¿Bolivia cambia, Evo cumple? o ¿Bolivia paga, Evo gasta?

No es novedad: la gestión del presidente boliviano Evo Morales ha venido caracterizándose por la persecución política –que se ha visto acentuada desde el acoso judicial y la violencia contra opositores a la Administración- y la aguda represión de libertades económicas (Bolivia se ubica en el puesto #156 del Indice de Libertad Económica, elaborado por la Fundación Heritage). El país altiplánico se ha convertido en un enemigo de la propiedad privada, un promotor de la intervención y del control de precios, y franco generador de corrupción. Demasiado para un régimen que se defiende con el trillado eslogan "mayor gasto público equivale a menos pobreza".

 

Desde la llegada al poder de Morales en 2006, el MAS (Movimiento al Socialismo) ha dedicado grandes porciones de su agenda al robustecimiento de empresas estatales de performance ineficiente. La cifra del gasto público así lo expone: el presupuesto del gobierno boliviano era de Bs 58.917 millones seis años atrás, superando en la actualidad los Bs 130.000 millones. Las firmas de capital estatal perciben ahora el 50% de los recursos nacionales, y son protagonistas en este esquema la nacionalización de hidrocarburos, la estatización de 'ENTEL', 'Air BP', la corporación eléctrica 'Corani' y la cementera 'Fancesa'. Ineludible citar, por cierto, la expropiación de 'Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A.' (SABSA), puesta en ejecución en febrero del año en curso. 
 

Así las cosas, el espectro latinoamericano afiliado al ALBA trabaja tiempo completo para atropellar a la inversión, obviando que ésta representa el único camino para el crecimiento y la generación de empleos a mediano y largo plazo. De esta manera, las inversiones en Bolivia han decrecido significativamente, hallando justificativo en una inexistente institucionalidad y la contundente carencia de reglas de juego claras que legaran la nueva Constitución del 2009 y su perturbador complemento, corporizado en marcos legales que limitan el comercio y fogonean las expropiaciones.
 

Confeso admirador del intervencionismo estatal, el presidente Evo Morales declaraba algún tiempo atrás que "el sector privado no sirve para administrar". Olvida el jefe de estado boliviano que los desperfectos compartidos por la intromisión del estado en la economía derivan en un incremento del desempleo y un crecimiento de la pobreza: los fracasos en la aventura de la inversión estatal son enfrentados por la sociedad en su conjunto. Bolivia ha incrementado el gasto público en un 50%, con el agravante de que se desconoce el paradero de US$ 500 millones distribuídos con excesiva discrecionalidad durante su extendido mandato: la explicación para esta 'fuga de capitales' habrá que rastrearla en la politiquería clientelista. 

 

Conforme lo apuntan voces de la oposición, el programa oficial "Bolivia cambia, Evo cumple" ha dejado un tendal de 385 proyectos fantasma: se trata de iniciativas que contemplan gastos superiores a los US$ 18 millones destinados a estadios de fútbol, escuelas y carreteras, aunque las obras jamás se conocieron. Así lo ha descripto Samuel Doria Medina (Unidad Nacional), quien anticipó que motorizará un control de los sospechosos proyectos. 
 

Como nota de color, no deja de sorprender la tergiversación de conceptos elaborada por el MAS: cualquier metodología es válida para intentar seducir a la población, bajo la anuencia del ideario del siempre inoperante "Socialismo del Siglo XXI". Considérense algunos extractos del Preámbulo de la actual Constitución de Bolivia, que fuera reformada durante 2009:
 

• "Los tiempos inmemoriales en que se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos […] nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores" (el oficialismo recurre a la constitución para obsequiar imprecisas lecciones de geografía).

• "Construiremos un nuevo Estado […] Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos […] con equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien".

• "Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal" (sin importar que la proposición populista de Morales procure poner en práctica un proceso destructivo sin paralelo en la historia del país).
 

Convoca la recientemente modificada carta magna boliviana a construir un "Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario" –poesía que, en tanto disfraza la concentración económica populista para los amigos, convoca a la ciudadanía toda a unirse en la alegre eliminación de todo principio republicano disponible-.

Populismos de moda: despedazar la constitución del país para rehacerla al propio antojo. Si la nueva versión incluye la eternización de su promotor, ello será una simple coincidencia.