Estados Unidos: sobre las filtraciones en la NSA

Informes recientes refieren que un empleado de un contratista del gobierno federal filtró a medios de comunicación los detalles de un programa de vigilancia clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Consultado el Dr. James Carafano -autor estadounidense sobre un libro que remite al uso de contratistas por parte de Washington (Private Sector, Public Wars)- su opinión sobre estas recientes revelaciones.

¿Es habitual compartir información clasificada con los contratistas?

-Sí. Compartimos constantemente nuestra información clasificada con los empleados de contratistas. Fallas como la presente son un caso extraño.

¿No es eso arriesgado?

Los contratistas, cuando se utilizan de forma prudente y con la supervisión apropiada, son una parte valiosa de nuestra capacidad militar. Sacar provecho de modo eficaz del sector privado con el objetivo de mejorar la seguridad nacional puede representar una enorme ventaja competitiva para los Estados Unidos de América. Dicho esto, desconocemos si esta persona fue preparada, vigilada y supervisada apropiadamente. Eso tendrá que decidirse en una investigación competente.

¿Se puede enjuiciar al autor de las filtraciones?

Sí. La obligación de empleados de contratistas de tratar adecuadamente el material clasificado es la misma que la de los empleados públicos. Las personas no tienen que decidir por sí mismas qué debería estar clasificado. Si alguien ha dado conscientemente material clasificado a una persona no autorizada, se trata de una grave infracción tanto de confianza como legal.

¿Qué tiene de malo hacer que el público sepa qué está haciendo nuestro gobierno?

Tenemos que separar la filtración de ese material, que simplemente está mal, de la preocupación por el programa en sí mismo. La vigilancia de las amenazas se puede hacer de forma legal; sin embargo, es imposible decir a partir únicamente de los informes de prensa y de los argumentos del gobierno si el programa se administró apropiadamente. Dicho esto, las personas que exhiban sospechas acerca de la comisión de actos delictivos dentro del gobierno federal tienen opciones legítimas para llamar la atención sobre los mismos a personas responsables, tanto del gobierno como del Congreso y sin infringir, por ello, la ley.