España: el error de subir los impuestos

La situación política de España es verdaderamente notable: unas cifras de paro nunca vistas y, lo que es peor, crecientes; una actividad económica en recesión, cuando las previsiones habían sido moderadamente optimistas; cierres generalizados de pequeñas y medianas empresas; autonomías necesitadas de financiación para mantener los servicios que les han sido transferidos; cifras de déficit que aún sobrepasan el máximo fijado por la Unión Europea (UE); una acumulación de deuda pública, que pronto equivaldrá a al 100% de la producción nacional; ... y el Consejo de Ministros declara su firme intención de continuar con la consolidación fiscal y mantener su política de austeridad, pese al coro de voces que pide medidas de reanimación del consumo con más gasto público y más deuda. Podremos quejarnos de Mariano Rajoy y sus ministros, pero no hay duda que muestran una confianza inusitada en el acierto de la política económica que pusieron en marcha al acceder al gobierno de la nación, hace ya dieciocho meses.

Las radios y televisiones extranjeras que me entrevistan cada vez que en España hay una mala noticia se asombran de que los españoles sobrellevemos con indignación contenida y paciente dignidad la situación en que nos encontramos. Hay protestas, señalan, pero esto no es lo de Grecia. La explicación que les doy, con ciertas dudas, es que los lazos familiares son aquí muy fuertes y que así nos enfrentamos con situaciones de angustia que en otro país causarían una explosión. En todo caso, ello permite que el presidente y sus ministros, animados por la caída de la prima de riesgo, mantengan un rumbo que podría haberse hecho insoportable en cualquier otro país.

La consolidación fiscal era necesaria. Peor sería no llevarla a cabo. Pero se han cometido errores que ahora pagamos con una recaída en la recesión. La consolidación tendría que haberse acompañado de una verdadera reforma de lo que cabría llamar la constitución económica del país. Esa reforma de las instituciones económicas del país habría permitido basar la consolidación fiscal en la reducción del gasto público en vez de en subidas de impuestos. Ahora quiere hacerse tardíamente con el "Plan Nacional de Reformas" anunciado por el Consejo de Ministros. La única reforma verdadera -aunque insuficiente- ha sido la laboral. Cierto es que su primer efecto ha sido llevar al paro a muchos trabajadores embalsados artificialmente en empresas que se ahogaban. Pero así se han puesto las bases de un renacimiento empresarial en cuanto pase la crisis. En lo demás, está casi todo por hacer. Prometen una reorganización de las pensiones. La reforma bancaria aún está a medias, lo que reduce el flujo de crédito a las empresas. El desorden del sector energético se ha multiplicado. Falta culminar la reforma educativa. La transformación sanitaria se reduce a algunas medidas valientes tomadas por la Comunidad de Madrid. La competencia aún brilla por su ausencia en las profesiones. La unidad del mercado nacional está a la espera.

El error principal del plan de consolidación, que es el aumento de los impuestos, es consecuencia del aplazamiento de las reformas. En vez de aumentar impuestos, era necesario recortar gastos. Mas para ello era condición indispensable un profundo plan de reformas, que llega tarde. Lo fácil es subir impuestos y rezar por una pronta reanimación de la actividad económica. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 26 de abril, el ministro de Hacienda recordó con aparente satisfacción que España es el segundo país europeo después de Grecia en cuanto a esfuerzo fiscal primario, es decir, en esfuerzo impositivo sin contar el servicio dela deuda. A continuación, tras intentar tranquilizarnos diciendo que no habría subidas el IVA y del impuesto sobre la renta, pasó a detallar considerables aumentos impositivos: impuesto de sociedades, tasa sobre los depósitos bancarios, aumentos impositivos a las empresas, elevación del impuesto sobre el tabaco, un nuevo impuesto medioambiental. Subir los impuestos es la solución típica de los burócratas de Bruselas. Mejor habría sido recortar el gasto y ampliar el grado de competencia de la sociedad española. Eso hicieron los tres países bálticos: reducción drástica del tamaño y funciones del Estado, lucha contra los oligopolios nacionales, dura caída del PBI durante año y medio, y vuelta a crecer sobre bases saneadas.

En cuanto a las administraciones públicas, sólo daré un dato: desde 2007 hasta el año pasado, el empleo público ha aumentado en unas 50 mil personas, mientras que, en el sector privado, se destruían unos 3,2 millones de puestos de trabajo. ¿No son reveladoras estas cifras?

Este artículo fue publicado originalmente en Expansión (España) el 27 de abril de 2013.