Uruguay: la ciudadanía, harta del Presidente José Mujica y su Administración

El gobierno uruguayo harta a sus ciudadanos; los agota, agobian sus contradicciones, es ya intolerable su índice de corrupción -y, en ocasiones, invita a la furia-. Con rigor mensual, el gobierno se hace de cientos y miles de pesos de los sueldos de la gente: se trata de tiempo de vida que los uruguayos dedican a su trabajo, y de tiempo que estos pierden para permanecer junto a sus hijos.

En un nuevo capítulo de la corrupción oficial, ahora la Administración Mujica pretende quedarse con el dinero del reintegro de los pagos a FONASA, fondos que deben reintegrarse, conforme lo dispuesto en la Ley 18.131.

No es difícil de entender: 1) el gobierno de Montevideo nunca rinde cuentas sobre lo recaudado; 2) los fondos percibidos de FONASA terminan en manos de legisladores, ministros, directores de entes autónomos, embajadores itinerantes, intendentes, etcétera; 3) en atención a lo antedicho, los cargos de confianza -creados para amigos del poder- deben eliminarse; 4) lo propio debe suceder con partidas de dinero extras que se destinan a la compra de periódicos a ministros, parlamentarios y otros; 5) en el caso de la ciudad capital, es menester vender la inútil flota automotriz descansa en la intendencia municipal (casi 900 unidades), lo mismo en ministerios y entes, además de los autos que alquilan a expensas del ciudadano; 6) que la intendencia de Montevideo localice, de una vez por todas, las doce mil propiedades de las que poca información se posee, sin saberse siquiera sus padrones ni quiénes las ocupan (los ciudadanos uruguayos sí pueden hacerse una idea); 7) que se suspendan todas las obras "decorativas" que se proyectan hacer por varios cientos de millones de dólares; 8) que se disponga la liquidación desde el Gobierno Nacional y se olvide de PLUNA, puesto que el Estado ya ha perdido US$ 400 millones de patrimonio, sin sumar los US$ 180 millones destinados a los Bombardier, ni el resto de los millones de dólares que pretenden gastarse en la nueva aerolínea.

Por otra parte, ¿es posible reducir el volumen de los ministerios para que pasen a convertirse en subsecretarías de otros sin que se sientan afectadas las cuotas políticas ni la necesidad de colocar a alguien o mantenerlo en un ministerio para que quede libre su banca en el parlamento y "trabaje" su suplente? ¿Podrá sustituírse la partida mensual ($15.270) que recibe cada uno de los parlamentarios para adquirir prensa, por la entrega directa del material que no sea posible obtener por Internet? ¿Podrá aplicarse idéntico procedimiento en ministerios y entes autónomos?

¿Podremos conocer algún día cuántas bancas de Diputados y Senadores se están pagando simultáneamente entre titulares y suplentes? ¿Podrá ver nuestra generación la reducción de intendencias y, ajustando la norma al Artículo 85 de la Constitución, crear por ley cuatro o cinco regiones que las sustituyan? ¿Podremos saber cuántos ministerios e intendencias tienen sus inventarios al día y controlados por los organismos competentes, y cuántos jerarcas al asumir un ministerio o un ente verifican si existe un inventario y si es real? ¿Podremos saber de cuántos vehículos propios y arrendados dispone el Estado?

¿Podremos saber cuántos cientos de denuncias elevó -en todos estos períodos de gobierno- el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General, en relación a irregularidades (corrupción, en muchos casos), en gastos y/o licitaciones en prácticamente todas las reparticiones del estado, y cuántas se analizaron y trataron? ¿Podrán publicarse, junto al cúmulo de estas denuncias, el nombre del o los responsables que burlaron los controles del Tribunal de Cuentas? al ignorar y encajonar estas denuncias, ¿es acaso el parlamento cómplice silencioso y/o directo de estos actos? ¿Conoceremos, algún día, las respuestas?

Señor Presidente José Mujica: los uruguayos necesitamos que su Administración rinda cuentas y la responsabilidad sobre estas cuestiones, y muchas otras.