La Revolución Industrial y el derecho laboral

Guillermo Cabieses es profesor de los cursos de Economía y Derecho en la Universidad de Lima y de Derecho y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es Máster en Derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y abogado por la Universidad de Lima.

El derecho laboral encuentra su génesis en los “abusos” que, durante la Revolución Industrial, padecieron los trabajadores en las fábricas inglesas. Desde entonces, los derechos de los trabajadores han sido el principal caballo de batalla de los socialistas para procurar defender al proletariado de las opresoras garras del gran capital. Así, se denominan “conquistas sociales” a la jornada de ocho horas, las vacaciones, los sistemas de pensiones, el sueldo mínimo, las leyes de seguridad en el trabajo, entre otras.

El fundamento de estas mal llamadas “conquistas sociales” es, en mi opinión, una interpretación errónea de la historia. La revolución industrial no fue una época de opresión sobre las clases menos pudientes: durante ella no se destruyó al campesinado, esclavizándolo en las industrias ni forzándolo a trabajar en éstas. Sin embargo, ha sido esta antojadiza, sesgada y falaz lectura de la historia la que ha servido de cimiento para la construcción del endeble castillo de naipes en que consiste la regulación laboral.

La revolución industrial no fue, como se cree, una época de opresión y de explotación inmisericorde de los pobres: fue su salvación de la hambruna, la miseria y el atraso. ¿De qué otra forma podrían explicarse la masiva migración que hubo del campo a las zonas industriales y las colas para la obtención de empleos en las fábricas? Estas conductas y estas preferencias reveladas indican que, quienes supuestamente fueron las víctimas de la revolución industrial, fueron -en realidad- sus beneficiarios. Nadie forzó a los campesinos a migrar a las zonas industriales, y nadie los forzó a trabajar en las fábricas; lo hicieron porque consideraron que sus condiciones de vida en los campos eran peores que en las fábricas. Esa y no otra fue la causa de este fenómeno.

Sin embargo, esta historia tergiversada es la que ha servido de fundamento para el establecimiento del derecho laboral que, si bien pretende mejorar la calidad de vida de las personas, en realidad impide que la gente más pobre y menos capacitada accedan a un empleo formal. En otras palabras, es el propio derecho laboral la principal barrera para que aquéllos a los que está llamado a proteger accedan a un empleo en donde se respeten las “conquistas sociales” que su defensores se ufanan de haber logrado.

La economía nos enseña que todo en la vida tiene un costo, que no existen almuerzos ni viajes gratis, y aquello que no sopesan los defensores de las regulaciones laborales son los inmensos costos que éstas irrogan. En mi concepto, estos costos superan largamente a sus beneficios.

El mercado laboral es como cualquier otro mercado, y está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. La regulación no es otra cosa que aumentar artificialmente el precio de contratar a alguien y, como se sabe, a mayor precio, menor demanda. Es decir que, mientras más regulación laboral exista, menos demanda por trabajadores habrá en el mercado y, por ende, aumentará el desempleo. La solución a este problema, sin embargo, la brinda el propio proceso de mercado en el que se generan mercados informales donde no se respetan estas costosas “conquistas sociales”, pero sí el derecho de las personas a trabajar libremente en lo que consideren la mejor alternativa para ellas. Es el mercado el que salva a los pobres de sus supuestos salvadores.