Estado y, me animaría a decir, para desgracia del oficialismo, porque imagino que deben estar desesperados por tirarle todos los líos que armaron a otro sector de la sociedad. Ahora, sin golpes de Estado a la vista, tienen que hacerse cargo de los destrozos económicos, sociales e institucionales que han generado.
Pero, como La Cámpora salió con un comunicado denunciado un golpe, me parece oportuno aclarar que hay golpes y golpes.
El golpe tradicional en que cual salían los tanques a la calle es cosa del pasado e, insisto, nadie está pensando en eso en la Argentina actual.
Lo que tenemos hoy en día es un alzamiento contra la Constitución por parte del mismo gobierno. Voy a tratar de explicar mi punto.
Podemos decir que la Constitución Nacional tiene dos grandes partes: a) los derechos y garantías y b) la forma en que se organiza el Estado y cómo se eligen las autoridades. Primero, el kirchnerismo y luego el cristinismo consideran que la democracia solo consiste en que cada tanto la gente vaya a votar y el que saca más votos puede hacer lo que quiere. Es decir, interpretan la democracia como un sistema por el cual al que más voto tiene, la gente le otorga la libertad de ponerse por encima del Estado de Derecho y de los límites que la Constitución le impone a los gobernantes.
¿Y por qué la Constitución le impone límites a los gobernantes? Porque, al otorgárseles el monopolio de la fuerza, le dice qué pueden y qué no pueden hacer con ese monopolio que les fue delegado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. La idea del constitucionalismo moderno es evitar la opresión que los monarcas antiguamente ejercían sobre sus súbditos.
Es más, por alguna razón en la Constitución está contemplado que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine si una medida o ley es constitucional, porque el Ejecutivo puede tener mayoría en el legislativo, y éste, aprobar leyes que van contra el espíritu de la Constitución, violando derechos. Una ley -por haber sido votada por el Congreso- puede ser inconstitucional.
El oficialismo ha dado infinidad de muestras de no querer someterse al orden institucional establecido en la Constitución. Por ejemplo, todavía recuerdo que, ante los cacerolazos por la Resolución 125, Cristina Fernández de Kirchner dijo que, a pesar de tener la mayoría de los votos en las últimas elecciones, igual iba a remitir al Congreso un proyecto de ley para aplicar las retenciones móviles en vez de imponerlas por decreto. Lo dijo como si estuviera otorgando una graciosa concesión de su majestad a sus súbditos cuando, en rigor, todo lo que tiene que ver con materia impositiva tiene que pasar por el Congreso y, por cierto, la jugada le salió muy mal.
Recordemos el Artículo 14 de la Constitución. Este dice, textualmente: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
El Artículo 14 es muy claro, cuando refiere: “de usar y disponer de su propiedad”. Esto quiere decir que el Estado no puede prohibirle a la gente usar los pesos de su propiedad para comprar dólares, o que un secretario le diga a los empresarios qué tienen que producir, a qué precios tienen que vender y de qué calidad.
También, explicita que todos los habitantes tienen derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Al prohibir la compra de divisas extranjeras, sabiendo que el peso no es aceptado en ninguna parte del mundo, el gobierno está violando el Artículo 14 de la Constitución porque, indirectamente, limita el ejercido del derecho de entrar y salir libremente del territorio nacional.
Pero el Artículo 17 refuerza al 14, cuando dice: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.” Si la propiedad es inviolable, no solo el gobierno no puede expropiar empresas como lo ha hecho por decreto, sino que tampoco puede violar la propiedad cuando alguien desea comprar dólares con los pesos que son de su propiedad.
Veamos ahora el Artículo 29: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”
Si la vida, el honor o las fortunas de los argentinos quedan a merced de gobiernos o persona alguna, se viola la Constitución e intimida a gente decente que trabaja. Se viola la Constitución. Y, si así se hiciera, los actos son nulos y los responsables tienen la pena de los infames traidores a la patria. Moreno decide sobre el honor y la fortuna de los argentinos con el consentimiento Cristina Fernández. Por lo tanto se han levantado contra el orden constitucional.
El listado de ejemplos que puede darse sobre el desprecio que el oficialismo ha tenido contra el orden constitucional es muy largo, y considero que con los ejemplos anteriores basta para advertir que el kirchnerismo no se subordina al orden institucional establecido, entendiendo por tal el respeto a los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
Por ello, el peligro de un golpe de Estado que imaginan porque las Fuerzas de Seguridad reclaman por sus salarios, es solo producto de una mente afiebrada o de un intento por victimizarse. El peligro real contra el orden constitucional y, más específicamente, contra las libertades individuales es el “Vamos por Todo” del oficialismo que atropella el Estado de Derecho, vulnera las libertades individuales y comete abuso del poder como es el caso de Guillermo Moreno con el consentimiento de la presidente.
En definitiva, aquí no hay ningún riesgo de golpe. El principal riesgo contra el Estado de Derecho y las libertades individuales es el "vamos por todo".
Este artículo fue publicado originalmente en Economía para todos (Argentina) el 6 de octubre de 2012.
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