Venezuela: ¿acusado por insultar al gobierno?

En Estados Unidos, por ejemplo, los tribunales a menudo dictaminan el resultado de unas elecciones cuando éstas están muy igualadas, actuando como una herramienta de mediación entre los candidatos, con miras a garantizar, así, la legitimidad de los resultados. Al final, lo peor que puede suceder es que se declare a alguien como perdedor de las elecciones. Puede que se arruinen las esperanzas y los sueños de algunas personas, pero la vida sigue. Sin embargo, no ocurre así en Venezuela. De hecho, a principios de esta semana, el Tribunal Supremo de Venezuela inició una investigación penal contra uno de los principales candidatos de la oposición en ese país, simplemente por afirmar que hubo un fraude electoral.
 

El miércoles pasado, este tribunal rechazó la demanda presentada por el que fuera candidato de la oposición a las elecciones presidenciales, Henrique Capriles Radonski, que cuestionaba el resultado del 14 de abril. Para colmo de males, el tribunal también ha ordenado que Capriles pague una multa de $1,698 por insultar a la autoridad pública y acusar al sistema judicial de partidismo a favor del gobierno.
 

Y por si eso no fuera suficiente, el tribunal fue más allá, al ordenar que el fiscal general abriese una investigación penal formal contra Capriles. Los cargos son: ultrajar la autoridad de las instituciones de gobierno y realizar acusaciones infundadas de favoritismo contra responsables públicos.
 

A principios de este año, Nicolás Maduro, el sucesor designado a dedo por Hugo Chávez, presuntamente ganó las elecciones por un margen de 235,000 votos entre un total de casi quince millones. Después de que apareciesen los resultados, Capriles afirmó públicamente que el Consejo Nacional Electoral, que está controlado por leales a Maduro, no investigó las más de 3,000 irregularidades que tuvieron lugar en todo el país el día de las elecciones y que, como resultado de las mismas, se le privó de la victoria.
 

En Venezuela, no son extrañas ni la falta de libertad ni la injusticia en las elecciones. Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo y la presentación de cargos de posible carácter penal contra un líder de la oposición política demuestran la erosión continua de las instituciones democráticas de Venezuela.
 

Durante los últimos catorce años, Chávez Frías socavó la tradición democrática de Venezuela mediante la consolidación de un poder político despiadado, debilitando el Estado de Derecho, e instituyendo un régimen cada vez más militarista. Aunque Maduro no se acerca a la destreza política ni al carisma de Chávez, ha continuado por el mismo camino, silenciando a la oposición en la Asamblea Nacional, administrando justicia de un modo partidista mediante el ejército y la policía, así como incurriendo en unos ataques verbales prácticamente sin fin en contra de Estados Unidos. Todo ello es señal de que Venezuela continuará con sus políticas de actuación, tanto nacionales como internacionales, que buscan la confrontación con los intereses estadounidenses en la región y que es poco probable vayan a modificarse en un breve período de tiempo.
 

Por tanto, no es este el momento de que Estados Unidos ofrezca su amistad o de que instituya una política de “reseteo” con Venezuela. En cambio, Washington debería continuar presionando en pro de unas reformas institucionales y democráticas, tanto en Venezuela como en la región en general.