Brasil abre su sistema portuario al capital privado
Dentro de un contexto de medidas orientadas a superar las limitaciones estructurales de la economía brasileña, el gobierno de Dilma Rousseff ha impulsado la sanción de la denominada "Ley de Puertos".
09 de Julio de 2013
Dentro de un contexto de medidas orientadas a superar las limitaciones estructurales de la economía brasileña, el gobierno de Dilma Rousseff ha impulsado la sanción de la denominada "Ley de Puertos".
La flamante normativa permite el ingreso del capital privado para la construcción de nuevas terminales portuarias, las cuales, a su vez, podrán proveer servicios a quienes deseen importar y exportar mercaderías. Bajo la anterior legislación, las compañías se hallaban obligadas a utilizar exclusivamente los precarios servicios portuarios estatales, los cuales se exhibían insanabalmente saturados, dados el bajo nivel de inversión y al mayor dinamismo del comercio exterior. La única alternativa contemplada por la veterana ley para aquellas firmas que deseaban "eludir" el sistema estatal era la construcción de terminales propias. Una opción solo válida para grandes compañías como, por ejemplo, Petrobras y Vale quienes, en efecto, cuentan desde hace mucho con puertos administrados por ellas.
Con la nueva ley en vigencia, el sector privado podrá invertir en la construcción en nuevas terminales. En los primeros días después de sancionado el marco regulatorio, la propia presidente dio a conocer proyectos aprobados para la construcción de cincuenta terminales privadas, cuyo nombre técnico de ahora en adelante será "terminais de uso privativo" o "TUPs". La ejecución del primer cincuentenar de proyectos demandará inversiones por un aproximado de 11 mil millones de Reales (unos US$ 4.800 millones). A esta cifra, se agregan otras 127 solicitudes recibidas por el Poder Ejecutivo, las cuales se encuentran en proceso de análisis. Se espera, de esta manera, facilitar el ingreso y egreso de mercaderías desde y hacia Brasil, permitiendo reducir los costos y aumentando la productividad del aparato industrial local.
Uno de los grandes desafíos de la mayor economía latinoamericana es lograr reducir el denominado "Costo Brasil". Se trata de una suma de costos adicionales que las empresas locales deben absorber y que, en última instancia, terminan dificultando la inserción de los productos y servicios brasileños en el mercado internacional. El Costo Brasil se compone de variables impositivas, burocráticas, legales, de infraestructura, financieras, institucionales, logísticas y de recursos humanos. Esta nueva legislación persigue, precisamente, atacar directamente a uno de los componentes del problema. La logística del 95% del comercio exterior del país se realiza a través de puertos por lo que, de tener éxito la iniciativa, se estima que repercutirá positivamente en la competitividad de la economía local.
La flamante normativa permite el ingreso del capital privado para la construcción de nuevas terminales portuarias, las cuales, a su vez, podrán proveer servicios a quienes deseen importar y exportar mercaderías. Bajo la anterior legislación, las compañías se hallaban obligadas a utilizar exclusivamente los precarios servicios portuarios estatales, los cuales se exhibían insanabalmente saturados, dados el bajo nivel de inversión y al mayor dinamismo del comercio exterior. La única alternativa contemplada por la veterana ley para aquellas firmas que deseaban "eludir" el sistema estatal era la construcción de terminales propias. Una opción solo válida para grandes compañías como, por ejemplo, Petrobras y Vale quienes, en efecto, cuentan desde hace mucho con puertos administrados por ellas.
Con la nueva ley en vigencia, el sector privado podrá invertir en la construcción en nuevas terminales. En los primeros días después de sancionado el marco regulatorio, la propia presidente dio a conocer proyectos aprobados para la construcción de cincuenta terminales privadas, cuyo nombre técnico de ahora en adelante será "terminais de uso privativo" o "TUPs". La ejecución del primer cincuentenar de proyectos demandará inversiones por un aproximado de 11 mil millones de Reales (unos US$ 4.800 millones). A esta cifra, se agregan otras 127 solicitudes recibidas por el Poder Ejecutivo, las cuales se encuentran en proceso de análisis. Se espera, de esta manera, facilitar el ingreso y egreso de mercaderías desde y hacia Brasil, permitiendo reducir los costos y aumentando la productividad del aparato industrial local.
Uno de los grandes desafíos de la mayor economía latinoamericana es lograr reducir el denominado "Costo Brasil". Se trata de una suma de costos adicionales que las empresas locales deben absorber y que, en última instancia, terminan dificultando la inserción de los productos y servicios brasileños en el mercado internacional. El Costo Brasil se compone de variables impositivas, burocráticas, legales, de infraestructura, financieras, institucionales, logísticas y de recursos humanos. Esta nueva legislación persigue, precisamente, atacar directamente a uno de los componentes del problema. La logística del 95% del comercio exterior del país se realiza a través de puertos por lo que, de tener éxito la iniciativa, se estima que repercutirá positivamente en la competitividad de la economía local.