El escándalo del Mensalão y la independencia de la Justicia en la Argentina y Brasil

El denominado Mensalão es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia moderna brasileña. El caso consiste en un esquema de compra de votos en el congreso, observado durante el primer mandato del ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2007). Luego de una larga investigación, la justicia local logró comprobar la existencia del mecanismo ilícito. Miembros del Partido de los Trabajadores desviaron -en forma sistemática- dinero público, con el objetivo de comprar voluntades de legisladores de fuerzas políticas opositoras para la aprobación de leyes. Algo muy similar a lo sucedido en la Argentina con las recordadas coimas en el Senado o la Banelco en tiempos del ex mandatario argentino Fernando De la Rúa. Conforme declaraciones de los implicados, la palabra Mensalão era utilizada en charlas informales por los propios miembros del parlamento para referirse a esta práctica ilegal.

Si bien la cuestión es estudiada por la justicia desde hace ya varios años, en los últimos meses el caso cobró un renovado protagonismo. Ello se debe a que el Supremo Tribunal Federal dio inicio al dictado de las primeras condenas, las cuales alcanzaron a hombres muy fuertes dentro de la política brasileña. El caso más emblemático es quizás el de José Dirceu, quien fuera jefe de gabinete del ex presidente Da Silva y que hace pocas semanas fuera condenado a deiz años y diez meses de reclusión por su probada participación en el entramado de corrupción. Si bien esta pareciera ser una condena ejemplar, la realidad es que José Dirceu solo deberá pasar un año y nueve meses en prisión. Una vez finalizado este período, podrá completar el resto de su condena en el denominado “régimen abierto”, el cual le permitirá salir para trabajar -e, inclusive, para dormir- en su domicilio particular.

Sin embargo, vale la pena detenerse unos instantes para hacernos la siguiente pregunta: ¿ué significa realmente una condena a prisión de un año y nueve meses para un político perteneciente al partido que ocupa la presidencia en un país latinoamericano? Podría significar muchísimo. Sírvase recordar que la actual primera mandataria, Dilma Rousseff, es la heredera política de Da Silva; ella pertenece al Partido de los Trabajadores y goza, al igual que su antecesor, de una imagen positiva superior al 60 o 70%. El pasado mes, se celebraron elecciones municipales en 5.568 localidades brasileñas y tanto Dilma como Lula surgieron como los grandes ganadores. Se involucraron directamente en las campañas y sus candidatos se impusieron en Rio de Janeiro y en San Pablo, las dos mayores ciudades del país. Podría interpretarse que, a pesar que el PT se encuentra en su mayor “apogeo” de poder, la justicia logró avanzar y, con efectividad, condenar a hombres vinculados a la alta política nacional. El solo hecho que José Dirceu sea técnicamente un “reo” es un avance extraordinario para la institucionalidad en la República Federativa del Brasil.

Al mismo tiempo, ¿en qué se diferencia este escenario al de la Argentina? En mucho. Es necesario hacer un esfuerzo mental de importancia para recordar a algún miembro de la denominada “dirigencia” que haya tenido que pasar, al menos un tiempo, tras los barrotes. Y el esfuerzo inicial resulta ser mucho mayor si lo que se busca la memoria es el nombre de algún dirigente o político que haya sido condenado y recluído en una prisión común, mientras algún integrante de su partido estuviese a cargo de la primera magistratura. Por principio general (existen excepciones que confirman la regla), en la Argentina los políticos no van a la cárcel. Son acusados, enjuiciados, procesados y quizás hasta condenados, pero jamás ven días en prisiones comunes.

Solo por poner un ejemplo, vale citar el caso de Amado Boudou. El actual Vicepresidente, muy a pesar de su compleja situación judicial, continua gozando de perfecta salud, guitarra eléctrica en mano y ocupando -sonrisa mediante- su sillón de Presidente del Senado. Como si algún tipo de mística impunidad lo protegiese de cualquier acusación. En definitiva, el mencionado es consciente de su pertenencia a una “clase política” virtualmente intocable. Quién sabe: tal vez de aquí a algunos años, cuando el kirchnerismo haya abandonado el poder, Boudou termine transformándose en una de las excepciones que confirman la regla. Con realismo, puede arribarse a la conclusión de que es poco probable -o muy improbable- que el segundo de Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner visite algún día los pabellones de alguna prisión habitada por delincuentes comunes. Situación distinta del año y los nueve meses de condena que hoy exhibe Dirceu.

En su oportunidad, el menemismo fue perseguido por la justicia después de finalizado su tiempo en poder. María Julia Alsogaray es, quizás, esa excepción que mencionábamos en el párrafo anterior. La ex ministro -multipropósito y estrella de una parte de los años noventa- fue condenada y llegó a visitar la cárcel debido a cargos de enriquecimiento ilícito. El ex presidente Carlos Saúl Menem también se vio privado de su libertad, aunque sirve destacar que encontrarse recluído en un caserón con jardín y pileta es bastante distinto al destino que le espera a los delincuentes comunes.

El Brasil es un país muy complejo y con alta diversidad; las lecturas sobre el escándalo del Mensalão son múltiples. El proceso judicial es un ejemplo del que toda América Latina e inclusive el mundo entero deberían tomar nota. Los observadores internacionales han visto con buenos ojos el resultado de aquél: las condenas demuestran empíricamente que la división de poderes en Brasil efectivamente existe, y que la justicia puede actuar -al menos en algunos casos- independientemente del color político que acuse el Palacio del Planalto. El magistrado Joaquim Barbosa -uno de los protagonistas del juicio- se ha transformado en una figura muy popular en su país. Se trata del primer ciudadano de raza negra que preside el Supremo Tribunal Federal y su rol dentro del “Juicio del Siglo” fue tan valorado por la ciudadanía que suele ser aplaudido y hasta vitoreado cuando se muestra en público. Al mismo tiempo, y paradójicamente, Luiz Inacio Lula Da Silva -quien supo ser la máxima autoridad ejecutiva mientras el esquema se estaba llevando a cabo- no ha visto mermada en lo más mínimo su popularidad. De alguna forma, el ex jefe de estado ha conseguido no ser salpicado por la corrupción de su propia Administración. Tanto debido a una exitosa estrategia comunicacional que sostiene que él simplemente “no sabía lo que sucedía”, como por el espectacular éxito económico de su gestión.

En la República Argentina, mientras tanto, la división de poderes es muy difusa. El Ejecutivo tiene por costumbre avasallar a sus pares Legislativo y Judicial, especialmente cuando el gobierno goza de buena salud y popularidad. Hoy día, la Administración de Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner afronta importantes desafíos, pero el 54% parece ser -todavía- reciente. Las elecciones de 2013 podrían alterar perfectamente el equilibrio de poder dentro del sistema político y, si éste se tornase desfavorable para el oficialismo, es posible que la justicia decida apretar el acelerador en las causas que implican a hombres de poder dentro del gobierno.

A los argentinos ciertamente les serviría prestar atención a nuestro principal socio y vecino. Allí, como ya se ha expuesto, la justicia es libre de poner el pie en el acelerador, sin importar el escenario político nacional.