El periplo americano de Elisa Carrió: ni jueces adscriptos, ni peronistas

Desde su rincón particularmente ruidoso en la vereda de enfrente del Gobierno Nacional, Elisa María Avelina Carrió también parece haberse decidido a ir por todo. Hace cuestión de días, la Diputada Nacional por la Coalición Cívica aterrizó junto a miembros de su equipo en los Estados Unidos; el objetivo: llevar una serie de carpetas con holgada información que ilustra sobre operaciones financieras sospechosas, ejecutadas por dirigentes, empresarios y testaferros de conexiones probadas con la Casa Rosada. Aún cuando los detalles y el hilado fino de la presentación se desconocen, las pistas compartidas no son pocas: Carrió se apersonó, documentación en mano, en el despacho del senador norteamericano Carl Levin, chairman del subcomité permanente de investigaciones del cuerpo legislativo. El órgano -compuesto por senadores de mayoría (demócrata) y minoría (republicana) entiende, entre otras cuestiones, en fraudes con tarjeta de crédito, prácticas ilegales relacionadas con paraísos fiscales (banca offshore), y perpetración de delitos de lavado de dinero por parte de líderes y/o funcionarios de gobiernos extranjeros. Siempre, por supuesto, que la actividad ilícita sea llevada a cabo dentro del territorio continental e insular estadounidense.

Por supuesto que el portfolio de Elisa Carrió no se presenta escaso en identidades -algunas, bien conocidas por la opinión pública argentina en el último mes-: los reportes del voluminoso cartapacio versan sobre las tácticas empleadas por Federico Elaskar a la hora de constituir en Estados Unidos la sucursal 'extranjera' de SGI (lo cual remitirá a Lázaro Báez, aunque el citado insista en no haberlo conocido personalmente). Otro tanto podría estar dedicado al showman Leonardo Fariña y -por qué no- a personajes allegados al kirchnerismo que no han observado mayor empacho en blanquear porciones de su peculio a través de fondos triangulados desde cuentas bancarias offshore (tal como explicamos en la serie de trabajos intitulada 'Lavadocracia'). Por fortuna o por desgracia, mucha de esta información ya es de dominio público, y puede ser hallada en el Internet. En virtud de que Florida ha sido el elegido por los protagonistas del affaire del 'Lavado K' como destino final para el metálico de dudoso origen, la chaqueña optó por los tribunales federales de ese estado de la Unión para dejar asentada la correspondiente denuncia. En resumidas cuentas, el carrioísmo parece haber arribado a una conclusión: la justicia argentina no es terreno fértil para que prosperen acusaciones de semejante volumen. No en vano, la Señora ha invertido tiempo en desnudar el pacto entre Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación, y figuras prominentes con ingreso a Balcarce 50. Y los hechos, tal como vienen computándose, quizás no le quiten razón: las declaraciones indagatorias de Elaskar y Fariña ante el magistrado de filiación camporista Sebastián Casanello son calificadas por la ciudadanía como subcapítulos de una burlona charada. Lo propio se percibe de cara a los allanamientos en las propiedades de Lázaro Báez, para muchos, confeccionados a medida.

Carrió también es consciente de que no pocos gobernadores de provincia configuran un peculiar tándem junto a Julio De Vido con miras a enajenar la obra pública en cada territorio, con jugosas ganancias repartidas entre pocos. Esto la ha llevado a concluir que el poder de la denuncia podría, parsimoniosamente, sucumbir ante la complicidad judicial y el espectrograma de impunidad pergeñado por el peronismo, cualquiera sea su color. Analistas curiosos cotejarán que el Gobierno Nacional está prestando especial atención al movimiento de piezas de Carrió. A fines de la semana en curso, se conoció la novedad de que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, echaría mano del convenio impositivo con el IRS americano -a la sazón, la oficina federal de impuestos de ese país- para que ciudadanos argentinos con bienes inmuebles en Miami y zonas aledañas comiencen a tributar. Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos ya había promocionado acuerdos con los Estados Unidos años atrás, con miras a perseguir a supuestos evasores con involucramiento el mercado inmobiliario norteño. Entonces, ¿por qué esa iniciativa es reflotada justo ahora? ¿Por qué Miami? Sería ciertamente inverosímil que la Administración Kirchner se proponga poner la mira en la evasión de intendentes tales como Julio Pereyra (Florencio Varela) o el Gobernador de Tucumán José Alperovich; ambos -al igual que sus respectivos núcleos íntimos- exhiben intereses en el húmedo y pesado clima del sur americano. Nota marginal: es improbable que el IRS quebrante los sellos del secreto sobre inversores argentinos que operan en su jurisdicción, en el preciso momento en que reputados funcionarios del cristinismo son investigados por lavado de dinero y accessories. Con toda probabilidad, el mandamás de AFIP recibirá, como respuesta a su consulta, una hoja en blanco.

Así las cosas, Carrió está tomando nota frente a que Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner y sus risueños dignatarios consideran que su presente se encuentra a buen resguardo. Prerrogativa que invita a, cuando menos, comprometer su futuro. Conforme ya se ha citado, el lavado se halla tipificado como delito federal en los Estados Unidos de América; a diferencia de la Argentina, la comisión de esa actividad -y relacionadas- no es pasible de ser dejada de lado por presiones políticas y/o corporativas: también existen severas penalidades para aquellos funcionarios federales que eludan investigarla.

A la luz de esta oleada de datos, no faltará quien aduzca que la Presidente se propone cooptar a la administración de justicia no solo con la meta de cosechar impunidad en el orden local, sino para imprimirle un sello de nulidad a cualquier potencial extradición -para el caso en que la "democratización" de los jueces sea exitosa-. Sin importar que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro americano se muestren más colaborativos que nunca antes con las autoridades bancarias suizas, Interpol y sus homónimos en los países de la Eurozona. Nuevamente, se sugiere repasar el compendio de ilícitos cometidos por el ex jefe de estado guatemalteco Alfonso Portillo, quien se encamina a cumplir sentencia en una prisión federal en EE.UU. Inquisitivo corolario: ¿se propuso el kirchnerismo, desde sus albores, ejecutar una agenda de corte bolivariano, o sencillamente se ha montado en una política de desordenada y confiscatoria expoliación porque su reguero de torpezas no le ha dejado otro camino?

Finalmente, la Diputada chaqueña deberá toparse, más temprano que tarde, con el rigorismo que imponen las 'reglas de juego': el subsistema oficialista no solo continúa rastreando desperfectos en su declaratoria de bienes, sino que también está hurgando sobre su accionar como fiscal en su Chaco nativo, y sobre las investigaciones confeccionadas sobre lavado en 2001 -y que también tenía a EE.UU. como eje-, cuya resolución jamás se conoció.

Previo a octubre, el horizonte permite vislumbrar otra posibilidad. A saber, que el Distrito de Columbia termine convirtiéndose en destino obligado de una nutrida tanda de legisladores de otros espacios de oposición, bien predispuestos a convocar a interconsultas con sus pares estadounidenses, con miras a elaborar un mapa de las prácticas non sanctas que tiene como protagonistas a numerosos funcionarios del FPV. ¿Qué conectores, por ejemplo, unen a la ex Ciccone Calcográfica con Bal Harbor?