Brasil: la corrupción, obstáculo para la libertad económica

Nuevas acusaciones de corrupción sacuden al Partido de los Trabajadores de la presidente brasileña Dilma Rousseff, según informaba la semana pasada The Wall Street Journal. Resulta evidente que Brasil necesita reformas desde hace ya mucho tiempo.

El escándalo más reciente -el “Rosegate”- surge con las acusaciones formales presentadas por la Policía Federal (la versión brasileña del FBI) tras una investigación sobre la participación de un asesor del antiguo presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una trama de cohechos. La investigación se inició en virtud de que “un trabajador del gobierno que dijo que había aceptado en torno a $50,000 para ayudar a que una empresa obtuviese un contrato, denunció la trama”.

El Indice 2012 de Libertad Económica (http://libertad.org/indice) de la Fundación Heritage refiere que la corrupción suele ser un obstáculo para la inversión en Brasil, y que dificulta las operaciones del día a día de las empresas, tanto brasileñas como aquellas de propiedad extranjera.

En 2010, las investigaciones por corrupción a políticos de los partidos de la oposición y de la coalición de gobierno tuvieron como resultado penas de prisión para dos gobernadores. Desde entonces, han salido a la luz algunos escándalos, incluso a niveles más altos dentro del gobierno. Entre junio y septiembre de 2011, la presidente Rousseff perdió a cinco responsables de su gabinete. Ninguno se enfrenta a cargos delictivos, pero cuatro dejaron sus cargos tras las acusaciones de corrupción que se presentaron contra ellos.

Y en noviembre de 2012, José Dirceu, que llegó a ser jefe de gabinete con Lula, fue condenado a cerca de once años de prisión, después de ser acusado de montar una trama para comprar votos en la asamblea de Brasil, así como de otros cargos por corrupción.

Cabe aguardar que estos juicios sean una señal de que las instituciones judiciales brasileñas son más fuertes y maduras, dado que tienen el compromiso de defender el Estado de Derecho ante todos los ciudadanos, no sólo el de proteger a los poderosos, a los privilegiados y a los que cuentan con favores políticos.