Postales del Tercer Mundo

El nuevo sistema judicial conduce a un callejón sin salida. Las normas sancionadas por el Congreso contienen gran cantidad de disposiciones manifiestamente inconstitucionales, las que serán bloqueadas por numerosos tribunales a lo largo y ancho del país. Teniendo en cuenta que la Justicia -valga la paradoja- será juez y parte en la cuestión, los hechos marchan aceleradamente hacia el estallido de un conflicto de poderes que paralizará la acción de gobierno, en medio de problemas de todo tipo que van creciendo y que es necesario solucionar.

 

El rol de la Corte Suprema de Justicia será fundamental, como cabeza del Poder Judicial y como órgano político capaz de discutir el poder. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, fue objeto de un ataque inoportuno por parte de la Diputada Elisa Carrió, quien lo acusó de haber pactado con la Presidenta Cristina Fernández.

 

En la críptica lógica de la legisladora, cualquier pacto con el adversario representa una claudicación, y una traición a sus aliados. No parece ser ésta una circunstancia que merezca ese calificativo. Tal como se están dando los hechos y ante la impotencia de la oposición en el Congreso, que no logra parar una iniciativa tan descabellada, es positivo para la vigencia de la República que la Corte siga administrando sus recursos económicos, evitando ser vaciada, tal como hubiera ocurrido si se aprobaba el proyecto tal cual salió de la cocina presidencial. También es bueno que la Corte se abstenga de hablar públicamente de los proyectos en términos políticos. La política es el territorio natural del gobierno y es un ámbito hostil a la Justicia. Esta se maneja mejor dentro de sus palacios, y a través de sus sentencias. Allí es donde puede hacerse fuerte y hacerle daño al gobierno, como ya lo hizo en otras oportunidades. Por esta razón, la Casa Rosada arremete contra ella.

 

El próximo paso que intentará dar el gobierno en este mismo sentido será la ampliación de los miembros de la Corte, tal como anticipó alegremente Eugenio Zaffaroni. Para los intereses gubernamentales, quizás hubiese sido más conveniente incluir esa decisión en el paquete de leyes, pero quizás se haya llegado a la conclusión que no alcanzaban las manos en el Congreso para concretar dicha iniciativa.

 

Las perspectivas de una Justicia debilitada, llenan de nubarrones el escenario económico, alejando cualquier clima favorable a la inversión. Esta requiere seguridad jurídica, valor que queda pulverizado con esta clase de medidas. Esta sensación se reflejó en la disparada del dólar paralelo de esta última semana, termómetro de la falta de confianza que genera el gobierno en materia económica. Entre los operadores financieros, existe hoy la certeza que el dólar paralelo seguirá subiendo, lo que genera un aumento de la demanda, y provocando así un proceso de causa-efecto permanente que lleva a la suba de la cotización.

 

Pero ésto es sólo la espuma de la cerveza. Lo esencial es la constante pérdida de valor de la moneda argentina, provocada por el proceso inflacionario gestado a partir del aumento de la emisión de pesos sin el respaldo debido en divisas y sin el correspondiente aumento de productividad de la economía nacional. El gobierno no puede evitar ese aumento por la necesidad de tapar agujeros fiscales generados por la voracidad del sector público.

 

Los comunicadores oficialistas intentan hacer creer que la inflación es un subproducto de la especulación financiera generada por las grandes corporaciones, y de la permanente actitud conspirativa que las mismas tienen frente al gobierno nacional y popular. Además de ser una sanata y un ejercicio de vagancia intelectual –se ha dicho siempre lo mismo en todas y cada una de las etapas inflacionarias del país-, el pensar así lleva a un nuevo fracaso frente al problema de la inflación, mal estructural y no colateral de la economía argentina.

 

El reciente episodio experimentado por el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ante una inofensiva periodista griega, demostró el grado de incompetencia profesional y política del funcionario frente al problema de la inflación. Lorenzino no sabe, ni puede, ni quiere hacer lo que es menester para resolverlo. Todos sabemos cómo terminará esta novela.

 

La inflación –además de un mal económico- es un mal social. Los principales afectados son los trabajadores, que ven cómo sus salarios van languideciendo mes a mes. Paralelamente, el marco inestable que genera la inflación, desalienta las inversiones y promueve la fuga de capitales. Ya puede verificarse un proceso recesivo, que ha detenido hace años la generación de empleo. A ello se agrega la injusta tributación que afecta a gran cantidad de asalariados, a los que se les retiene el Impuesto a las Ganancias, pese a tener sueldos de nivel medio.

 

Ese mismo empobrecimiento de la clase media es la que se vivió en los meses previos al estallido de diciembre de 2001. En aquella época, con cierto desdén se decía que sólo salían cuando le tocaban el bolsillo... igual que ahora. Hoy, la clase media se encuentra nuevamente en la calle: el gobierno la ha perdido definitivamente, circunstancia que genera incomodidad en Balcarce 50. El gobierno está particularmente incómodo, nervioso, inseguro y proclive a cometer errores.

 

¿Qué pasaría si a esa clase media harta, se le unieran -como en 2001- las capas más humildes? El conflicto social sería inevitable, y la capacidad de reprimir por parte del gobierno sería nula, dado que las fuerzas de seguridad no acatarían órdenes en tal sentido. ¿Qué falta para llegar a ello? Que se profundice el deterioro de las empresas que proveen empleo, y que el Estado no dé abasto con los planes sociales. En diciembre del año pasado, Río Negro fue una muestra de lo que pasaría ante el final del asistencialismo estatal.

 

Pero otro factor dinamizador de la ira social es la exhibición pública, sin réplica consistente, de la corrupción sistémica que ha caracterizado al régimen kirchnerista desde 2003. Resulta insólito que el programa de Jorge Lanata (Periodismo Para Todos) supere holgadamente en el rating a las transmisiones de fútbol los días domingo. Y, sobre cada denuncia que allí se genera, el resto de los medios basan sus programas para el resto de la semana, dándole a cada escándalo una resonancia multiplicada.

 

Más aún, un error táctico del gobierno ayudó a esa multiplicación. La operación realizada por periodistas del multimedios América, tendiente a farandulizar el escándalo de Lázaro Báez, lejos de acallar los ecos, los maximizó, por la popularidad de las personas directa o indirectamente involucradas.

 

Y otra consecuencia no prevista fue la pérdida de miedo, que va detectándose en distintas personas que pudieron estar al tanto de hechos graves de corrupción. Se produce un efecto contagio, y a la vez, la sensación de saber que la publicidad brinda seguridad a quien denuncia. La clandestinidad es la aliada principal de la corrupción mafiosa.

 

La sociedad, incluyendo a quienes votaron a los candidatos del gobierno, observa el carácter impactante de cada denuncia y las respuestas endebles de los acusados, formándose así un concepto social cada vez más degradado de la naturaleza moral del kirchnerismo.

 

El gobierno que en ese proceso su gran enemigo es el Grupo Clarín, principal vehículo a través de cual se le comunica a la ciudadanía todas estas atrocidades. El episodio visto recientemente en la asamblea del multimedio, en el que Guillermo Moreno, Axel Kicilof y Daniel Reposo irrumpieron con actitud patoteril, son un aviso de sus intenciones, aún no consumadas porque alguien con más tino político los ha frenado: la intervención del grupo por parte de la Comisión Nacional de Valores, cuyo titular Alejandro Vanoli acompañó a aquéllos en la ocasión.

 

Mientras todo ello ocurre, la población sufre en carne propia las consecuencias de la falta de inversión estatal: accidentes de trenes, inundaciones devastadoras, cortes de energía, inseguridad, jubilaciones miserables... La corrupción no es sólo un hecho moral grave, sino que es fuente de muertes, enfermedades y pérdidas graves, sobre todo para los más humildes.

 

Cuarenta años atrás, el General Juan Domingo Perón decía: "Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento". Quizás, el gobierno encuentre en una sociedad harta y movilizada el límite que la política institucional no logra imponerle.

 

* El autor es Abogado y titular de la web Argenpolítica, en http://argenpolitica.blogspot.com.ar.