Clientelismo y corrupción en el Estado: el antídoto de un servicio civil fundado en el mérito

1. El gasto público como porcentaje del PBI actualmente supera el 45%.

Las últimas cifras disponibles sobre la proporción del gasto público argentino en relación al PBI apuntan al 46%, lo cual significa una carga insoportable para el sector privado productivo por varias razones. La primera es obvia: porque el restante 54% del PBI generado por el sector privado productivo debe soportar una carga impositiva excesiva para pagar por un gasto público ineficiente. Pero además, ocurre que el PBI estatal computado como “producción” en las cuentas nacionales no es tal, es puro humo. Es la clientela de empleados nombrados de favor por el gobierno cuya producción se agota en calentar la silla. Y también de “militantes” que se limitan a saltar, gritar y tocar el bombo para llenar artificialmente los actos públicos oficiales. Por supuesto toda esta gente no contribuye a la producción. En realidad este gasto no es verdadero PBI ni producción ni cosa que se le parezca. Puede ser que la mitad, o incluso hasta el 70% del gasto público lo sea, en la medida que esté compuesto por sueldos de maestros, profesores, jueces, policías, médicos y enfermeros de los hospitales públicos etc., etc., que trabajan abnegadamente. Pero difícilmente deberíamos computar como PBI los sueldos de la totalidad de los 4.828 agentes de la Secretaria General de la Presidencia, o los 2.007 de la Jefatura de Gabinete, o los 13.413 empleados del Congreso, o los 15.527 del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que según el último presupuesto nacional aprobado forman parte de esas dependencias. La enormidad del gasto público improductivo hace que los altos impuestos que pagamos no alcancen a financiarlo, por lo cual el gobierno nacional ha debido recurrir al Banco Central y a la ANSES por la sideral suma de 15.134 millones de pesos en el primer trimestre de este año, un 75% más que en igual período de 2012. Ello augura un déficit fiscal global para el 2013 del 4% del PBI, que de materializarse, nos colocaría en las puertas de la hiperinflación. En tiempos de la República, con anterioridad a 1943, cuando los argentinos estábamos orgullosos de nuestra Nación, el presupuesto de la Secretaria General de la Presidencia figuraban los sueldos de algunos pocos asesores, ordenanzas y choferes, no había Jefatura de Gabinete y el país funcionaba mucho mejor. Otro ejemplo: el bloque de 60 diputados nacionales del Partido Demócrata en medio del decenio de 1930 tenía solamente 4 empleados y un solo ordenanza. Y sin embargo ese fue uno de los períodos más prolíficos en la sanción de grandes leyes ordenadoras del país. En ese decenio de 1930, el gobierno demócrata sancionó una cantidad enorme de excelentes leyes creando diversas instituciones estatales eficientes para contrarrestar la terrible depresión mundial de aquella época, como la del Banco Central, las Juntas de Granos y de Carnes y la de Vialidad Nacional o la ley de hidrocarburos 12161 con amplias reservas a favor de YPF. Y a pesar de todo ello, la proporción del gasto público nacional en relación al PBI nunca pasó del 18%.

2. La incidencia favorable del tipo de cambio competitivo.

En un año tan cercano como 2003, la proporción del gasto público en relación al PBI no llegaba al 29%, lo cual significaba una carga mucho menor que la actual de 2013 sobre el sector privado productivo. Por ello, entre 2003 y 2008, el PBI pudo expandirse un 50% en términos reales, porque la carga del sector público ineficiente sobre el sector privado productivo era mucho menor. Sin duda, un factor clave en la disminución de la carga negativa de un Estado ineficiente, fue el tipo de cambio real competitivo de esos 6 años. En efecto, el tipo de cambio competitivo levanta el valor de la producción agropecuaria, industrial y minera dentro del PBI. Esto es, acrecienta el valor de los sectores productores de bienes transables internacionalmente y reduce el precio relativo de los servicios no comerciables internacionalmente, dentro de los cuales están los servicios del Estado argentino, clientelista e ineficiente. El tipo de cambio real competitivo no solamente estimula las exportaciones agropecuarias e industriales y la sustitución eficiente de importaciones, sino que aligera el costo agobiante que para el sector verdaderamente productivo representa el Estado clientelista que soportamos, y que debemos urgentemente reformar siguiendo los ejemplos de Francia, Inglaterra, Japón, Corea del Sur, Taiwán o los mismos Estados Unidos.

3. La corrupción y el asalto clientelista al Estado.

La ineficiencia del Estado argentino se debe el sistema clientelista de los nombramientos. La Presidente y sus Ministros no nombran a los empleados públicos en consideración a su idoneidad como manda el articulo 16 de la Constitución Nacional, sino tomando en cuanta el grado de amistad y servilismo de los nombrados con la Presidente, su hijo, (La Cámpora) o con los ministros del ramo. Los cargos claves para implementar la corrupción son siempre los del Director de Administración y Director de Personal de cada ministerio que son quienes manejan las licitaciones, las compras del Estado, la adjudicación de los contratos de obra pública, los contratos de concesión y todos los nombramientos de favor. La corrupción determina que las obras públicas se contraten por el triple de su costo. La incompetencia de los funcionarios clientelares determina que el Estado pierda juicios por doquier, y después se niegue a pagar sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, lo cual crea un pasivo oculto que nadie conoce, y que algún día tendremos que arreglar. El clientelismo trae una ineficiencia catastrófica en el Estado argentino que es la que estamos viendo gracias a las denuncias públicas que se han ventilado en los últimos tiempos en la televisión y en los diarios “Clarín” y “La Nación”. El sistema ha hecho crisis en el actual gobierno, el que ha superado todos los estándares en materia de corrupción. Aunque lamentablemente, el clientelismo y su hija, la corrupción, han estado presentes en todos gobiernos. Pero podemos decirlo con orgullo, en mucha menor medida en los gobiernos de nuestro partido. Recordemos que en 1940 cuando se descubrió el negociado llamado de las “tierras del Palomar”, un legislador responsable se suicidó por el menoscabo que ello producía en su honor. Y otros cuatro 4 legisladores fueron condenados por la Justicia eficiente de aquella época a seis años de prisión en juicios que duraron menos de un año. Todo lo cual contrasta con los actuales interminables procesos penales por negociados incoados a funcionarios públicos donde ningún funcionario de alto rango es condenado, ni absuelto definitivamente… Cuando falleció en 1944, el ex Presidente demócrata, el Dr. y profesor Ramón S. Castillo, desplazado por el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, en su cuenta bancaria había 47 pesos con 25 centavos y sus amigos tuvieron que hacerse cargo de sus gastos de sepelio por 290 pesos.

4. El antídoto contra la corrupción y la ineficiencia del Estado.

El sistema del servicio civil de mérito y la carrera de funcionario de por vida ha sido adoptado por todos los países desarrollados como el mejor antídoto contra la corrupción y la ineficiencia del Estado, y es una de las causas de ese desarrollo. Uno de sus mayores teóricos fue el sociólogo alemán Max Weber quien afirmaba que frente a la utilización del Estado para extraer ventajas o como botín de guerra, en los tiempos antiguos: "Se sitúa ahora el funcionarismo moderno en un cuerpo de trabajadores intelectuales altamente calificados y capacitados profesionalmente por medio de un prolongado entrenamiento especializado, con un honor de cuerpo altamente desarrollado en interés de la integridad, sin el cual gravitaría sobre nosotros el peligro de una terrible corrupción o de una mediocridad vulgar, que amenazaría al propio tiempo el funcionamiento puramente técnico del aparato estatal, cuya importancia, mayormente con una socialización creciente, ha ido aumentando sin cesar y seguirá haciéndolo". Si encontramos mediocridad, vulgaridad y corrupción en nuestro Estado, debemos recordar las palabras de Max Weber: según el eminente sabio, estas lacras tienen su origen en el sistema clientelista, nepotista y amiguista de nombramientos. El sistema de servicio civil fundado en la carrera de por vida y en el mérito tiene al menos ocho ventajas que nos permitirían salir del estadio de república “bananera” en que nos metió el kirchnerismo, ventajas que enumeramos a continuación:

La primer ventaja consiste en que un servicio civil con funcionarios de carrera nombrados de por vida sobre la base de la idoneidad permite al país tener “Políticas de Estado” de largo plazo y sustraerse a las ventajas personales de momento de los ministros y gobernantes. No hay Políticas de Estado sin un grupo de funcionarios idóneos y de carrera.

La segunda gran ventaja del servicio civil de mérito y de funcionarios de por vida es que permite al Estado tener memoria administrativa: recordar los errores de política y en consecuencia evitar su repetición. Nuestra historia de los últimos setenta años demuestra acabadamente cómo esta ventaja es fundamental, y, por el contrario, el gran costo social de una administración pública desmemoriada.

La tercera ventaja del servicio civil competitivo consiste en que ayuda enormemente en la lucha contra la corrupción. En efecto, la pirámide jerárquica se angosta considerablemente en los cargos administrativos más altos, y, por lo tanto, los funcionarios se vigilan mutuamente porque aquel que comete un acto de corrupción queda descartado en los ascensos. Se crea así un frenesí por la defensa del interés del país y de los intereses generales de la sociedad. No solamente los funcionarios de carrera se controlan entre sí. Además este sistema hace muy difícil a los ministros y funcionarios políticos conseguir la aprobación de actos de corrupción como contratos con precios excesivos. Con un servicio civil de mérito, el ministro del ramo no puede designar como director general de administración del ministerio a su primo, o a su socio en el estudio, o a su compañero de correrías políticas en el partido: debe designar a un funcionario de carrera del grado adecuado.

La cuarta ventaja del servicio civil de mérito tiene que ver con el mejoramiento de la clase política. La historia de varios países con servicio civil demuestra que muchos funcionarios de carrera, cuando se jubilan, pasan a militar en las filas de un partido político. El caso francés es el más típico. Como los funcionarios de carrera conocen a fondo los problemas del Estado, están en condiciones de tener un desempeño muy eficiente en sus nuevos cargos políticos, y ello mejora considerablemente el prestigio de la clase política ante el resto de la sociedad.

La quinta ventaja proviene del hecho que, cuando la burocracia de mérito es seleccionada sobre la base de exámenes, donde lo que cuenta es el saber y la inteligencia, ello tiende a revalorizar los sistemas educativos del país. Los profesores y maestros adquieren una importancia fundamental en la vida nacional ante el establecimiento de un Estado “meritocrático”. Como la tuvieron desde la Presidencia de Sarmiento hasta 1943. Tan importante era la educación para Sarmiento y Roca que, aún después de haber sido Presidente entre 1868 y 1874, Sarmiento aceptó ser Director Nacional de Escuelas durante la Presidencia del General Roca en el decenio de 1880. Nuestra historia reciente demuestra que no es suficiente gastar el 6% de PBI en educación. No es cuestión solamente de una oferta educativa que pague bien a los profesores y maestros. Es necesario además que haya un gran entusiasmo en los alumnos de los tres niveles, primario, secundario y universitario por el saber, y ello se logra cuando el puesto público profesional lo consigue solamente el que sabe.

La sexta ventaja está muy relacionada con la anterior. El entusiasmo por la educación que genera la circunstancia de que el principal empleador del país selecciona su personal estrictamente en base a conocimientos, contagia todas las demás actividades del país, y así favorece un mejoramiento del conocimiento, la ciencia y el saber en todos los órdenes. El saber es capital humano y éste es uno de los determinantes del desarrollo económico.

La séptima ventaja tiene que ver con la democracia, la igualdad, la movilidad social y las instituciones políticas. Cuando el saber es la base de las recompensas y la posición social de las personas, tiende a desaparecer la lucha de clases, pues se diluyen los privilegios inmerecidos, y de esta manera se fomenta la cohesión social y nacional.

La octava ventaja consiste en que los nombramientos por mérito ponen un freno a la expansión de un Estado costoso y omnipresente. Cambiando el sistema de nombramientos en el Estado por el que proponemos, el contribuyente tendría dos grandes derechos que son el alfa y el omega de la República: saber cuanto paga en impuestos y qué hace el Estado con su dinero.

Por estas ocho razones, en la Comisión de Economía del Partido Demócrata se ha preparado un proyecto de ley de servicio civil inspirado en los principios que rigen en las grandes naciones desarrolladas sobre la materia, tendiente a dar solución al gravísimo problema de la corrupción y la ineficiencia del Estado que enfrenta hoy nuestro país.