Legisladores de oposición pedirán el juicio político de de Julio Alak, Ministro de Justicia

La titular del Bloque Unión Por Todos, Diputada Nacional Patricia Bullrich, junto a los Diputados Juan Casañas (UCR), Pablo Tonelli (PRO), Ramona Pucheta (MIJD), Omar De Marchi (Partido Demócrata de Mendoza) y Gerardo Milman (FAP), presentaron un Proyecto, con el objetivo de promover el Juicio Político al Ministro de Justicia Julio Alak, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y la burda e inconstitucional intromisión en la justicia de parte de quien por el cargo que ostenta debería ser el garante de la autonomía de los jueces.

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich expresó que: “Sustentamos la acusación en el haber interferido haciendo abuso de autoridad y violando la división de poderes para la designación de un Magistrado que quedara a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, buscando designar un funcionario que le responda al Poder Ejecutivo, utilizando maniobras extorsivas a fin de lograr las renuncias de los funcionarios que fuesen nombrados, lo cual podría consistir en la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.

“Con Alak a la cabeza el Gobierno intenta nombrar como Titular de ese Juzgado, a la Dra. María Lorena Gagliardi, quien nunca ha trabajado en el Poder Judicial de la Nación y que se desempeña desde hace cuatro años como Directora en el ONABE”, declaró Bullrich, y agregó: “Los vínculos de Gagliardi con el oficialismo se acreditan por su condición de funcionaria y por haber participada estrechamente en la campaña de un candidato Kirchnerista”. 

“Frente a lo relatado y ante la falta de magistrado titular de dicho juzgado, la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero, nombró por sorteo conforme lo establece la reglamentación vigente al Juez Raúl Orestes Tettamanti, quien luego de ataques públicos realizados por el Ministro Alak se vio obligado a renunciar por Violencia Moral”.

“Alak ignoró que la Corte Suprema avaló la designación de Tettamanti y anunció que recusaría su designación. Realizó declaraciones tendenciosas e irresponsables que hicieron injerencia directa en el ánimo del Magistrado llevándolo a presentar su renuncia al cargo”, continuó la diputada, “Luego, se llega a la designación del Juez Raúl Torti y nuevamente Julio Alak  arranca con su ofensiva verbal contra el Magistrado sorteado”.

“La andanada de declaraciones de Alak, constituye una especie de acusación informal que realiza el titular de la Cartera de Justicia hacia distintos miembros del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Las posibles amenazas y extorsiones llevadas a cabo por el funcionario del gobierno nacional no pueden pasar desapercibidas para el Congreso de la Nación, por lo que solicitamos promover su juicio político”, finalizó su argumentación la Diputada Bullrich.

A continuación, se adjunta el Proyecto Presentado:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Promover Juicio Político al Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, ciudadano Julio Alak, por las causales de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y/o por posibles delitos que cometiera en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 53°, 59° y 60° de la Constitución

1º.- Promover Juicio Político al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, ciudadano Julio Alak, elevando ante el H. Senado de la Nación la acusación prevista por el Art. 53 de la Constitución Nacional por la responsabilidad resultante del "mal desempeño" y por la eventual comisión de "delitos en el ejercicio de sus funciones".

2º.- Sustentar la acusación en los siguentes hechos: el haber interferido haciendo abuso de autoridad y violando el sistema republicano de división de poderes para la designación de un Magistrado que quedara a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, buscando designar un funcionario afín al Gobierno que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional, utilizando maniobras extorsivos y/o amenazantes a fin de lograr las renuncias de los funcionarios que fuesen nombrados de conformidad a la reglamentación vigente, lo cual podría consistir en la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, es en donde se encuentra radicado el amparo presentado por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, el cual obliga a la adecuación de los grupos de medios al marco que dictamina esta ley, obligando a desprenderse de activos legítimamente adquiridos bajo el marco de la ley que primaba anteriormente.

Debido a la crisis del Poder Judicial que mucho tiene que ver con dilaciones del Poder Ejecutivo de la Nación, dicho juzgado como muchos otros no cuenta con un Juez Titular y por eso se han nombrado distintos funcionarios bajo la figura de la subrogancia, de conformidad con las reglamentaciones respecto de la materia.

Con el Ministro Alak a la cabeza de las gestiones el Gobierno intenta nombrar como Titular de ese Juzgado, a la Dra. María Lorena Gagliardi, quien nunca había trabajado en el Poder Judicial de la Nación y que se desempeña desde hace cuatro años como Directora en el ONABE, organismo dependiente éste del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Planificación. Los vínculos de Gagliardi con el oficialismo se acreditan por su condición de funcionaria y por haber participada estrechamente en la campaña de un candidato Kirchnerista.

Gagliardi quiso ser nombrada como Jueza en un concurso del Consejo de la Magistratura viciado de nulidad lo cual motivó la presentación de una denuncia penal.

En dicho concurso se presentaron más de quince postulantes, entre los cuales se encuentra María Lorena Gagliardi, candidata del Gobierno Nacional para ocupar el juzgado vacante Nro. 1 y fallar favorablemente al Estado Nacional en el pleito iniciado por Grupo Clarín en su contra como consecuencia de la llamada Ley de Medios.

Dicha postulante, luego de ocupar el lugar nro. 15 en el orden de merito quedo finalmente ocupando el lugar nro. 6, entrando dentro de los candidatos que pueden ser elegidos por la presidenta de la Nación.

Esta mejora sustancial en su posición, no se debió a ningún merito de la denunciada, sino que fue posible gracias a que la Dra. Gagliardi recibió un puntaje mayor por sus antecedentes académicos al que le hubiere correspondido de haberse aplicado correctamente la escala que establece el Reglamento respectivo.

En efecto, la Dra. Gagliardi recibió un puntaje como si perteneciera al Poder Judicial de la Nación, cuando en realidad pertenece al Poder Ejecutivo Nacional. El puntaje que reciben los concursantes por pertenecer al Poder Judicial es distinto al que reciben quienes trabajan en el Poder ejecutivo Nacional.

Atenta la falta de magistrado titular de dicho juzgado, la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero, nombra por sorteo conforme lo establece la reglamentación vigente al Juez Raúl Orestes Tettamanti, quien luego de ataques públicos realizados por el Ministro Alak se vio obligado a renunciar por “violencia moral”.

Entre otras cosas, frente al nombramiento del Dr. Tettamanti, Alak se pronunció de la siguiente manera:

"Estoy acá por la designación irregular del doctor Tettamanti y por el bloqueo que hicieron Recondo y otros miembros a la designación constitucional de un juez de la Nación"

El ministro también habló de una "maniobra en dos frentes": en la Cámara en lo Civil y Comercial  por un  lado y en el Consejo de la Magistratura por el otro. Manifestó que la "maniobra" de Recondo sobre Tettamanti se completó con cuatro irregularidades: "No es juez natural; fue designado por la Cámara, pero no por todos sus miembros sino por sólo dos, uno de los cuales es Recondo; el sorteo no fue por medios informáticos sino manual y el juez designado no puede tener como secretaria a la esposa de su hijo".

Por otra parte el Ministro pareció ignorar que la Corte Suprema avaló la designación de Tettamanti y anunció que recusaría su designación.

Alak también declaró que "Se ha designado para decidir sobre una ley crucial para el sistema democrático a un juez que no es natural de la causa y además ha sido elegido por un método absolutamente irregular y viciado".

Estas declaraciones tendenciosas, virulentas y por lo menos irresponsables del Ministro Alak, hicieron ingerencia directa en el ánimo del Magistrado llevándolo a presentar su renuncia al cargo ante la Cámara del Fuero, entre sus dichos mas importantes se destacan:

“…la actitud que ahora adoptó obedece al debate que se generó en el ámbito del Consejo de la Magistratura y luego con intervención del señor ministro de Justicia de la Nación en torno a ésa, mi designación, discusión que tomó estado público y me involucró directamente”.

“El tono de las declaraciones de los funcionaros referidos ha generado en mí una violencia moral y un grado de intranquilidad no solo personal sino también familiar, que me provoca un estado de ánimo que no es apropiado para continuar en la delicada tareas de administrar Justicia, como lo vengo haciendo desde hace más de 31 años”

Por otra parte resulta importante analizar a que se refiere el Dr. Tettamanti al hablar de violencia moral, no solo personal, sino familiar, motivo por el cual se solicitará la citación a prestar declaración testimonial del Magistrado, toda vez que según trascendidos dicha cuestión se referiría a amenazas que recibiera el nombrado, respecto a un posible procesamiento por delitos de lesa humanidad de su hermano el almirante retirado Rodolfo Oscar Tettamanti, durante el ultimo proceso militar. Concretamente, el juez habría recibido el siguiente mensaje: si no renunciaba al estratégico juzgado, su hermano podría ser procesado por delitos de lesa humanidad. Durante la primera etapa del proceso, el entonces capitán de navío Tettamanti habría pasado por varios destinos en unidades de Infantería de Marina comprometidas en la lucha contra la subversión. Por lo que se sabe, este oficial no aparece imputado en ninguno de los procesos en marcha por violaciones de derechos humanos.

De ser cierta esta situación se habrían configurado los delitos de amenazas y extorsión, tipificados en el Código Penal, causales suficientes para que se lleve a cabo el Proceso de Juicio Político por lo cual es trascendental que se cite a declarar al Dr. Raúl Orestes Tettamanti.

Luego se llega a la designación del Juez Raúl Torti y es nuevamente el Ministro Julio Alak quien nuevamente arranca con su ofensiva verbal contra el Magistrado sorteado realizando las siguientes declaraciones públicas:

“Creemos que hay que recusar a un juez que ya preopinó en la causa Fibertel a favor de Clarín y esto es un derecho que tiene cualquier justiciable de recusar a un juez que ya dio una opinión clara a favor de una de las partes”.

Alak volvió a calificar de “maniobra” que la Cámara Civil haya designado jueces jubilados subrogantes, como Tettamanti y Torti, además de cuestionarlos porque “tienen en común haber sido designados en la época de la dictadura militar, en 1981”.

“Transitaron la Revolución Libertadora y la última dictadura militar, continuaron como jueces y además, por estar jubilados, tienen la ventaja de estar fuera de ser sancionados por mal desempeño de funciones como tampoco pueden perder el haber jubilatorio”.

No conforme con eso, manifestó que recurrirían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ya había avalado el nombramiento de Tettamanti y el cual es el mas politizado de los organismos del Poder Judicial toda vez que sus miembros no fueron nombrados por concurso previo sino a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado, inmiscuyéndose una vez mas en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial, olvidando el Ministro  que en la actualidad la única posibilidad de cubrir cargos en juzgados vacantes es utilizando la disposición del inciso A del articulo 16 de la ley 24.018, norma ésta que alude a magistrados y funcionarios jubilados.

Omite también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no permite la designación de secretarios y que dicha situación se da por la demora en que incurre el Poder Ejecutivo Nacional en reglamentar la Ley 26.376 de Subrogancias.

Es el propio funcionario quien manifiesta que la Corte "analice la nulidad de este sistema rotatorio y se aplique la ley 26.376 que regula claramente qué debe hacer una Cámara cuando un juez titular ha renunciado o se ha jubilado o está ese puesto vacante" la que estipula que "en caso de vacancia de un juzgado, debe ser atendido por el juez que sigue en orden de turno".

Es inadmisible que un funcionario exija que la Corte aplique una Ley que no se encuentra en vigencia por no haber sido debidamente reglamentada.

También amenaza con sus declaraciones y con una denuncia penal a los funcionarios del Consejo de la Magistratura que no obedecen a los deseos del Poder Ejecutivo.

Sobre dicha presentación ante la Procuración General, Alak manifestó que es para que "se analice desde el punto de vista penal" el "bloqueo que están generando los consejeros de la oposición en el Consejo de la Magistratura" para la "no aplicación de la ley vigente para cubrir los juzgados vacantes y además de no aplicación de la ley vigente".

Al respecto, insistió que "puede haber una maniobra destinada a bloquear la designación de jueces federales en el Consejo de la Magistratura para el fuero Civil y Comercial, con un mismo actor, que es vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial, como es el doctor Recondo".

Finalmente Alak sostuvo que "en los últimos días hemos visto con preocupación que integrantes del Consejo de la Magistratura como el caso del consejero (Daniel) Ostropolsky quien tiene familiares directos dentro del cuarto grado de cosanguineidad con titulares de medios que están impugnando la Ley de Medios" uno de los cuales "sería dueño o socio de una repetidora de Radio Mitre en Mendoza".

También acusó a Recondo de formular "declaraciones que nos han sorprendido el fin de semana", "haciendo gala de una amistad personal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia", Ricardo Lorenzetti.

La andanada de declaraciones de Alak, constituye una especie de acusación informal que realiza el titular de la Cartera de Justicia hacia distintos miembros del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, incluyendo entre otros a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Tettamanti, Torti, Recondo, Ostropolsky, Aguad y miembros no oficialistas del Consejo de la Magistratura hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, buscando tal vez fomentar una creencia popular de una supuesta “corporación judicial”  para poder avanzar contra dicho poder en caso de no lograr resoluciones favorables a las posturas del Gobierno respecto a leyes que son consideradas claves.

Las posibles amenazas y extorsiones llevadas a cabo por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional no pueden pasar desapercibidas para el Congreso de la Nación.

4º.- Prueba

Documental:

Se adjunta como documental la renuncia del Dr. Raúl Orestes Tettamanti al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4.

Testimonial:

Se solicita se convoque a prestar declaración testimonial a las siguientes personas:

-      Al Juez Dr. Raúl Orestes Tettamanti.

-      Al Juez Dr. Raúl Torti.

-      Al Consejero Dr. Ricardo Recondo.

-      Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti.

-      Al Diputado y Consejero Oscar Aguad.

-      Al Consejero Dr. Daniel Ostropolsky. 

Se solicite como prueba los cruces de llamadas entre los Consejeros que provienen del oficialismo y la candidata  María Lorena Gagliardi. 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La designación de un Juez al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, se ha configurado en una Cuestión de Estado para el Gobierno Nacional.

Como es de público y notorio conocimiento en dicho Juzgado tramita entre cientos de miles de causas el amparo presentado por el Grupo Clarín contra el Art. 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales que impone la desinversión de activos adquiridos para la adecuación a la nueva legislación.

Si la nueva legislación se ajusta a los prescripto por nuestra Constitución Nacional y el Estado de Derecho o si viola derechos adquiridos, no es una cuestión que nos involucra en esta presentación sino que dicha situación debe ser interpretada por el Poder Judicial, de conformidad por lo prescripto por la Constitución Nacional y por las reglamentaciones vigentes inherentes a la actuación de los magistrados.

Frente a esta situación el Poder Ejecutivo de la Nación con el Ministro Alak a la cabeza, se encuentran violentando el Principio Repúblicano de la División de Poderes, buscando por todos los medios posibles el nombramiento para encabezar dicho Juzgado de una persona que responda a los intereses del Gobierno. Es por esto que a través de maniobras fraudulentas en el Consejo de la Magistratura, se ha buscado el nombramiento de la Dra. María Lorena Gagliardi de mediocre rendimiento en el Concurso para acceder al cargo y de aceitados vínculos con el Poder Ejecutivo Nacional, como titular de dicho cargo, situación esta por la cual se ha realizado una denuncia penal.

Expuesta esta situación y no habiendo el Poder Ejecutivo nombrar hasta el momento un Juez que pudiera satisfacer sus deseos, la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero ha nombrado, conforme a los sorteos y a la reglamentación vigente al Dr. Raúl Orestes Tettamanti en primer término y tras su renuncia al Dr. Raúl Torti.

Dicha situación no fue aceptada por el Ministro Alak, quien interfiriendo nuevamente en el Poder Judicial ha realizado maniobras públicas a través de declaraciones para hacer mella en la ecuanimidad de estos Magistrados, como también podría configurarse maniobras de índole amenazantes y/o extorsivos, las cuales se encuentran penadas por la ley y son causales suficientes para acusar al Ministro ante un Proceso de Juicio Político.

Días atrás también se presentó un pedido de Interpelación al Ministro por su accionar respecto al Dr. Tettamanti, pero ante la posible comisión de delitos de gravedad institucional y la continuidad en la política de avasallamiento de las Instituciones Republicanas de la Nación por parte de Alak con un amedrentamiento y hostigamiento verbal incesable ante diferentes miembros del Poder Judicial de la Nación, entendemos que el funcionario incurre en un claro abuso de la autoridad que le confiere su cargo, a fin de lograr que el Poder Ejecutivo cumpla con su cometido de nombrar los jueces que tomen las resoluciones que les son convenientes, se ajusten o no a derecho, respecto a cuestiones de trascendencia institucional.

El problema no es simplemente la imposición de un magistrado determinado, o la resolución de una situación determinada, el mensaje que da el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministro Alak es que el Poder Judicial de la Nación deben resolver como el Gobierno quiere que se decida, ya sea en el tema de la ley de medios como en cualquier otro de relevancia institucional, dejando de lado el Imperio de la Ley y la Constitución Nacional para que prime el Imperio de la Decisión Gubernamental sobre todas las cosas en un claro avasallamiento del Estado de Derecho en la República Argentina.

Por los motivos expuestos, ante la gravedad de la afrenta en que ha incurrido el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministro Julio Alak frente al Poder Judicial, solicito a nuestros  pares la pronta aprobación del presente Proyecto y la elevación a juicio de acuerdo a derecho ante el H. Senado de la Nación.