Revocatoria de Mandato y Juicio Político: Omar Goye y Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner

En efecto, los altos dignatarios del púlpito cristinista no transitan por una instancia de encumbrada popularidad. Así ha podido comprobarse fehacientemente, en ocasión de los pequeños arrebatos de condena social en perjuicio de figuras de la talla de Axel Kicillof y del Vicepresidente Amado Boudou, que se suman a los episodios otrora protagonizados por el Diputado Nacional José María Bancalari, Guillermo Moreno y Aníbal Fernández.

El caso de Kicillof -a la sazón, Secretario de Política Económica- sobrevino acompañado de una serie de repudios montada por un puñado de analistas políticos independientes. Estos, en modo vaporoso y algo ingenuo, malversaron y bastardearon el contenido de la bronca expresada por un nutrido grupo de turistas en la terminal de Buquebús, calificándola como aquello que no fue: un "escrache". Otros incluso se atrevieron a traspasar las fronteras del tino y la mesura, reportando que la actitud de los ciudadanos que la emprendieron -por ahora, solo verbalmente- contra Kicillof fue declaradamente "fascista". Mientras tanto, Hebe Pastor de Bonafini continúa paseando su lenguaracidad impune contra el Poder Judicial de la Nación, toda vez que sus personeros no sentencian conforme a los designios de una caprichosa nomenclatura.

Se abren, a la postre, las puertas que conducen hacia un poco confortable debate, esto es, si acaso coincide con el métier del analista político o del reportero permitirse el lujo de tildar lo sucedido día a día como si fuese 'bueno' o 'malo', 'correcto' o 'impropio'. A fin de cuentas, no habrá que esforzarse mucho para sintetizar que la cotidianeidad de la Argentina invita a no nublar el análisis con enfoques deontológicos. Antes bien, acaso sea más viable poner la lupa sobre aquellos factores que entienden sobre la causalidad: al golden boy del kirchnerismo, Axel Kicillof, solo le tocó padecer en carne propia una porción infinitesimal del daño que ha venido produciendo a terceros desde arribado al poder. Y lo propio aplica para el resto de los embajadores del subsistema oficial y paraoficial que sufren -y continuarán sufriendo- eventos como el observado el lunes. Nuevamente, se exige despojarse del siempre acomodaticio cobijo de la estructuración ética, si de lo que se trata es de rastrear el origen de estos hechos.

Si, apenas iniciado el año, el tema obligado de conversación remite a los padecimientos públicos de los funcionarios del Gobierno Nacional, entonces será lícito reposar en el ya contundente rechazo que exhibe la Administración Fernández Wilhelm de Kirchner por parte de la ciudadanía, y en el hecho -también innegable- de que la jefe de estado solo tiene hoy para respaldarse en un núcleo duro que vocifera desde 678 o Página 12, pero nunca haciendo pie en el impiadoso termómetro de la calle. Aún cuando el subsistema oficialista se esfuerza por avanzar en su agenda, recula desde la militancia. Por caso, la última alocución de la Presidente de la Nación no computó mención alguna al culebrón de Buquebús, en tanto se le sugirió que referirse al tema podía dar lugar a una peligrosa amplificación del fenómeno: en el albor de la competencia preelectoral, difícilmente Cristina Kirchner pueda cosechar adhesiones si, mientras ella se dirige al público por Cadena Nacional, sus asesores se ven obligados a corretear por las calles y avenidas del país para escapar de turbas enardecidas. El problema que hoy se observa -y, en este terreno, numerosos analistas políticos flaquean- es que el miedo acusa un potencial interesante para volverse en contra de su emisor.

Profundizando en el ámbito de la transitividad, servirá apuntar que los círculos de la práctica del Derecho en la Argentina han comenzado a abandonar su estado de somnolencia, acaso motivados por la violenta caída de la Administración en la consideración ciudadana. Sobrevuelan, en esa órbita, numerosos planteos que desmenuzan el desaprensivo blanqueo de la propia Presidente y su deseo confeso de exterminar políticamente a su ex aliado Omar Goye, alcalde de Bariloche que se obsequiara sus quince minutos de fama a raíz de los desmanejos municipales que gatillaron los saqueos en aquella localidad rionegrina. En la sobreexplotación mediática febril de las usinas oficiales para que el intendente abandonara su cargo, abundaron las expresiones -siempre motorizadas por Balcarce 50- al respecto de que "es democrático exigir la remoción de funcionarios electivos que no cumplen". Y, en medio de la torpeza, sobrevino la tardía autonotificación: el procedimiento de Revocatoria de Mandato -municipal- se esboza en el equivalente nacional del mecanismo del Juicio Político. Ergo, la propia Presidente de la Nación es pasible de procedimientos similares porque, conforme lo reconocido inconscientemente por los albaceas del gobierno, se ha convertido en democrático exigir su destitución. De otro modo, el doble estándar sobre el que pendula la Administración acelera -cuando menos, peligrosamente- hacia el suicidio institucional.

Asimismo, prestigiosos letrados contabilizan que Cristina Elisabet Fernández Wilhelm ha concursado en una concatenación interesante en lo que hace a comisión de delitos, como ser el incumplimiento de deberes de funcionario público (Artículo 248 del Código Procesal Penal). Por ejemplo, en lo referente al affaire del alquiler a la firma británica Chapman Freeborn -contratista del Ministerio de Defensa del Reino Unido, así como también de las compañías privadas Desire Petroleum, Falkland Oil y Oil Spill Response- de vuelos tipo chárter para la gira presidencial por Asia, en modalidad de contratación directa y sin mediar concurso público. Maniobra a todas luces violatoria del Artículo Quinto de la Ley 26.659.

En otro no tan lejano orden -puesto que la cuestión roza a la Variable Malvinas-, la jefe de estado argentino ha declarado en forma pública (al menos en dos oportunidades diferentes) que el hundimiento del crucero ARA General Belgrano en 1982 debería ser catalogado como crimen de guerra. Si, como lo declama la óptica de la Presidente de la Nación, el evento remitió efectivamente a un delito de lesa humanidad, la omisión de la denuncia de dicho delito invita al repaso de los considerandos expuestos en el Artículo 274 del Código Procesal Penal.

Finalmente, la destrucción del valor de la moneda nacional ha sido oportunamente tipificada en el Artículo 287 del C.P., definiéndose una pena de prisión de uno a seis años para aquel que fuere hallado responsable por la emisión de papel moneda en cantidad superior a la autorizada, siempre teniéndose por objetivo, en la letra de la ley, el resguardo de la estabilidad monetaria. A tal efecto, se impone la debida aclaratoria, puesto que las modificaciones efectuadas a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina no limitan en modo alguno los alcances del referido Artículo 287. En este punto, y si bien el fuego debería recaer inicialmente en las autoridades a cargo del BCRA (Mercedes Marcó del Pont) y en aquellos funcionarios sindicados como gerenciadores ineludibles en la planificación del contexto macroeconómico, surge que Cristina Kirchner se esgrime en la primer responsable política del citado escenario.

Huelga decir que los tropiezos judiciables bajo mención obedecen a un sketch que apenas se encuentra en construcción y que, próximamente, listará más ítems. Recopilación de Greatest Hits en la que el delito de intimidación pública en que CFK incurrió por atacar a particulares desde Cadena Nacional de Radio y Televisión se presenta, apenas, como una nimiedad.

Al cierre, podría decirse que la sentencia más colorida fue la que empleó Daniel Osvaldo Scioli, luego de conocerse el escarnio público al que fueran sometidos Amado Boudou y Axel Kicillof: "No puede ser que la gente se termine enojando con la política". Exabrupto retórico que, ahora, muchos se atreven a empatar con conceptuaciones ya vertidas en el seno de la incipiente liga de gobernadores: "Hagamos un 'ejemplo' de esta Señora, antes de que nos termine llevando puestos a todos".

Abandonado a su propia suerte, morigerado el efecto del 8N, y sin reflejo de representación política e institucional alguna, el ciudadano de a pie no cuenta con una miríada de caminos para expresarse. Así las cosas, aquellos que prefieren desacreditar la decepción y tildarla de "escrache" o de "actitud fascista" deberían pensárselo dos veces. La gente hace lo que puede y, en ocasiones, las herramientas de que dispone no conducen necesariamente a escenarios agradables. Si, a vista de terceros, no es 'bonito', ello no debería convertirse en el eje de la discusión. Sería preferible, en todo caso, explorar las causas que motivan a esas imposturas y responder con hechos antes que con la vacuidad de la condena. Antes de que la mecha termine por encenderse.