México: reforma energética en dos pasos

Macario Schettino es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México y colaborador editorial y financiero de El Universal (México).

 

El pasado lunes, se presentó la reforma energética en Los Pinos. Hubo una breve intervención del Secretario de Energía, que hizo un diagnóstico bastante bueno de la situación que enfrentamos, y después el presidente Enrique Peña Nieto habló acerca de cómo la reforma energética puede impactar a México.

 

No hizo mucha referencia a la reforma en sí, sino a lo que podría ocurrir después de ella. Esto es mucho más claro cuando uno lee la iniciativa, que sólo afecta dos artículos de la Constitución, el 27 y el 28, de manera muy sucinta. En el 27, se elimina la prohibición a los contratos que puede realizar la "Nación" para extraer hidrocarburos, y lo propio se propone para la industria eléctrica. En el Artículo 28, sólo se dice que la operación de ambas industrias se atendrá a lo expresado en el Artículo 27.

 

El discurso presidencial fue bastante más allá. Mencionó cómo esta reforma permitirá tener abasto de gas y electricidad, y a mejores precios. Explicó que la producción privada de electricidad, que hoy ronda una tercera parte del total (33% de capacidad instalada, 37% de producción, en realidad) puede incrementarse si la industria se modifica ligeramente. El Estado mantendrá el control de la transmisión y distribución (que es un “monopolio natural”, como se dice), pero se permitirá el crecimiento de industria privada en la generación y comercialización, según entiendo.

 

En lo relativo a hidrocarburos, el Secretario de Energía dejó en claro que no tenemos cómo explotar nuevas áreas: ni shale gas, ni petróleo en aguas profundas, ni yacimientos no convencionales (el fracaso de Chicontepec es un buen ejemplo). El presidente afirmó que la reforma permitirá contratos con privados, con lo que se podrán explotar estas áreas.

 

La inversión esperada en la industria energética, en su conjunto, permitirá generar -según dice la página especial inaugurada en Internet- cien mil empleos adicionales cada año, imagina uno que directamente. Pero es importante considerar el impacto adicional que tendría, si efectivamente ocurre, el abasto confiable y a buen precio de la energía.

 

Ahora bien, todo lo propuesto sólo se encuentra en el discurso en este momento. La reforma sólo incluye lo que veníamos comentando, esto es, la modificación de un párrafo en cada uno de los Artículos 27 y 28 de la Constitución Mexicana. Pero esas dos modificaciones permiten que el resto sea posible, y no sólo eso, sino otras cosas que no ha anunciado Peña Nieto, pero que pueden ocurrir merced a esos pequeños cambios en la Constitución.

 

Al trasladar la discusión a la ley secundaria, el tema puede ser tratado de forma mucho más técnica y menos política (sin que ésta desaparezca, ni mucho menos). Puesto que la Constitución diría que las formas en que la Nación pueda explotar su riqueza en hidrocarburos se definirán en la ley secundaria, se abre un abanico de posibilidades. En todos los casos, el gobierno tendrá que formar parte de las empresas que extraigan petróleo y gas, pero no es obligado que esto sea a través de Pemex. La propuesta que hemos hecho desde estas páginas hace pocos días, al respecto de que debieran existir nuevas empresas para las áreas en que Pemex no exhibe experiencia, es posible después de esta reforma. Pero también es posible que sea sólo Pemex quien controle la explotación, contratando con terceros aquellas áreas.

 

En la páginaweb se informa que se reestructurará a Pemex en dos subsidiarias, Pemex Exploración y Producción (PEP) y todo lo demás en una sola, configurada bajo “transformación industrial”. Por cierto, con la nueva redacción del Artículo 28, el cuento de la petroquímica básica llega a su fin; esto remitía a un artificio utilizado para monopolizar la producción de insumos elementales para la industria química, que fue destruyendo esa actividad en nuestro país.

 

Esta reestructuración de Pemex tiene todo el sentido, porque lo que es propiedad de los mexicanos y fuente de riqueza es la extracción de crudo. Todo lo demás puede hacerse mejor por otros, sin que el Estado mexicano pierda control sobre el subsuelo, ni dinero de la famosa renta petrolera. En pocas palabras, lo importante es PEP.

 

Ahora bien; quitarle a Pemex el control absoluto de la refinación, petroquímica, distribución, comercialización, y demás, implica que le sobrarán miles de trabajadores, además de que habrá individuos que pierdan negocios de miles de millones de pesos. Algunos serán del sindicato, otros serán proveedores, y otros funcionarios. Todos ellos resultarán afectados, e intentarán oponerse como puedan. Y, dado que algunos políticos no tienen otro camino que oponerse a lo que sea, habrá un frente unido en contra de la reforma. No se engañe el lector: defienden intereses.

 

Existe, sin embargo, otro grupo de personas que no desea la reforma, y se desconoce si los nuevos oferentes les harán cambiar de opinión. No son personas que defiendan sus intereses, sino sus creencias. Muchos mexicanos, educados bajo el régimen de la Revolución en los mitos del Nacionalismo Revolucionario, siguen creyendo que es mejor que el Estado lleve a cabo ciertas actividades porque lo hace con objetivos sociales, y no como los empresarios, que se guían por su propia ganancia. Aunque ese argumento creo que fue refutado por Adam Smith hace ya casi 250 años, sigue existiendo quien lo defiende. Hay ciertas cosas en donde el gobierno debe estar, pero no son muchas, y ciertamente la energía no es una de ellas.

 

El Estado debe cuidar la industria, garantizar el abasto, y promover la productividad. Cosas que podrá hacer mejor desde la reforma propuesta. Es seguro que no podrá hacerlo sin ella, porque la evidencia del fracaso es abrumadora. Pero si hay algo difícil de cambiar, no es la Constitución; son las creencias.

 

Este artículo fue publicado originalmente en El Universal (México) el 13 de agosto de 2013.