Ley de Medios: atentado contra la libertad

Víctor Pavón es Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.

"Prefiero una prensa sin gobierno que un gobierno sin prensa. Lo fundamental es el derecho del pueblo a saber, a estar informado".
—Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los EE.UU. y uno de los principales redactores de su Constitución y dos veces presidente de su país.

Pasó desapercibido el discurso de algunos presidenciables y candidatos a importantes cargos de proponer una ley de medios en el país. Apenas culminadas las elecciones, sin embargo, volvieron a manifestar que aquella intención legislativa no fue mera declamación.

Alegan sus proponentes que una ley de medios que regule a la prensa es necesaria porque, ante la inmensa cantidad de informaciones que recibimos, no somos capaces de diferenciar cuál de ellas es objetiva y veraz. Esto es, como las personas no somos competentes en dirimir entre lo que leemos, escuchamos o vemos en los medios, es preferible que algunos se encarguen de hacernos saber lo que nos conviene. Esta suposición -autoritaria por donde se la mire- parte de la idea de que la formación intelectual de algunos tiene principio de autoridad, motivo por el cual es mejor que algunas personas mejor preparadas (así ellos se consideran sin vergüenza alguna) conformen una oficina burocrática mediante una ley aprobada, por supuesto, bajo los códigos de la democracia que, no es más que sobrevalorar la cuantía de votos en detrimento de los derechos individuales.

Esta lamentable intromisión del pensamiento colectivista está fuertemente enraizado en nuestro continente. Pero como el Estado de Derecho está siendo relegado por la democracia del número, mucha gente vuelve sus miradas hacia la coerción, en lugar de la cooperación social. Es lo que está ocurriendo en varios países como en nuestra vecina Argentina, donde se libra toda una batalla entre medios adeptos al gobierno y aquellos que continúan con sus críticas al régimen. Solo para ilustrar mejor esta situación, es cuestión de ver la TV pública de este país, donde se podrá apreciar la fuerte influencia de las ideas y políticas hacia una clara dirección de tinte oficialista, sin que interese que dicha clase de cobertura televisiva se esté llevando a cabo gracias al dinero de todos los contribuyentes, lo que daría el derecho de escuchar, al menos, la otra campana.

Pero no sucede así. Y el motivo es que, desde el momento en que hay una ley que regula de una u otra manera a la prensa, también existen funcionarios que la deben aplicar, a lo que se suman los intereses que los gobiernos de turno defienden y van haciendo y, que si no son transparentes, sencillamente es mejor que nadie lo sepa. Una opinión pública informada y crítica no le cae bien a los corruptos. Una ley de medios requerirá, para su vigencia de funcionarios, algunos burócratas que conformarán el órgano aplicación y, otros, como los jueces y fiscales, que recibirán las denuncias del órgano encargado en la materia para así abrir la investigación y luego encontrar la debida sentencia en el tribunal competente.

El tema de las sentencias tribunalicias contra la prensa no puede pasar desapercibido. Ya sabemos como funcionan en ciertos lugares, como hace poco se dio en el Ecuador, donde el presidente Rafael Correa planteó y ganó múltiples demandas multimillonarias por concepto de indemnización por injurias.

Este tipo de leyes, además, abre el paraguas de las interpretaciones extensivas. En este caso, el argumento sustancial se encontrará haciendo mal uso del concepto del bien común, término este último que se emplea para el bien de los que detentan el poder. En la ley estará el órgano de aplicación, funcionarios, causales de intervención al medio, qué información es dañina o no para el público, etcétera.

El resultado de todo ello no puede ser que más que la censura y el debilitamiento de la libertad. La gente ya no podrá apreciar por sí misma y a su real entender lo que la prensa le va diciendo porque tendrá como intermediarios a celosos mediadores. De este modo, ya no es el común de la gente la que decide qué hacer con la información que recibió. Y, cuando esta sencilla situación se esté dando, entonces estaremos ante el hecho consumado de una forma de autoritarismo, por no decir de dictadura.

Esto es lo que se busca con la ley de medios en el Paraguay. ¿Acaso el gobierno de turno, cualquiera sea, a sabiendas que tiene a disposición este tipo de legislación, no hará lo que mejor le conviene tratando de silenciar a la prensa crítica, para así tapar sus ilegalidades, fechorías y cuánta corrupción provoque?

En nuestro país ya tenemos suficientes problemas como para tener que agregar uno más como esta ley de control a la prensa, que será como echar combustible al fuego. Detrás de esto, existe un plan bien orquestado por los cultores del pensamiento colectivista. Este plan no cesará en utilizar las herramientas de la coerción como la ley de medios que tiene como objetivo final la destrucción de la libertad.

Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 7 de mayo de 2013.