Punto final para la rehabilitación de adictos

El abogado de la revista THC -a través de la red social Facebook- describió la metodología que se aplicará desde el Gobierno Nacional -Administración Fernández de Kirchner- con miras al cierre de las comunidades terapéuticas privadas dedicadas full time a la rehabilitación de personas con problemas de adicción.

Luis Osler es abogado penalista, defensor de Marco Antonio Estrada González (quien introdujo el PACO en la Argentina); es también asesor en el Congreso de la Nación en los proyectos que despenalizan la producción, la entrega gratuita y el trasporte de drogas ilícitas; además de ser letrado de la revista THC, que enseña a cultivar, cosechar y consumir marihuana. El mencionado explicó recientemente en su espacio de Facebook que los centros monovalentes serán auditados y "si no están en concordancia con la ley de Salud Mental, deberán buscarse un trabajo verdadero".

La Ley de Salud Mental entiende la enfermedad de la adicción como problemática cuando el adicto está en la etapa de la incoherencia peligrosa; refiere que el adicto puede darse el alta a sí mismo cuando se le ocurra, y que puede optar por el tipo de tratamiento que se le debería brindar. Por otro lado, la norma considera la internación compulsiva como si se tratase de un secuestro, procesando al médico tratante como secuestrador, y quitándole el título habilitante.

Es decir que, en resumidas cuentas, el consumo de drogas dejará de ser tenido en cuenta como una dolencia y solo se reconocerá el status de enfermedad a partir de las consecuencias que esta provoque. Por ende -y solo a título de ejemplo-, deberemos esperar para actuar que caigan matafuegos de los edificios, que se trasladen cadáveres a lo largo de 17 kilómetros en vehículos particulares, o que arda en llamas la pareja del afectado.

Debemos tener en cuenta que la Ley de Salud Mental exige, para la internación compulsiva de un enajenado, la firma de un médico psiquiatra, un psicólogo y un juez, la que no se extenderá más de treinta (30) días. Esto es de imposible cumplimiento en horas nocturnas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se presenta aún menos probable frente a un cuadro de estas características en cualquier ciudad del interior de nuestro país.

Ahora, comprenderá el lector con total claridad cuál es el verdadero motivo por el cual se conoce actualmente de tanto adolescente descerebrado pululando por las calles sin ningún tipo de protección medico-jurídica que resguarde tanto su vida como la de aquellos que lo rodean, y que el afectado pone en peligro.

En esta nueva etapa, la Argentina será testigo del cierre de los centros de rehabilitación privados, como así se está observando hoy con los CPA (Centros Provinciales de Asistencia de la Provincia de Buenos Aires) que, en su carácter público, gratuito y dependiente del presupuesto provincial, ven cómo sus establecimientos carecen de servicio eléctrico, provisión de gas y sueldos para los profesionales que allí se desempeñan. Lo propio sucede con el alquiler de estos espacios, impagos desde hace al menos un año.