La crisis europea

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.

A ambos lados del Atlántico, se ha planteado un debate entre la austeridad, esto es, la necesidad de reducir el binomio déficit-deuda y el crecimiento. Esta polémica es falsa. La tesis según la cual la disminución del endeudamiento del sector público "siempre" -pero, sobre todo, en un escenario de recesión o de escaso vigor económico- tiene un impacto depresivo sobre la actividad productiva, constituye un craso error teórico, una hipótesis refutada por la evidencia empírica y una justificación para no adoptar un recorte del tamaño del Estado. Al mismo tiempo, la persistencia de elevados niveles de déficit presupuestarios y de deuda pública no sólo lastran la recuperación sino que, además, siembran dudas sobre la solvencia de los estados. Ni en Europa ni en los Estados Unidos de América existen políticas adecuadas para corregir los desequilibrios de las finanzas estatales y estimular la economía.

El primer error de análisis estriba en que no todas las estrategias de consolidación fiscal y presupuestaria producen los mismos efectos. En América y en Europa, se ha elegido la vía incorrecta, la cual coincidió con hacer descansar el proceso de ajuste en aumentos de los impuestos, en lugar de fundamentar ese descanso en las rebajas del gasto público. La teoría económica y la evidencia empírica demuestran que esa política es autodestructiva. Sólo sirve para deprimir la economía, profundizar en la recesión y, por tanto, en restar ingresos para las arcas estatales. Por desgracia, esta realidad parece ser ignorada por los gobiernos europeos y por el norteamericano, dado que ambos se muestran incapaces de acometer una disminución del tamaño del Estado, único camino para estabilizar las cuentas públicas.

Al contrario, el grueso de los Estados de la Unión Europea, incluída Alemania, no han acometido un proceso de reforma/recorte de los programas estructurales del gasto público, básicamente del Estado del Bienestar; han aplicado rebajas cosméticas y coyunturales en los desembolsos del sector público, y han hecho reposar toda su programación de recorte del déficit en aumentos de impuestos que sólo han logrado ralentizar la economía. El centro, la derecha y la izquierda europeas quieren introducir cambios parciales en un modelo socio-económico insostenible y subir los impuestos hasta que la economía se reactive y permita financiar de nuevo a un aparato estatal sobredimensionado.

El problema es que las subas de impuestos recortan la capacidad de crecer y, en consecuencia, no permiten generar los ingresos necesarios para que el endeudamiento público disminuya. Esto se traduce en la existencia de una crisis estructural irreversible en el consenso estatista, construído por la izquierda y la derecha europeas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y mantenido vivo con modificaciones parciales. Ahora, los parches no sirven y la crisis sistémica es terminal. Esta situación es visible en los países menos ricos de la UE -los de la periferia-, pero comienza a emerger en los “ricos”, como Francia, cuyo sistema social y económico es incompatible con la salud de las finanzas públicas y con el crecimiento.

Ante este panorama, la política de “austeridad” europea equivale a suministrar aspirinas a un enfermo de cáncer. El Viejo Continente es consciente de la insostenibilidad del status quo, pero es incapaz de adoptar las medidas necesarias para modificarlo. Las sociedades europeas se encuentran adormecidas (a pesar de la crisis) por un marco institucional, político, social y económico alérgico al cambio, y los gobiernos no exhiben ni la voluntad ni las convicciones para desmantelar un sistema paternalista y asistencial que los "protege" de ellos mismos. Este escenario condena a Europa a una decadencia irreversible y a los Estados del sur europeo a una pérdida de niveles de vida radicales sin un cambio radical de políticas.

El problema central de la economía europea es el de un proceso degenerativo, cuyas consecuencias económicas son sólo una segunda derivada. El Viejo Continente se ha convertido en una sociedad en la que el igualitarismo servido por el Estado ha aniquilado o, al menos debilitado, el espíritu de la libertad. De facto durante los últimos cincuenta años, Europa ha retornado a la era precapitalista, definida por una sociedad estamental, en la que los grupos de presión buscan extraer rentas en lugar de crear riqueza. El antiguo individualismo europeo ha muerto, o bien se ha convertido en un hecho marginal en casi todos los estados continentales, en los que los grupos de presión compiten entre sí por obtener favores del poder a base de mayor gasto público y de una carga fiscal más elevada para financiarle.

En la práctica, y aunque parezca una caricatura, Europa se parece cada vez más al fenecido sistema soviético, incapaz de hacer frente a sus competidores. En el caso de la extinta URSS fue la competencia desencadenada durante la Era Reagan la causa de su colapso. En la Europa de 2013, es la procedente de áreas como Asia y de las economías emergentes. La Caída del Muro de Berlín simbolizó el desplome del sueño comunista, y la actual crisis europea, la del proyecto socialdemócrata. En un mismo continente, se ha registrado el fracaso de los dos socialismos del siglo XX, el carnivoro soviético, y el vegetariano socialdemócrata.

Desde esta perspectiva, la crisis económica, financiera y social europea no tiene salida sin una vuelta a los principios básicos que hicieron su grandeza y su prosperidad: Un Estado limitado basado en el imperio de la ley, la garantía de los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y con una red mínima de seguridad para aquellas víctimas del infortunio incapaces de sobrevivir en el mercado por causas ajenas a su comportamiento y a su voluntad. Por desgracia, este retorno a los fundamentos es improbable y, además, tampoco éstos fueron una fuerza dominante en muchos estados europeos. Así pues, negro es el futuro del Continente.