Argentina: Un gobierno no subordinado a la ley es un gobierno sin ley
Creo que la Argentina vive una situación no prevista por el derecho constitucional. En general, se entiende que un gobierno elegido por el voto de la gente debe subordinarse al orden constitucional...
09 de Agosto de 2013
Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina).
Creo que la Argentina vive una situación no prevista por el derecho constitucional. En general, se entiende que un gobierno elegido por el voto de la gente debe subordinarse al orden constitucional. Recordemos que las constituciones modernas, cuyo origen más remoto es la Carta Magna de 1215 que le estableció ciertos límites al rey Juan sin Tierra, se establecieron para defender a los ciudadanos del poder que se les otorga a los gobiernos. Por eso, la división de poderes. El ejecutivo administra, el legislativo legisla y el judicial es la garantía frente a que ninguno de los dos anteriores viole los derechos individuales.
Lo atípico que vivimos en la Argentina no consiste en que el legislativo apruebe leyes que van contra la Constitución Nacional. Lo atípico es que el Poder Ejecutivo no acate muchos de los fallos de la justicia, o que directamente viole las normas impulsadas por el propio gobierno. En rigor, el Ejecutivo es unipersonal. En este caso particular, sería ella. El ejemplo más categórico fue visto durante los últimos días. La Presidente llevó adelante actos partidarios en beneficio de sus candidatos, cuando la misma ley que ella impulsó para las Primarias Abiertas Simultáneas y Oblitorias (PASO), se lo prohíbe. Sin inmutarse, continuó ignorando la ley.
Claro: mientras el legislativo consienta este tipo de burlas a la ley y sancione leyes que solo buscan atraer el apoyo de mayorías circunstanciales, ingresamos en el terreno de lo desconocido. Como dice F. A. Hayek, en el caso de presentarse este tipo de casos de legislaturas que aprueban cualquier ley y consienten el atropello del Ejecutivo al orden jurídico: "Llamar ley a todo lo que los representantes electos de la mayoría resuelven, y describir como 'Gobierno bajo la ley' a todas las directivas emitidas por ellos es una mala broma. Es un gobierno sin ley. Es un mero juego de palabras sostener que, mientras la mayoría apruebe los actos del gobierno, la norma jurídica prevalecerá". Y agrega: "La norma legal se considera como una protección a la libertad individual, porque significa que la coerción era permisible solamente para hacer cumplir las normas generales de conducta individual igualmente aplicables a todos, en un número desconocido de casos".
Lo que nos dice Hayek es que la ley debe ser general, es decir, que no se aplique solo a ciertas personas o grupos de personas, y que se aplicará por igual, en el futuro en los casos en que se viole. Ejemplo: se aprueba una ley castigando la corrupción. Esa ley no está dirigida a nadie en particular ni a determinada cantidad de casos futuros. La ley solo establece cuándo hay corrupción y cuáles deben ser las sanciones a cada caso que se produzca en el futuro, cantidad de casos desconocidos que ocurrirán al momento de sancionarse la ley.
Hayek distingue entre democracia y democracia ilimitada. Lo que le preocupa es la democracia ilimitada, que no es otra cosa que ausencia de un gobierno sometido a la ley, sino la ausencia de ley o -dicho de otra manera- un gobierno que hace uso del monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales valiéndose de una mayoría circunstancial de votos es ausencia de ley.
En rigor, la Argentina ha asistido a gobiernos elegidos por el voto que han exhibido un carácter populista y entraron en el campo de la democracia ilimitada. Lo novedoso es que nunca habíamos tenido un gobierno que llevara al límite ese concepto de democracia ilimitada, salvo el Perón en el período 1946-55.
Como el Perón de 1955, hoy la Argentina transita un escenario que ningún constitucionalista puede prever: ¿qué ocurre cuando un gobierno elegido por el voto de la gente, disponiendo del monopolio de la fuerza, se alza contra el orden constitucional? O, más precisamente, cuando utiliza ese monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales e ignorar los fallos de la justicia. Si la justicia no tiene el poder coercitivo de hacer cumplir sus fallos, entonces la justicia queda en una mera expresión de voluntad y se ingresa en una dictadura.
Hoy el kirchnerismo-cristinismo acata sin mucho entusiasmo algunos fallos de la justicia, mientras que ignora otros. O, directamente, ignora la ley, o bien sanciona decretos insólitos como el de la regulación del mercado de capitales, con lo cual el Poder Ejecutivo puede intervenir una empresa sin una orden judicial.
¿Por qué cada tanto se insiste con modificar la Constitución? Una de las razones que pueden esgrimir es que Cristina Fernández es irremplazable, lo cual hablaría muy mal de la visión que tienen de una república, donde las personas que ocupan cargos públicos son perfectamente reemplazables porque las que organizan un país son las instituciones, entendiendo por tales a las reglas, las normas, los códigos que regulan las relaciones entre las personas y de estas con el Estado, quedando el Estado limitado en el uso del monopolio de la fuerza para defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Limitar al Estado es defender los derechos individuales. Defenderlos de los abusos del poder político de turno.
Pero, volviendo a la pregunta, pareciera existir otra idea detrás de la reforma constitucional, además del "Cristina Para Siempre". Está la idea de poner por escrito una constitución que establezca una dictadura. Es decir, el objetivo sería hacer 'legal' el abuso del monopolio de la fuerza. La arbitrariedad del gobernante observaría rango constitucional. Para decirlo más directamente: lo que no consiguieron en los años setenta con las bombas y los tiros, pretenden lograrlo ahora con una reforma constitucional. Pero, aún asumiendo el remoto caso en que lograsen establecer una constitución que le de rango constitucional a la arbitrariedad de los gobernantes, no por ello dejaría de ser una violación a los derechos individuales e ilegítima. Por la sencilla razón de que una mayoría circunstancial no tiene derecho a violar los derechos de una minoría circunstancial. Los derechos individuales son anteriores a la existencia del Estado.
Guste o no, y el kirchnerismo-cristinismo lo sabe, lo que está en juego hoy es el intento por establecer una dictadura disfrazada de constitucional. Cumplir con la formalidad de poner por escrito el establecimiento de una dictadura. Hacer como que hay democracia pero con poderes absolutos propios de las antiguas monarquías.
El gran interrogante que se presenta en el futuro inmediato es qué hará el oficialismo si no logra obtener los dos tercios de los miembros del Congreso para reformar la Constitución, ya que han dado acabadas muestras de no respetar la ley o sancionar leyes y decretos claramente inconstitucionales, aclarando que -para lo que ellos quieren- es perfectamente lógico. Ellos no creen en la democracia republicana. Creen en el poder absoluto, sea por negocios personales o por ideología.
El punto es si pacíficamente aceptarán que no habrá re-reelección. Es más, en el tiempo que queda hasta el 2015 y considerando la delicada situación económica, podemos asistir a los atropellos a los derechos individuales más extremos.
Por su parte, la oposición solo podrá frenar la re-reelección, pero no podrá evitar el deterioro de la economía porque no administra el país, al menos todavía.
Hoy, nos encontramos en una situación intermedia no prevista por la Constitución. Un gobierno que no respeta los derechos individuales y utiliza el monopolio de la fuerza para violarlos simulando legitimidad por vía de los votos. Ellos lo saben, aunque obviamente no lo van a decir. Y lo saben porque ese es su pensamiento.
Sin re-reelección, el escenario post 2015 puede variar, aunque tampoco existen esperanzas de tener un gobierno limitado en serio. Habrá menos arbitrariedades, pero falta mucho para recuperar el espíritu de la república concebido por grandes pensadores como, por ejemplo, John Locke.
La pregunta que todavía nadie sabe cómo responder es: ¿cómo soportará el país un gobierno al que le quedarían dos años de poder, que considera que el voto mayoritario otorga impunidad para abusar del monopolio de la fuerza, con una economía en el medio de un tembladeral y con la certeza de que, sin el manejo del poder luego de 2015, los escándalos de corrupción pueden llegar a transformarse en sanciones ejemplares?
El límite todavía puede fijarse, en las próximas elecciones. Lo que desconocemos es cuál será la revancha que se tomará el gobierno contra una sociedad que le puso ese límite, si acaso lo impone.
Si el oficialismo consiguiera los dos tercios para reformar la constitución, asistiríamos a una dictadura “constitucional”. Si no los consigue, habrá venganza.
En todo caso, para no terminar en forma pesimista, ese costo de poner un límite en octubre, aún asumiendo aquella venganza, será menor al que habría que afrontar si se reformara la constitución para poner por escrito que la Argentina se ha transformado en una dictadura.