Diez años de kirchnerismo, en diez leyes

En contraste con la inicial abulia opositora, el kirchnerismo siempre ha logrado marcar la cancha política, impulsando leyes que -cuando no eran francamente apoyadas por algunos espacios de oposición- fueron sancionadas gracias a su mayoría casi automática. Cada uno de estos Proyectos logró acrecentar el poder político y económico del gobierno, muchas veces en desmedro del sistema republicano. Estas iniciativas oficiaron de bastión para el engordamiento de un Estado cada vez más abarcador, sostenido por un relato unilateral que opera como verdadero contrato de adhesión. A este relato, uno debe suscribir en su totalidad si no quiere ser relegado hacia los confines del "golpismo opositor". Repasemos, pues, las diez leyes más polémicas de esta década kirchnerista.


1. Estatización de Aerolíneas Argentinas (septiembre de 2008)

Con esta ley, el gobierno reestatizó Aerolíneas Argentinas -privatizada a comienzo de la década de los noventa-, haciéndose de su paquete accionario. La compañía, dirigida por Mariano Recalde -joven miembro de La Cámpora- ya ha insumido más de US$ 3.566 millones del erario público, lo cual le permitiría al Estado comprar más de tres American Airlines, conforme una estimación de Franciso Olivera. Cabe añadir, que la empresa deficitaria tiene como principal competidor a la filial de la chilena LAN, razón por la cual sectores camporistas que operan en Aerolíneas Argentinas impulsan incidentes con la empresa trasandina a través de Intercargo -intervenida por La Cámpora- y que presta el servicio de rampas.

2. Reforma del sistema previsional (noviembre de 2008)

A través de la Ley 26.425 -sancionada con amplias mayorías tanto en Diputados como en Senadores-, se hizo desaparecer de un solo golpe el sistema de jubilación privada en el país, transfiriéndose $74.000 millones al Gobierno Nacional, además de paquetes accionarios de diversas empresas que estaban en poder de las antiguas AFJP. Luego, arribaría lo que se sospechaba: el dinero del ANSES se empleó -y así sigue siendo hoy- para maquillar el déficit fiscal. El Congreso, con el impulso de la oposición, aprobó más adelante una ley para otorgar el 82% móvil a los jubilados. Cristina Fernández de Kirchner, a través de un decreto, vetó dicha ley. "Lo que se sancionó ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado y, como presidenta, no puedo permitir la quiebra del Estado argentino", declaró CFK en aquella oportunidad.

3. Ley de Medios Audiovisuales (octubre de 2009)

Con el objetivo declarado de "democratizar" los medios de comunicación, un gobierno que nunca brinda conferencias de prensa se dio a la tarea de impulsar esta polémica ley, hecha a medida de su némesis, el Grupo Clarín. La ley -que pretende atacar la estructura económica de la empresa- aún aguarda por un dictamen de la Corte Suprema respecto de su constitucionalidad, habida cuenta de los polémicos artículos 45 y 161, que claramente buscan atomizar a los medios (en aras de controlarlos a través de la pauta oficial). La guerra con Clarín -que diera inicio a partir de la fallida Resolución 125- es un obsesivo blanco para el kirchnerismo, que cobra especial valor a partir de la incorporación de Jorge Lanata (Periodismo Para Todos) y la cercanía de las elecciones.

4. Ley Antiterrorista (diciembre de 2011)

En 2011, el oficialismo logró aprobar -en brevísimo trámite- la Ley 26.734, conocida como "ley antiterrorista", impulsada por el oficialismo por pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el objetivo –hoy paradójico– de prevenir el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. La polémica en torno a la norma -que modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal- radicó en que castiga a quienes intenten o logren "aterrorizar a la población", habida cuenta de que la amplitud del tipo penal permitiría sancionar manifestaciones sociales contra la Administración. Aún así, dos adscriptos al relato oficialista criticaron la ley. Estela Barnes de Carlotto se manifestó sobre su inutilidad y dijo que "en la Argentina, no hay terrorismo". Por su parte, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni declaró: "En lo que hace al terrorismo, no hay ningún delito vinculado al mismo que desde siempre no haya estado severamente penado en nuestras leyes, de modo que no es más que un pretexto".

5. Expropiación de YPF (mayo 2012)

Con abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados declaró "de utilidad pública" al 51% de las acciones de la petrolera YPF, hasta ese momento en manos de la española Repsol. Esta drástica medida -ejecutada con el declarado objetivo de lograr la ansiada "soberanía energética"- no ha surtido los efectos deseados. Los volúmenes de gas producidos por YPF en el primer bimestre de este año se ubicaron en un 2,7% por debajo de igual bimestre del 2012, mientras que la producción de petróleo cae un 4,2% por debajo en igual periodo. Por otra parte, el autoabastecimiento energético se presenta cada vez más lejano, y las importaciones de combustibles se incrementaron en un 57%, durante el primer trimestre del año. Tampoco se han cumplido las metas de perforación de pozos de exploración. Además, la nafta Súper expendida por YPF -el combustible más usado por los argentinos- aumentó en un 26,2% su precio por litro desde la estatización de la empresa.

6. Expropiación de la ex Ciccone Calcográfica (agosto de 2012)

En medio de un escándalo de corrupción, el Gobierno Nacional -otra vez apoyado por numerosos legisladores de la oposición- logró sancionar una ley que declaró de utilidad pública, expropiando la en su momento Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica. La empresa, dirigida por el supuesto testaferro del Vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, fue rápidamente expropiada, con el fin de echar un manto de piedad sobre el asunto que socavó la imagen del por entonces candidato kirchnerista para el 2015.

7. Ley de Reforma del Mercado de Capitales (noviembre de 2012)

En la última sesión del año legislativo, la Administración Fernández de Kirchner sancionó una ley que estableció nuevas y fuertes regulaciones en el mercado de capitales, mediante la cesión de amplias facultades de intervención en el sistema a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El punto más polémico se observó en el inciso agregado en el Artículo 20, que otorga a la CNV la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas cuando "resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios". La misma cláusula permite la intervención por hasta 180 días de los órganos de decisión de las empresas. Esta ley, sumada a la de estatización de las AFJP, da la posibilidad al Gobierno Nacional de intervenir y desbaratar económica y periodísticamente al Grupo Clarín durante ciento ochenta días. Plan que aún no se ha decidido a implementar, dado el elevadísimo costo político que involucraría.

8. Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán (marzo de 2013)

Luego de una polémica sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley un memorándum que la Argentina firmara con la nación persa en el marco de la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994. El pacto -que duramente cuestionado por la AMIA, la DAIA y la organización Memoria Activa- consta de nueve artículos en los cuales, entre otras cuestiones, se crea una "Comisión de la Verdad". El memo fue calificado como una renuncia tácita al derecho de descubrir la verdad y obtener justicia por muchos analistas y organizaciones sociales. Además, para un órgano oficial del gobierno iraní de Mahmud Ahmadinejad, el acuerdo es parte del esfuerzo que viene realizando Teherán para romper con el aislamiento internacional y reforzar su influencia en América Latina. El marcado sentimiento antiestadounidense detectado en grandes porciones de la ciudadanía argentina es el factor ataría los destinos de la República Islámica y nuestro país, conforme lo reportaran en su momento miembros del gobierno iraní.

9. Ley de "Reforma Judicial" (mayo de 2013)

A raíz de la trunca pelea con Clarín, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó un modelo que pervierte de manera expresa el sistema republicano de división de poderes. Proyecto blanqueado a través de una ley que amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo de la Magistratura, reduce las mayorías para designar y destituir jueces (pasan de dos tercios a la mitad más uno de los miembros), e impone la elección por voto popular de los representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos. Al mismo tiempo, se limita duramente la presentación de medidas cautelares contra el accionar del Estado. De este modo, el Poder Ejecutivo en ejercicio tiene una gran ventaja a la hora de dominar la justicia, dado que obliga a los magistrados a involucrarse en la campaña política y a no desviarse de los deseos del kirchnerismo, so pena de ser destituídos sin más. Cabe agregar que la controvertida medida -disociada de cláusulas constitucionales básicas- está siendo actualmente impugnada por varias vías y, tarde o temprano, demandará una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

10. Proyecto de Ley de blanqueo de capitales (mayo de 2013)

Este proyecto, que seguramente se convertirá en ley sin problemas, no puede leerse sino como un retroceso de la mentada "pesificación" de la economía buscada por el Gobierno Nacional. A través del mismo, el Ministerio de Economía creará dos instrumentos: el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) -además de un Pagaré‚ de Ahorro para el Desarrollo Económico–. Estos bonos podrán ser adquiridos por quienes deseen cambiar divisa extranjera, y no estarán obligados a revelar su origen ni la procedencia de los fondos con los que se obtuvo. Por otra parte, estarán exentos del pago del Impuesto a las Ganancias y de cualquier gravamen especial. Si esto generará un paraíso fiscal o si sólo servirá para que algunos allegados a la Administración laven lo obtenido de su participación en negocios turbios, es una cuestión que depende del volumen que exhiba el blanqueo.

Bonus track: Proyecto de expropiación de Papel Prensa.

Los referentes oficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti impulsan un proyecto para que el gobierno se haga de 24% de las acciones de Papel Prensa, la principal empresa privada de fabricación de papel de diario. De este modo, y sumada al 27,5% de acciones que el Estado ya posee, se generaría un monopolio público sobre la fabricación y distribución de papel, lo que le permitiría al gobierno desabastecer de papel a los diarios cuya línea editorial le resulta molesta, sin importar su nivel de tirada y consumo, bajo un pretexto "democratizador". La iniciativa, como es fácil de concluír, representa un grave peligro en perjuicio de la ya muy difícil de ejercer libertad de prensa en la Argentina.