Perú: los Intocables

Alfredo Bullard es un reconocido arbitrador latinoamericano y autor de Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales. Bullard es socio del estudio Bullard Falla y Ezcurra Abogados.

 

Eliot Ness fue, quizás, uno de los más famosos funcionarios públicos que luchara contra el delito. A finales de los años veinte y comienzos de los treinta, persiguió y encarceló a uno de los más celebres delincuentes de la historia: Alphonse Capone. Ness puso a Capone en la célebre prisión de Alcatraz, de la que se convirtió en su huésped más renombrado.

 

Para ello, el agente del Tesoro organizó un grupo que luego sería conocido como "Los Intocables", y se han realizado numerosas películas al respecto -siendo una de las más vistas la que dirigiera Brian De Palma), así como una popular serie de televisión protagonizada en su momento por Robert Stack en los años cincuenta. Los "Intocables" deben su nombre al hecho de que eran considerados incorruptibles: la mafia no podía "tocar" o comprar.

 

En el Perú, existe otro grupo de intocables, y que merecen ser catalogados de esta manera, pero no por las mismas razones de los Intocables de Ness, sino porque nadie se atreve a tocar sus funciones. Me refiero a la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

 

A inicios de los noventa, participé en la revisión de una serie de normas. Entre ellas estaba la facultad de la Dirección de autorizar y supervisar la realización de promociones comerciales y rifas, lo que incluye la entrega de premios. Su supuesto objetivo era proteger a los consumidores, velando por que las promociones se cumplan y los premios se entreguen y no sean una farsa. En la reforma se propuso pasar esa función a alguna otra entidad pública más cercana al rol de proteger a los consumidores. Las autoridades a cargo de la revisión de la norma rechazaron enfáticamente (y con visible malestar) que se hiciera algún cambio. Al final, nada se modificó.

 

En los años siguientes, han existido numerosos intentos de transferir esa competencia a órganos más idóneos, como el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), una de cuyas tareas es, precisamente, velar por la protección de los consumidores contra promociones engañosas. La última fue la discusión en la Comisión que redactó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que integré en sus inicios, y donde la propuesta volvió a ser rechazada. Nadie quiere tocar a los intocables.

 

Pero como dice su propia misión, a la Dirección le corresponde “asegurar la presencia de autoridades políticas idóneas, garantizando que participen en el mantenimiento del orden interno y la seguridad de las personas y los patrimonios público y privados”. ¿Qué tiene que hacer esto con las promociones comerciales? Desentrañemos el misterio.

 

Esta oficina no solo hace el trámite administrativo de autorización y efectúa la fiscalización. Además, si los premios o promociones no son reclamados, las empresas que los organizan tienen que entregar todos los bienes y servicios ofertados a los intocables.

 

Supuestamente, la Dirección debe destinar los premios a “fines sociales”. Por ello, sería bueno que rindieran cuenta y publicaran el destino de esos premios y la justificación de la decisión. De seguro saltaría más de una sorpresa. No sería extraño que los premios terminaran en esas rifas que la policía le quiere vender cuando lo para por una infracción de tránsito.

 

Lo cierto es que crean, sin base legal, regulaciones de lo más absurdas. Limitan la prórroga de las promociones (pues si duran mucho más, las probabilidades de que los premios se entreguen a los consumidores aumenta y disminuye la de que se entreguen a la Dirección), afectando las políticas comerciales de las empresas. Sus actividades se dedican más a convertir en realidad la frase “Chapa tu premio” antes que proteger realmente a los consumidores.

 

Sería deseable que quien supervise las promociones sea alguien que guarde relación con el asunto. Por otro lado, quien es destinatario de los bienes no debería ser, a su vez, el dueño de su destino. Si alguien supervisa, el premio debe entregarse a una entidad diferente. De lo contrario, se presta a incentivos de lo más perversos. No se puede poner "al gato de despensero".

 

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 17 de agosto de 2013.